Hoy comienza una nueva Conferencia Intergubernamental (CIG) que debiera sacar a la Unión Europea del atasco en el que se encuentra tras el fallido intento de dotar a Europa de un texto de carácter constitucional. Efectivamente, los noes francés y holandés de 2005 al texto del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa desencadenaron una profunda crisis que ha colocado a la UE en una encrucijada, precisamente en un momento de intensos y rápidos movimientos en el escenario político y económico global.

La decidida acción de la presidencia alemana de la Unión en el primer semestre de este año ha conseguido relanzar el proyecto de construcción europeo al mismo tiempo que ha rehecho el eje París-Berlín. Podemos decir que los asuntos clave que recogía el fallido Tratado Constitucional Europeo han sido mantenidos a cambio de algunas concesiones al Reino Unido y a Polonia, así como de eliminar toda referencia a la Constitución y todo formalismo que sugiriese la existencia de una Constitución. Así, el Reino Unido ha logrado incluir en el texto de Conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de junio excepciones a la aplicación a la Carta de Derechos Fundamentales (también Polonia); excepciones en materia de Justicia e Interior y en Asuntos Exteriores. Pero además, no debemos olvidar que la Constitución europea aspiraba a acercar Europa a la ciudadanía a través de una mayor transparencia y simplificación y de la inclusión de herramientas para la participación ciudadana. Si bien esto último se ha respetado, la Unión ha renunciado a la simplificación al aceptar mantener el rosario de Tratados en vigor, en lugar de optar por la codificación de textos que el Tratado constitucional pretendía.

El acuerdo alcanzado conserva, sin embargo, importantes avances con respecto al Tratado de Niza, actualmente en vigor; cabe citar la reforma del procedimiento de toma de decisiones en el Consejo (adoptándose el sistema de doble mayoría de Estados miembros y población de la UE-55% y 65% respectivamente, si bien, como concesión a Polonia entrará en vigor en 2014 o 2017); la creación de la figura del presidente permanente del Consejo; la reducción del número de Comisarios; la atribución de valor jurídico a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión; la creación de la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la ampliación de las materias que serán decididas por mayoría cualificada -en lugar de por unanimidad- (lo que constituye un paso importantísimo hacia la integración). El acuerdo constituye, asimismo, un impulso decidido a favor de las cooperaciones reforzadas, al situar en nueve el número de estados miembros necesarios para avanzar en determinadas materias cuando algunos estados deseen hacerlo, sin obligar a participar a los que por el momento no lo deseen. Igualmente, conviene destacar la inclusión de disposiciones tendentes a favorecer la lucha contra el cambio climático o la solidaridad entre estados miembros en la delicada cuestión de la energía y de la interconexión de las redes de suministro.

Es cierto que la CIG aún deberá desarrollar su trabajo, pero el mandato dado por el Consejo es tan preciso y acotado que la posibilidad de que se produzcan desviaciones o sorpresas es a día de hoy escasa. Mayor es el riesgo de que el texto reformado definitivo no supere la ratificación de los veintisiete estados, dado que al menos dos de ellos, Dinamarca e Irlanda, deberán someterlo a referéndum; además no puede descartarse que otros estados, como el Reino Unido, se vean presionados a seguir el mismo camino, a pesar del empeño por hacer desaparecer formalmente del texto cualquier alusión a algo que pudiera ser interpretado como una cesión de soberanía a la Unión. No habiéndose previsto para el caso de rechazo ninguna alternativa, el riesgo es evidente y convendría ser prudentes.

Como conclusión podemos decir que se ha mantenido la esencia del Tratado Constitucional, renunciando a las formas y volviéndose a poner de manifiesto que algunos Estados están lejos de la locomotora de cabeza de la integración política. Además, la anhelada simplificación de los tratados ha sido sacrificada, así como la transparencia y los guiños a la ciudadanía como queda de manifiesto al configurarse una CIG de corte clásico, es decir, controlada por los poderes públicos, en contraposición a la Convención que estuvo en el origen del Tratado Constitucional Europeo. Por su parte, las regiones (y naciones sin Estado) y la política social siguen esperando mejores tiempos para alcanzar un necesario protagonismo en el escenario europeo.

A pesar de todo, hay que reconocer que Europa necesita salir del bloqueo en el que se encuentra y que, siendo lo mejor enemigo de lo bueno, el acuerdo alcanzado puede ser satisfactorio a corto plazo, al permitir a la UE asumir el protagonismo que le corresponde en el escenario mundial y transmitir una imagen de cierta cohesión. Todo ello a condición de que importantes asuntos como la participación de las regiones (y naciones sin Estado), la participación ciudadana o la política social ocupen un lugar prioritario en el agenda de la construcción europea en los próximos años.

En el lado negativo, las difíciles negociaciones de los últimos meses han puesto de manifiesto la falta de compromiso por parte de algunos estados miembros a la hora de apostar por la integración europea. Hoy más que nunca parece claro que la UE habrá de recurrir a las diferentes velocidades y a las geometrías variables como herramienta para la consecución de una Europa sólida, participativa y basada en el desarrollo humano sostenible.