El 23 de junio, el Consejo Europeo de Bruselas acordaba convocar una Conferencia Intergubernamental (CIG) para dar un nuevo repaso a los Tratados. Esa Conferencia, que comenzará formalmente hoy, pretende sacar del atolladero a la Unión tras los dos años de incertidumbre provocados por el rechazo de franceses y holandeses a la Constitución. Y será una CIG-exprés, si tomamos prestado el término a Xavier Vidal-Folch, que vuelve por donde solía y que hace dos semanas rescató su experiencia y su control del derecho comunitario para reflejar las luces y las sombras de esta nueva negociación, casi clandestina, en el seno de la Unión Europea.

La UE puede calificarse de mil modos, reflejo de que no hay uno para definirla, y cada forma esgrimida es muestra de una característica, o de una carencia. La malograda Constitución, hoy elevada a los altares de forma tan inconsciente como injustificada, fue presentada como un contrato con los ciudadanos, a pesar de que el desarrollo de la «Convención para el futuro de Europa», presentada como ejemplo y modelo de transparencia y participación ciudadana, no lo fue en absoluto, por mucho que muchas de las instituciones estatales y subestatales y la maraña de organismos, gabinetes y demás creados en torno al proceso de integración europea emitieran sus opiniones y las hicieran llegar a la Convención. Pero ese debate no llegó a los ciudadanos europeos, e incluso muchos de los puntos que luego se recogieron en el borrador presentado por Giscard D'Estaing a los jefes de Estado y de Gobierno fueron negociados y pactados en reuniones secretas del presidium de la Convención. Así que ese contrato nació cojo.

En cualquier caso, sí hubo cierto esfuerzo, con más o menos maquillaje y honradez, por darle una impronta diferente. Otra cuestión bien distinta fue el contenido final de aquel Tratado constitucional: obviamente, introducía cambios sobre lo conocido en los anteriores tratados, siendo quizás los de mayor calado los relativos a un nuevo reparto del poder (número de votos de cada socio en el Consejo) y al nuevo sistema de toma de decisiones -basado en una doble mayoría de estados miembros (55%) y población (al menos el 65%), y que instauraba un mínimo de cuatro socios para formar una minoría de bloqueo-. Pero la Constitución se quedó muy lejos de lo que pretendía y buscaba (en teoría) y su redacción final se parecía sospechosamente a cualquier otro tratado aprobado hasta entonces por la Comunidad o la Unión (tratados que muchos juristas siempre han considerado constituyentes). Para Euskal Herria, por ejemplo, fue otro sonado fracaso, puesto que lo apuntado en los trabajos previos a la Declaración de Laeken -perfilando posibles atisbos a la participación de los entes subestatales- se quedó en nada. Los estados seguían controlando todos los procedimientos y ni tan siquiera el protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (1997) añadido al Tratado de Amsterdam (que en su espíritu busca «asegurar que las decisiones se tomen lo más cerca posible de los ciudadanos de la Unión») tuvo ningún desarrollo. En lugar de concretar ese principio en beneficio de los entes subestatales, los estados siguen apropiándoselo casi en exclusiva. Más aún ahora, reflejando con renovado ahinco que la única opción de tener voz y voto en este modelo europeo es ser un estado, más o menos pequeño, cierto, pero estado. Lo demás son ganas de vender humo y de engañar a los ciudadanos, al menos a los que no se conforman con sentarse detrás del ministro español de turno (si llega algún día el caso; con París ni eso) en algún que otro Consejo de Ministros donde tengamos competencias exclusivas.

El acercamiento de la Unión a los ciudadanos sigue idéntico (y triste) camino.

Y otro tanto la «comprensión» de los textos comunitarios. La Constitución no era digerible en absoluto, y esta nueva reforma que saldrá de esta Confeencia Intergubernamental (siempre que consiga ser ratificada luego por los estados, claro) lo será aún menos. La famosa propuesta de Sarkozy de un «minitratado» más sencillo y presentable a los ciudadanos (propuesta que ni tan siquiera era suya) es otra de las grandes mentiras de estos días.

Como apuntábamos, esta CIG-exprés (dicen, sin ningún convencimiento y menor consenso, que quieren firmarla en octubre) será una reforma más de los Tratados, y la idea es que recupere muchas de las cosas pactadas para la Constitución de modo que los ahora Veintisiete puedan dejar de funcionar con lo pactado a cuchillo en Niza.

Pero, tras el Consejo Europeo que cerró formalmente la Presidencia alemana, sabemos que la entrada en vigor de algunas de las cuestiones más importantes (reparto del poder, sistema de votación en el Consejo...) serán probablemente pospuestas (hasta 2014 al menos), lo que pondrá en solfa la eficacia del entramado institucional tras esta nueva reforma de los textos comunitarios.

Sabemos, incluso, que hay quien pretende cuestionar la primacía (y, por lo tanto, su efecto directo en cada Estado, como subrayaba en su artículo Xavier Vidal-Folch) del Derecho Comunitario sobre los estatales. Sobre esa primacía no hay duda; el problema es que, visto lo redactado en el mandato del 23 de junio en Bruselas (Conclusiones de la Presidencia), hay socios que buscan abrir puertas y ensanchar resquicios para que los estados ganen ámbitos de competencia, incluso por la vía de la «renacionalización de políticas comunes». Más estado, sin medias tintas, para vergüenza de partidos como el PNV o expertos como Michael Keating que esgrimen que los estados son una especie en vías de extinción en el seno de la UE como argumento para calificar de anacronismo los intentos por cambiar las fronteras en Europa.

Como era previsible, lo que dicen que los Veintisiete pactaron en Bruselas hace un mes (en realidad, lo que vistieron de negociación a brazo partido fue una escenificación para convocar la CIG, que era lo previsto) dejará en nada algunos compromisos negociados en la Constitución y salvará otros. Por ejemplo, Javier Solana podrá seguir jugando a ser ministro de Exteriores en la sombra (Alto Representante, que quizás valdría de algo si realmente tuviera competencias) y a pelearse sus temas sin equipo diplomático y sin resultados ni acierto. Un puesto sin duda interesante, pero vacío.

Por ejemplo, habrá Carta de Derechos Fundamentales (aunque también con cláusulas de salida en este caso), pero volvemos a idealizar los previos de la Constitución y nos olvidamos de que ya entonces fue criticada por ser el mínimo común denominador de las legislaciones de los socios comunitarios. Un mínimo que, cabe recordar, espantaba a los nórdicos.

Por ejemplo, se mantendrá la posibilidad de que los ciudadanos europeos puedan instar a la Comisión a legislar, presentando un millón de firmas en ámbito realmente comunitario.

Y, además, los estados pierden su derecho de veto en nuevos terrenos... curiosamente, muy especialmente en los de Justicia e Interior, que es donde muchos quieren correr más rápido. Ese correr más rápido está llegando, primero, por vías intergubernamentales, y habrá también posibilidad de hacerlo mediante cooperaciones reforzadas, lo cual no es nuevo.

A estas viejas obsesiones europeas (Europa cada vez más policial y vigilada, algo muy concreto y real) se suman otras más presentables (debate energético y medioambiental), pero éstas mucho menos palpables.

Hay lo que hay; y de momento no es mucho.