Como de normas y togas entiendo poco, me abstendré de discutirle a Azkuna la legalidad de sus medidas digamos poco integradoras. No le niego, pues, el derecho constitucional de reducir «a la mínima expresión» -son sus palabras- la presencia de los grupos opositores en las sociedades públicas. Lo que sí es debatible es la conveniencia de obrar así y el modo con el que ha justificado su postura. (...) Por eso cualquier mandatario sobrao de apoyos o autoestima debe acordarse no de ese «rival político» tan tocapelotas, (...) sino de los ciudadanos que votan a la oposición y también pagan impuestos. (...)