La zona de las ruinas, en el estado de Yucatán (sureste), tiene 15 kilómetros cuadrados, y es propiedad de seis particulares y tres comunidades indígenas. Diversas voces han considerado en los medios la posibilidad de que el Gobierno de México expropie los terrenos, aunque las ruinas arqueológicas ya son propiedad nacional.

El director del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), Alfonso de María y Campos, ha afirmado esta semana que «la expropiación puede ser una posibilidad», pero que se barajan otras opciones, como el intercambio de terrenos. Mencionó también que las autoridades ofrecieron en setiembre de 2006 unos ocho millones de pesos (530.000 euros) por los terrenos y no recibieron respuesta.

«Se ha hablado de la venta, pero no es una de las avenidas con mayor futuro ni para la zona arqueológica, ni para mí, ni para el Gobierno federal», dijo en entrevista el propietario de la mayoría de las tierras, Hans Thies Barbachano.

Las ruinas, del Gobierno

Las 59,7 hectáreas que posee le fueron legadas por su abuelo Fernando Barbachano, fallecido en diciembre de 2006, cuya familia las compró a mediados del siglo pasado a los herederos del arqueólogo estadounidense Edward Thompson.

Thies Barbachano negó que pida 750 millones de pesos (50 millones de euros) por el terreno, como se publicó en la prensa. El propietario reconoce conversaciones con el INAH y «distintos organismos», pero prefirió no adelantar nada ya que aún no han alcanzado «madurez». El heredero calificó su relación con el Gobierno mexicano de «productiva», y consideró la expropiación «un camino innecesario. Cualquiera que sea el destino final de los terrenos, se va a conservar el respeto al sitio arqueológico y a los intereses de la nación», afirmó.

El abogado Gabriel Abdalá, que fue representante legal de Fernando Barbachano, representa ahora también a Thies Barbachano, únicamente en cuanto a la propiedad de los terrenos. «No veo sentido a expropiar porque no es una causa de interés público», argumentó. Su premisa es que las ruinas pertenecen al Gobierno federal y el INAH ya tiene la potestad sobre su conservación y custodia, así como del cobro del acceso.

La otra batalla del letrado es la exigencia al gobierno local de Yucatán del pago de los beneficios que éste ha obtenido con la venta de entradas a la zona arqueológica. Anualmente visitan Chichén Itzá 1,2 millones de turistas, según el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pero la categoría de maravilla mundial podría duplicar esa cifra en cinco años.

Cada visitante deja de promedio 18 dólares (13 euros), según el Gobierno de Yucatán, que recibe la mitad de esa cantidad.

Aunque el INAH está legitimado para cobrar por ley, la cantidad que obtienen las autoridades yucatecas «son frutos civiles que corresponden al propietario», dijo Abdalá, quien reclama 470 millones de pesos ( 31 millones de euros).

La muerte en diciembre de 2006 del demandante provocó que sea necesario que alguien se persone en su lugar, aunque todavía no se ha decidido quién.

«El gobierno local está retrasando el proceso, pero espero una sentencia este año», dijo el abogado. El gobernador saliente de Yucatán, Patricio Patrón, afirmó que «no hay razón para que un particular cobre por entrar a un terreno del que no tiene usufructo».

Thies Barbachano, actual dueño del terreno, aclaró que él no tiene nada que ver con esta reclamación económica. El destinatario de ese dinero está en el testamento de Fernando Barbachano y es todavía secreto.