Aprovechándose del periodo vacacional de agosto, el Ministerio de Fomento ha publicado en el BOE de los días 8 y 9 de este mes las resoluciones por las que ordena llevar a cabo el proceso expropiatorio y abre un plazo de 15 días para poder presentar alegaciones contra las expropiaciones forzosas de bienes y tierras afectadas para la ejecución de las obras del TAV en los municipios de Eskoriatza, Arrasate, Elorrio, Abadiño, Izurtza, Iurreta, Durango, Amorebieta-Etxano, Lemoa, Galdakao, Zaratamo y Basauri. Hace un par de semanas había dado comienzo igualmente el proceso expropiatorio en Aramaio. Estamos ante un nuevo atropello que busca la indefensión de los particulares y municipios afectados. Es por ello que la coordinadora AHT Gelditu! Elkarlana ha convocado para el próximo viernes, 17 de agosto, una entrega masiva de alegaciones y una concentración ante la Delegación del Gobierno en Bilbo (en la plaza Moyua, nº5). Desde la Asamblea Contra el TAV nos unimos a esta iniciativa de protesta y llamamos a todas las personas contrarias al TAV a suscribir las alegaciones que podeís encontrar en nuestra página web (www. sindominio.net/ahtez/) con el objetivo de:

1-Manifestar nuestra solidaridad con todas las personas y entidades locales afectadas por el expediente expropiatorio.

2-Transmitir al Ministerio de Fomento nuestra disconformidad con el modo en que se inicia el citado expediente, debido a la indefensión que genera la apertura del breve plazo de quince días hábiles en agosto.

3-Instar al Ministerio de Fomento a través de la Subdelegación de Bizkaia del Gobierno del Estado a la inmediata suspensión del procedimiento expropiatorio para hacer efectiva la defensa de los derechos e intereses legítimos de los vecinos y municipios afectados.

4-La utilidad pública debe constituir el fundamento de la expropiación forzosa, de modo que sólo es justificable la potestad expropiatoria de la Administración a partir de la necesidad de sacrificar los bienes privados o públicos ante intereses públicos superiores. Sin embargo, negamos la necesidad social de una infraestructura como el TAV que, además de generar graves impactos ecológicos, agrarios, económicos, sociales y territoriales, tampoco tendría utilidad para la mayoría de la población. Una parte importante de la sociedad vasca ha manifestado en reiteradas ocasiones que el proyecto del TAV divide el territorio, además de que frente al necesario equilibrio territorial y sectorial, regional y local contempla únicamente la interrelación y el desarrollo de núcleos grandes y especializados, lo que trae como consecuencia una desestructuración social. Además las zonas rurales van a padecer las secuelas de la agresión ambiental y la desertización socio-económica que se deriva de este modelo desarrollista, con consecuencias particularmente graves para la viabilidad del sector agrario, al destruir y modificar caseríos, pastizales y suelo agrícola. Otro aspecto a subrayar es la marginación de un sector mayoritario de la sociedad provocada por la ingente apuesta inversionista en el TAV, puesto que la alta velocidad dista de ser un modo de transporte mayoritario para la sociedad, y la demanda de la población vasca en materia de transporte nada tiene que ver con el TAV. Por estas y otras razones expresadas en las alegaciones, manifestamos que el proyecto de la TAV adolece de toda justificación en relación al interés público y, por tanto, la actuación de la Administración no está legitimada.

5- Curiosamente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Española, los poderes públicos no sólo deben velar por la participación ciudadana, sino que, además, deben facilitarla. Sin embargo, la decisión de la Administración de abrir el periodo de información pública en periodo estival obstaculiza directamente la posibilidad de que la población participe mediante la única vía existente para ello, la presentación de alegaciones en el periodo legal tan breve de información pública. De hecho, el contenido y los plazos de este período de alegaciones se inscriben en una inadmisible política de imposición y de hechos consumados. Es inadmsisible convertir a la sociedad en masa de maniobra de una administración cada vez más abusiva e incontrolada. Por lo tanto, requerimos el replanteamiento total de los sistemas de participación y consulta, facilitando una auténtica participación ciudadana para influir en las decisiones. Es necesario que las decisiones puedan ser adoptadas autónomamente en el seno de los pueblos y las comunidades, y garantizar el respeto a tales decisiones. Exigimos, por tanto, la democratización de la sociedad a través de la aceptación e implementación del derecho a veto a nivel local ante las decisiones tomadas en relación al TAV en caso de que las entidades locales se consideren negativamente afectadas.

6-Señalamos varios incumplimientos legales y exigimos nuevamente la paralización del proyecto del TAV para acometer un amplio debate y un profundo cambio del actual modelo de transportes y de sociedad.

Por todo lo expuesto, animamos a reunir la máxima participación en la entrega masiva de alegaciones y en la concentración de mañana en Bilbo.