La actuación del Gobierno español contra los presos políticos vascos vivió ayer un nuevo capítulo, en este caso de mano del delegado del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, Paulino Luesma, que ha decidido impugnar y solicitar la suspensión cautelar de los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos de Hernani y de Elorrio destinados a crear comisiones para de ayudar a los presos de estas localidades y a sus familiares.

Una nueva maniobra que, además, viene precedida de una secuencia de declaraciones que no se ajustan a la realidad, más bien todo lo contrario, a pesar de contar con el consabido eco mediático. Y es que, a mediados del pasado julio, Luesma anunció que iba a solicitar a los consistorios de Elorrio y Hernani las actas de los plenos en los que ambas localidades acordaron crear comisiones municipales para trabajar en favor de sus vecinos y vecinas represaliadas y de sus allegados.

El objetivo de esta petición, según señaló entonces el propio Luesma, era analizar el contenido de dichos acuerdos para determinar si se podía adoptar alguna actuación en su contra.

El tema volvió a ser puesto sobre la mesa este martes, cuando desde la Delegación del Gobierno español señalaron que aún no habían recibido las referidas actas a pesar de que, según subrayaron, hacía «mes y medio» desde que cursaron la petición.

Ayer, fuentes de la Delegación del Gobierno español anunciaron que Luesma había decidido impugnar «de forma inmediata» esos acuerdos y pedir su suspensión cautelar «en la consideración de que, por la infor- mación disponible, pueden vulnerar la legalidad vigente». Sin embargo, la argumentación esgrimida por Luesma esta basada en datos que son falsos.

A finales de agosto

Según han informado a GARA los alcaldes de ambos municipios, Marian Beitialarrangoitia -Hernani- y Niko Moreno -Elorrio-, no ha sido hasta hace unos pocos días cuando han recibido la petición de las actas, por lo que «es mentira» que Luesma lleve un mes esperando.

En concreto, a Hernani, cuya alcaldesa recordó que la comisión se refiere a todos los presos de la localidad, políticos y sociales, llegó a última hora del 17 de agosto, viernes, y quedó registrada el día 20. Estos días, ha seguido el trámite normal de respuesta a este tipo de peticiones.

A su parecer, la nueva iniciativa censora de Luesma no es más que una demostración de que «contra ANV todo vale».

En Elorrio también llegó hace apenas unos días la solicitud del representante del Gobierno español. Su alcalde explicó ayer a este diario que conoció la decisión de Luesma de impugnar el pacto municipal por la prensa y expresó su incredulidad por esta nueva actuación.

Moreno, que aseguró no tener «ninguna duda» sobre la legalidad del acuerdo municipal, destacó que lo mejor que puede hacer el mandatario español para que estas comisiones no funcionen es «que su Gobierno respete los derechos de los presos y mejore sus condiciones de vida». El primer edil consideró «rídicula» la decisión de Luesma, pero apuntó con firmeza que «por encima de cualquier impugnación» van a seguir ayudando a los prisioneros y a sus allegados. «Vamos a seguir adelante, porque los presos y sus familiares necesitan y merecen nuestro respaldo», subrayó.