La mayor parte de las agresiones denunciadas en los centros educativos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba el pasado curso fue de carácter físico, pero también se produjeron ataques verbales y amenazas. De los 69 casos confirmados finalmente por las autoridades educativas, 23 fueron objeto de la apertura de un expediente disciplinario y sólo una decena se pusieron en manos de la justicia ordinaria.

Estos datos fueron facilitados ayer en Gasteiz por el consejero de Educación del Gobierno de Lakua, Tontxu Campos, en la presentación de una guía de actuación para este tipo de agresiones en los centros educativos. Campos mostró su esperanza en que tanto esta guía, como una segunda sobre el maltrato a profesores, sirvan para minimizar los casos de violencia.

El protocolo para agresiones entre alumnos contempla un conjunto de «medidas provisionales de urgencia» con las que se pretende «garantizar la inmediata seguridad del alumno agredido».

Para ello, se plantea la posibilidad de establecer una vigilancia específica del alumno acosador y del agredido, y de pedir la colaboración familiar para esta vigilancia. También se incluye la opción de formar a grupos de compañeros para que acompañen a la víctima en determinados momentos y de ofrecer a ésta pautas de autoprotección. Además, se plantea el cambio de grupo temporal o definitivo, y el incremento de personal.

Agresiones a profesores

Por otro lado, y también en el curso 2006-2007, se registraron 26 agresiones a miembros del colectivo de profesionales de la educación en la CAV. De ellas, 18 consistieron en maltrato físico y ocho en agresiones verbales. Los actos de violencia fueron protagonizados en 22 de los casos por los propios alumnos y en los cuatro restantes por familiares de los estudiantes.

Campos aseguró que, en este caso, el protocolo «agilizará» la aplicación de las medidas oportunas, incluida la expulsión de los agresores. No obstante, subrayó que no se trata de aumentar la «dureza» de las actuaciones, sino de mejorar resultados.

Según explicó, a pesar de tratarse de que una medida que se aplica en determinados casos, la expulsión de los alumnos violentos puede ser contraproducente, al dificultar aún más la interiorización de valores de convivencia.