La empresa Bionor, sita en la localidad alavesa de Berantevilla, fue escenario el pasado jueves de un grave accidente laboral. Dos trabajadores murieron mientras realizaban tareas de instalación en el interior de una depuradora. Uno en el mismo lugar, al inhalar gases tóxicos; el otro, ayer, a resultas del accidente por el que fue hospitalizado. Otros dos operarios siguen también ingresados como consecuencia del siniestro de la empresa dedicada al reciclaje para la producción de biodiesel.

El accidente de Berantevilla debería marcar un antes y un después en el tratamiento que merece la siniestralidad laboral en esta sociedad y en las instituciones. En lo que va de año 84 trabajadores han perdido la vida en este país, y la sangría se repite año tras año sin que se adopten las medidas oportunas para mejorar la seguridad en los tajos de Euskal Herria.

En algunas ocasiones, se afrontan las informaciones sobre la siniestralidad laboral como una especie de fatalidad, como si fueran en sí mismo inevitables. Sin embargo, y del mismo modo que fenómenos naturales dejan un desigual balance de destrucción y muerte en función del lugar en que se producen, es hora de valorar si en Euskal Herria no se dan una serie de factores de corte estructural que favorecen esta situación.

Lo hemos visto con el huracán «Félix», que tras castigar a Centroamérica ha dejado un saldo de muertos que supera el centenar, golpeando con especial crudeza a Nicaragua. Lo vimos ya con el terremoto de Perú. Es cierto que hay una cierta dosis de incontrolabilidad en los fenómenos naturales, pero no menos cierto es que su rastro se hace mucho más doloroso allá donde se dan condiciones de desajuste social grave; allí donde rige un modelo económico que deja a la intemperie a amplias capas de la población; allí, digámoslo claro, donde el modelo neoliberal se ha desplegado sin ningún disfraz, sin contemplar medida paliativa alguna.

Volviendo al escenario laboral vasco, se impone realizar un chequeo en profundidad sobre las consecuencias de las sucesivas reformas aplicadas a fin de dotar al mercado de trabajo de esa elasticidad casi sin límites que se reclama desde el mundo productivo. Es imperativo el análisis exhaustivo de lo que se invierte y no se invierte en prevención; del grado de aplicación de los planes de salud y seguridad en el trabajo; del grado de interés y de dedicación para buscar las complicidades que se precisan, de todos los estamentos de la empresa, y en particular de los trabajadores, para mejorar las condiciones de seguridad de los centros de trabajo.

Es obvio que ese análisis tocará materias sensibles, pero si se quiere de verdad afrontar un problema tan lacerante como el que nos ocupa, es preciso abrir de par en par las puertas y ventilar la casa a fondo. Como se ha demostrado en el accidente de Berantevilla, la subcontratación es una de las características que concurren en la práctica totalidad de los accidentes laborales. Y esa práctica, que se repite hasta la saciedad sin que las normas que se habilitan para evitar el fraude sirvan de casi nada, es un claro reflejo de que la ley del beneficio es la que rige las relacionales laborales. Y no conviene escandalizarse demasiado, ya que el marco que favorece que esto suceda ha sido establecido con el beneplácito de las sucesivas administraciones y con la firma de cada reforma laboral por los sindicatos estatales mayoritarios.

Los plásticos y las caretas

En pocas materias aparece con mayor nitidez la necesidad de un país, en este caso Euskal Herria, de dotarse de unos mecanismos propios como al abordar la realidad económica y sociolaboral. Son precisos los instrumentos y es necesario que el discurso soberanista, que se ha convertido en la «serpiente de verano», se concrete en hechos, en fórmulas, en compromisos. La distancia entre los conceptos teóricos y las prácticas políticas son, de momento, bastante grandes.

El Gobierno de Lakua, que en palabras del lehendakari, tiene uno de sus objetivos básicos en la promoción de la igualdad de género, es del todo cauto a la hora de aplicar la ley para hacer posible un alarde igualitario en Hondarribia. Sin embargo, la Policía autonómica sí se afana en aplicar la norma a la hora de proteger a la alcaldesa impuesta a Lizartza para que ésta coloque en la banconada del Consistorio la bandera española.

Mientras los socios del tripartito de Lakua polemizan en los medios de comunicación sobre la conveniencia o no de consultar a la ciudadanía vasca se asiste a acontecimientos que no parecen situarse en la lógica de ensanchar los espacios de la libertad de acción política. Como prueba de ello, ahí está la decisión del Departamento de Interior de tratar de impedir -es de esperar que no recurra hoy en Donostia al uso de la violencia- que la reclamación de los derechos de los presos políticos se exprese en las calles. No parece que ese tipo de prohibiciones casen del todo bien con las iniciativas que, dicen, prepara el gobierno de Ibarretxe para favorecer la participación de la ciudadanía en la búsqueda de la paz y de la normalización en este país.

No se favorecen escenarios de participación cuando desde el Gobierno de Lakua se recurre a la que podríamos bautizar como la «estrategia del plástico negro», consistente en explotar al máximo las posibilidades que ofrece la ley española para tratar de cercar, de aislar, de invisibilizar políticamente, a los sectores que reclaman con más determinación un escenario democrático para Euskal Herria. Y, sin embargo, construir las condiciones que hagan posible una solución dialogada al conflicto vasco exige un esfuerzo de todas las partes que es incompatible con las reglas de exclusión que imperan en el presente en la escena vasca.

Hay que dejar de lado el plástico negro. Ayer no lo vimos en el recorrido del Alarde hondarribitarra, y eso es una buena noticia. Pero para que desaparezcan también las caretas que impiden el encuentro cara a cara todavía queda mucho por hacer: reconstruir el diálogo, asentar las reglas que hagan viable el entendimiento y trabajar sin descanso para que en todos los estamentos de la sociedad vasca haya espacio para toda la ciudadanía.