El hallazgo el viernes del cuerpo cosido a balazos del hijo del general retirado Morris de León, activista de la izquierdista Alianza Nueva Misión (ANN), es el último de los que han jalonado la campaña electoral, que se ha saldado con la muerte de 51 personas, entre candidatos, militantes y familiares de políticos, la inmensa mayoría de izquierda y/o indígenas.

«Lo que sucedió es una desgracia, pero es la Guatemala que tenemos y ojalá que esta situación no siga, porque si es así, Guatemala va a seguir peor de lo que está», lamentó el candidato presidencial por ANN, el ex jefe guerrillero Pablo Monsanto.

La crispación entre militantes partidistas al oriente y occidente del país y la adelantada autoproclamación de triunfo electoral es una situación que se pro- fundiza en cada periodo electoral desde 1996, fecha que marcó el fin de 36 años de guerra civil. Además de violenta, la campaña ha sido muy prolongada, porque aunque la convocatoria se realizó el 2 de mayo, el proselitismo comenzó hace más de un año ante la incapacidad del Tribunal Supremo Electoral de frenar la contienda anticipada.

Los partidos políticos contendientes suman nueve, de las que cuatro mantienen las preferencias de los 5,9 millones de personas empadronadas, según diversas encuestas de opinión. La Unidad Nacional de la Esperanza, del socialdemócrata Álvaro Colom; el Partido Patriota, del ex militar Otto Pérez Molina; la oficialista Gran Alianza Nacional, de Alejandro Giammattei, y EG, de la dirigente indígena Rigoberta Menchú, cuentan con mayores posibilidades, en tanto que el resto de las organizaciones se mantienen al margen con un descenso notorio de los partidos izquierdistas Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y ANN, y del derechista Plan de Avanzada Nacional, que en lides anteriores tenían mejores niveles de simpatía.

Las promesas de campaña de los partidos radican en bajar los niveles de violencia, que suma diariamente 18 muertes, y la generación de empleos para un país considerado de renta baja. El nivel de pobreza pasó de 51,1% en 2000 a 57% en 2006 y la pobreza extrema de 15,7% a 21,5%, según el Centro de Investigaciones Internacionales para los Derechos Humanos.

Según las normas electorales, si ninguno de los candidatos logra el 50% más uno de los sufragios, habrá una segunda vuelta el 4 de noviembre entre los dos que hayan obtenido la mayoría.

El Tribunal Supremo Electoral aseguró que se reúnen las condiciones técnicas necesarias para llevar a cabo la votación, y las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos y de la UE han expresado, por separado, su preocupación ante la escalada de violencia.

Feudos políticos

Nery Rodenas, director del Centro de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, declaró a ``La Jornada'' que «de enero a la fecha hemos registrado 68 atentados contra activistas políticos». Denunció que «de las investigaciones oficiales no se ha conocido mayor cosa, pero presumimos que en muchos de esos asesinatos pueden estar involucrados intereses del narcotráfico y el crimen organizado».

«El sistema político está en riesgo, hay desgaste y se debilitan los intentos de una normalidad democrática», reflexionó por su parte el analista político Enrique Álvarez, director de Incidencia Democrática, organización civil de monitoreo y observación electoral.

El ex diputado Alfonso Bauer, uno de los personajes más respetados de Guatemala, señaló como una de las limitaciones del sistema electoral «la existencia de la relección ilimitada de diputados y concejales, lo que permite mantener fueros y privilegios. Hay diputados que tienen veinte años allí y otros consejeros que han construido verdaderos feudos políticos, sobre todo en regiones rurales».