Eustakio Uranga, de ELA, y Josu Bilbao, de LAB, han mostrado su preocupación por el giro que ha tomado el Gobierno de Lakua al aceptar los fondos de formación continua provenientes de Madrid, lo que deja al patronato Hobetuz en «una mera sucursal, sin capacidad real de decisión».

Surgió de un acuerdo interprofesional en setiembre de 1995 y el 19 de julio de 1996 se hizo realidad la Fundación Vasca para la Formación profesional Continua, Hobetuz. Pero ni los diferentes gobiernos españoles, ni la patronal CEOE, ni los sindicatos CCOO y UGT aceptaron que la formación profesional continua no estuviera controlada en Madrid, por lo que pusieron todo tipo de trabas, sobre todo a nivel económico, lo que provocó, en muchas ocasiones, conflictos políticos importantes y el «ahogo financiero» de Hobetuz. En la última fase, incluso, Confebask se alineó con Madrid, lo que dejó a Hobetuz en una posición de debilidad.

Los trabajadores vascos cotizan para formación profesional por encima de los 50 millones anuales, sin embargo sólo se transfiere una pequeña parte a las arcas de un organismo que apostó por la calidad y la cualificación de quienes deben ofrecer la formación. Ese conflicto permanente desde hace once años parece resolverse con la cesión de Lakua a los intereses de Madrid, al margen de la opinión de la mayoría sindical vasca.

En una misiva firmada de forma conjunta los miembros de Hobetuz, Eustakio Uranga y Josu Bilbao, aseguran que el Departamento de Educación señaló en la reunión celebrada en Hobetuz el jueves 6 de setiembre, «su disposición a aceptar los fondos que se envían desde Madrid para desarrollar en la CAV el modelo estatal de formación continua. Este modelo de formación profesional continua impuesto desde el Gobierno de Madrid y las cúpulas de la patronal CEOE y CCOO y UGT supone dejar la gestión de los planes formativos e ingentes fondos económicos en manos de estas organizaciones sindicales y patronales».

ELA y LAB reiteraron «su firme oposición a que las necesidades de formación continua de las y los trabajadores puedan servir de excusa para financiar a estos sindicatos y patronal». Pero además, Bilbao y Uranga aseguran que el planteamiento que ha realizado el Departamento de Educación, que dirige Tontxu Campos (EA), es «muy grave y supone una doble perversión. La primera, que el Gobierno cambia de posición y renuncia a que la formación que deba darse en la CAV sea decidida aquí, en función de las necesidades y las reglas de juego acordadas aquí. El Gobierno, en definitiva, acepta convertirse en una subdelegación de España para hacer lo que otros deciden».

La segunda, que citan ambos sindicalistas, es que para llevar el plan adelante se desprecia a Hobetuz, que nació al amparo de un Acuerdo Interprofesional para la gestión de un modelo de formación propio, basado en la calidad y, por lo tanto, en el protagonismo de los centros de formación profesional.

ELA y LAB consideran que, ambos modelos se contraponen, pero la actuación del Gobierno de Lakua es «muy grave», porque deja a Hobetuz un papel de seguidismo del modelo estatal y convertirse en una ventanilla de la Administración del Estado español».

«Renuncia expresa»

Eustakio Uranga y Josu Bilbao llaman la atención también porque Lakua «cambia la posición política y renuncia a la defensa íntegra de la transferencia, aunque ello suponga descapitalizar el acuerdo interprofesional y la estructura acordada en el ámbito de la autonomía colectiva vasca. Grave, sumamente grave». Rechazan que Hobetuz sea utilizado «para pervertir el sistema de formación continua».

A juicio de ambos, el Gobierno de Gasteiz «no parece tener reparo para hacer caso omiso de la posición de la mayoría sindical en el patronato, y prescindir de Hobetuz y de sus reglas de funcionamiento para llevar adelante lo decidido por Madrid con el único fin de gestionar la formación continua dentro de un modelo en el que lo sustancial es la financiación obtenida por las organizaciones que la gestionan».

Uranga y Josu afirman que el Gobierno de Ibarretxe «parece añorar un modelo de dialogo social, basado en actitudes complacientes de una interlocución sindical bien `engrasada' y dispuesta a dar su beneplácito a las políticas económicas y de empleo de los gobiernos de turno. Nafarroa es un buen ejemplo de ello, aunque para hacerlo posible haya que expulsar a ELA y LAB de los órganos de participación institucional como hacen el Gobierno de UPN, la patronal CEN y CCOO, UGT».