Aunque en Euskal Herria no nos cogen de sorpresa las arbitrariedades judiciales y las interpretaciones sesgadas, e incluso contrarias, de las leyes en el Estado español, no he podido menos que sentir sonrojo ajeno ante la última «perla» dictada por un juez que obliga a una víctima de maltrato y a su hija de cuatro años a abandonar su domicilio.

El juez, que admite el delito de maltrato y ordena una medida cautelar de alejamiento por la que se prohíbe al esposo de la víctima acercarse a menos de 100 metros, sin embargo declara que sea «el denunciado el que permanezca en el domicilio conyugal y que la denunciante vuelva a la casa de sus padres... porque de lo contrario al maltratador se le está condenando a la más absoluta marginalidad». A este juez no debe de importarle condenar a la mujer a una situación de minoría de edad al «devolverle» a su familia, ni que esta resolución sea totalmente contraria a la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

No es la primera vez, ni probablemente la última, en la que la ideología o creencias religiosas primen sobre la profesionalidad y pretendida imparcialidad de las y los jueces. Ahí esta la resolución de la Audiencia de Alicante en la que el juez pide «a Dios que le asista» para revocar una orden de alejamiento, o la de Cantabria, en la que el magistrado dedicó dos folios de su resolución a aconsejar a los cónyuges -que se estaban separando- que fueran a la iglesia, o la de Valladolid en la que el juez archivó una denuncia porque le parecía «sorprendente que una persona con alto nivel de formación y alta capacidad soporte durante años malos tratos sicológicos», o la de la jueza de Alicante -que el sexo no garantiza la sensibilidad de género- que absolvió a un joven acusado de malos tratos a su compañera, una menor, por «la inmadurez» de la pareja. ¡Ah! y todas estas «perlas» por quienes ejercen en los Juzgados especiales de violencia de género.

Pretender sacralizar esta profesión en base a su independencia y dando por hecho que aplican el Derecho haciendo abstracción de sus ideas personales -aunque sepamos de sobra que es una falacia, así nos lo siguen «vendiendo»- exigiría creer en que quienes la ejercen no son personas sino «ángeles» en algún limbo, lo que de sobra sabemos que no es el caso. Del mismo modo que la pasada semana «mandaba» a la escuela a las y los políticos para educarles sobre la igualdad, creo que es urgente obligar a la judicatura a hacer lo mismo.

Es necesario generar valores de igualdad entre hombres y mujeres que nos lleven a resolver los conflictos de forma pacifica. Es preciso desterrar la relación que en el imaginario que funciona todavía en muchos hombres establece vínculos entre virilidad y agresividad. Y es imprescindible que la violencia contra las mujeres genere un rechazo social que aún no provoca.

El rechazo social que debemos manifestar contra quienes amenazan anónimamente a Tere Sáez por su incansable trabajo en favor de la igualdad. Aurrera Tere!