El PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, señalado en el comunicado de ETA como responsable del final del proceso por incumplir sus compromisos y re- chazar las ofertas de desarrollar un proceso de solución con contenidos políticos, asumió ayer a través de distintos portavoces que efectivamente dio un «no» a las propuestas recibidas. Y afirmaron que así será también en el futuro.

José Blanco, secretario de Organización del PSOE, y Rodolfo Ares, portavoz de la Ejecutiva del PSE, utilizaron el mismo argumento: acusar a ETA de buscar contrapartidas políticas. Y dirigieron sus mensajes a hacer ver que no le darán opción de que consiga tal cosa.

Blanco aprovechó una intervención en una fiesta del PSOE en Vilagarcía de Arousa para indicar que «les hemos dicho que no y les seguiremos diciendo que no». Según su tesis, el alto el fuego se ha roto «como consecuencia de que no hubo cesiones políticas, de que el Gobierno dijo no a sus pretensiones, a pesar de lo que dijo permanentemente el PP, que hablaba de chantaje», reprochó al partido de Mariano Rajoy.

Ares, por su parte, consideró que ETA «ni consiguió objetivos políticos en este proceso ni los conseguirá nunca», en respuesta a la acusación de la organización armada vasca de que Zapatero trató de desarrollar «un proceso sin contenido político, un proceso de rendición».

El portavoz del PSE, por contra, no hizo alusión alguna a las conversaciones políticas entre los partidos en las que él mismo participó activamente, y que también concluyeron sin resultado positivo.

Tras utilizar la misma expresión lanzada por Blanco en Galicia («que pierdan toda esperanza»), Rodolfo Ares añadió que «ETA se encontrará con la firmeza del Estado de Derecho para perseguir y detener a sus miembros y ponerlos a disposición de la Justicia para que respondan de sus fechorías». Y añadió su impresión de que la organización vasca «cuenta con la repulsa y el desprecio de la inmensa mayoría de la sociedad vasca y española, que quiere vivir en paz y está harta».

Lakua: «Que nos dejen en paz»

Estas alusiones al «hartazgo» fueron el hilo conductor de la reacción al comunicado del Gobierno de Lakua. Su portavoz, Miren Azkarate, preguntó desde Arantzazu a ETA «cuánto tiempo necesita para entender que la sociedad vasca no los quiere para nada».

Preguntada por la valoración del proceso trasladada por la organización armada, Azkarate estimó que «sigue en las mismas, le importa bastante poco lo que diga la propia izquierda abertzale y sigue teniendo a Batasuna totalmente sometida». Añadió además que «quiere arrogarse la representación de un pueblo y de una sociedad», y concluyó con un contundente «que nos dejen en paz».

Rafael Larreina, secretario general de Eusko Alkartasuna, re- prochó a la organización armada falta de realismo. Para él, de la lectura del texto hay que concluir que ETA «está cada vez más fuera de la realidad vasca y más alejada de la voluntad de la sociedad».

En declaraciones a la agencia Europa Press, Larreina criticó que ETA «siga sin respetar y acatar la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, que rechaza de forma absolutamente radical la violencia y el terrorismo», y criticó que «tampoco sea consciente de que con su actuación Euskal Herria no sólo no avanza hacia un Estado vasco independiente, sino que retrocede».

Abundando en esta línea, Larreina consideró que, al margen de las razones éticas, políticamente «la actuación de ETA constituye un obstáculo, al servicio de quienes defienden la unidad de España y niegan el derecho de la sociedad vasca a decidir libremente su futuro». La organización armada, frente a este argumento, recordaba en el comunicado que hoy día no todos los proyectos políticos son materializables y afirmaba que seguirá «defendiendo a Euskal Herria con las armas» hasta que «todos los proyectos puedan ser defendidos en condiciones democráticas».

EB y Aralar

Por parte de IU, en la respuesta al comunicado predominaron los adjetivos. El portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, apuntó en concreto que la declaración de la organización armada pone de manifiesto, «una vez más, su fanatismo, su intolerancia y el fascismo de sus dirigentes».

Frente a la apelación de ETA a la defensa con las armas de los derechos de Euskal Herria, Mikel Arana apunta que éstos «se defienden en las instituciones a través de sus representantes legítimos, y por vías pacíficas y democráticas».

Por parte de Aralar habló su vicecoordinador, Jon Abril, y lo hizo para criticar que «ETA vuelve a hacer oídos sordos a la sociedad y a actuar como si fuese el dueño de la verdad absoluta». Estimó que el comunicado es contradictorio en su valoración sobre Nafarroa y añadió que «tal y como dice Patxi Zabaleta, y el resto de miembros de Aralar, seguiremos trabajando por los derechos de este pueblo desde la libertad de ideas».

PP y Gobierno navarro

Por su parte, el PP toma el comunicado como la constatación de que no queda otra vía que la represión policial. En esta línea, su secretario de Libertades Públicas y Justicia, Ignacio Astarloa, consideró que es necesario que el Gobierno de Rodríguez Zapatero deje claro que «no va conseguir aquello que se propone». Se anticipó así a las palabras, casi miméticas, de los dirigentes del PSOE José Blanco y Rodolfo Ares.

«No sé qué más hace falta para que el Gobierno asuma que hay que ir a por ellos con todas las armas y con todas las consecuencias. Estamos en un momento clave y decisivo», afirmó.

Si para Astarloa el comunicado de ETA resultaba relevante, el portavoz del Gobierno de UPN-CDN, Alberto Catalán, dijo no haber hallado «absolutamente nada nuevo». Apostó por «combatir» a la organización.