En el pasado debate sobre el estado de la nación celebrado a comienzos del mes de julio, el presidente del Gobierno anunció una ayuda por nacimiento o adopción de hijos de 2.500 euros. Dos meses después, el 7 de setiembre, ha tenido entrada en el Boletín Oficial de las Cortes el «Proyecto de Ley por el que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción de la Seguridad Social».

La sorprendente eficacia con la que se favorece la solicitud de ayudas de una ley que aún no ha sido aprobada, la oportunidad de implantar políticas natalistas a través de un cheque-bebé universal al margen de los ingresos, en fin, muchos son los aspectos de este proyecto de ley que podrán comentarse, pero nos vamos a centrar en uno muy concreto, la exigencia a las madres extranjeras para recibir esta ayuda de llevar dos años residiendo legalmente. Si nos ceñimos a lo indicado en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, se dice que España envejece y que estas medidas pretenden cambiar esta tendencia poblacional, de ahí la necesidad de que los beneficiarios lleven dos años de residencia legal, (párrafo 3º). Esta justificación es incomprensible y contradictoria. Si lo que se desea es mantener a la nueva población, habrá que incentivar su permanencia en el país y no limitar a priori el acceso a las ayudas.

Si se trata de fomentar la natalidad, habrá que reconocer un hecho indiscutible: la influencia de la población extranjera en el repunte de la natalidad. Según datos del INE, el índice de fecundidad hoy es el más elevado desde el año 1991. Durante el año 2006 hubo 481.102 nacimientos, de los cuales 79.169 eran nacidos de madre extranjera, de manera que éstos supusieron el 16,46% del total en el año 2006. Estas cifras por sí solas deberían haber sido suficientes para no marginar de estas ayudas a una parte importante del colectivo que más ha favorecido el aumento de la natalidad. Pero es que, además, el Proyecto de Ley no ha tenido en consideración la compleja realidad de la sociedad actual, que supera la simple división de recién nacidos con madre española o extranjera, de forma que tenemos a recién nacidos que por la peculiaridad de las leyes de los países de procedencia de sus padres, (Ecuador, Bolivia, Brasil, etc.) podrán adquirir la nacionalidad española y su madre continuará irregular y sin poder optar a la ayuda; recién nacidos de madre irregular pero con una abuela o abuelo que ya ha adquirido la nacionalidad española; niñas con madre irregular pero padre regular... en fin, son casos concretos que deberían ser contabilizados y tenidos en cuenta a la hora de referirnos a un recién nacido de madre extranjera. Porque si bien el requisito de residencia legal viene contemplado en la Ley General de Seguridad Social, la exigencia de dos años no tiene ninguna justificación y en todo caso la variedad de situaciones que pueden presentarse augura a este Proyecto de Ley dificultades de encaje legal. Un breve apunte sobre cuestiones legales; en la Comunicad Autónoma Vasca y Navarra esta ayuda se reciben no como deducción fiscal, sino como prestación no contribu- tiva. En nuestro entorno más cercano de la CAV (que según el ESUTAT se encuentra entre los países de la Unión Europea con menor número de nacimientos) afortunadamente ni la actual legislación ni el Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales exigen más requisitos que el empadronamiento para ser perceptor de este tipo de ayudas, de manera que, aunque sólo sea por reivindicar la competencia exclusiva del País Vasco en materia de fomento de la natalidad (el Sr. Olaberria así lo manifestó en la sesión parlamentaria de la Comi- sión de Trabajo y Asuntos Sociales del 24 de julio, en la cual se discutía este Proyecto de Ley), no estaría mal que el Gobierno vasco articulase alguna fórmula para que esta prestación no contributiva alcance a todas las perso- nas, al margen de su nacionalidad, tal como se establece en el II Plan Vasco de Inmigración.

Para finalizar, unas preguntas. Se cuestiona la oportunidad de promover políticas natalistas y más aún de hacerlo con subvenciones lineales tipo cheque-bebé. Si además de esto los datos hablan de un aumento mantenido de la población durante al menos los diez próximos años, ¿por qué se propone ahora una subvención a la natalidad marginando a una importante cantidad de población extranjera que son precisamente quienes más contribuyen a esa natalidad? ¿ No será que queremos fomentar la natalidad de «los de aquí» para compensar con «los otros» recién nacidos? En otros países del entor- no europeo estas preguntas tendrían abiertamente una contestación afirmativa. Aquí, por el contrario, nos movemos de momento entre formulaciones ampulosas sobre integración que encierran una doble moral: por un lado más de un político apoya estas limitaciones, o tal vez mayores, a las madres extranjeras; por otro, están los mensajes sobre la inmigración en su vertiente utilitarista: que sin los inmigrantes el PIB español hubiera retrocedido un 0,6%, que la inmigración es la responsable de la mitad del superávit de las arcas públicas en 2006, que debido a la inmigración el estado español ha crecido a una tasa de 16,8 personas por cada 1.000 habitantes, que en ausencia de migraciones la natalidad descendería en un 15%... y que los recién nacidos extranjeros necesitan pañales, leche, papillas y en algunos casos se ha podido constatar la necesidad de chupetes. No es justo contribuir tanto y recibir tan poco.