La ocupación militar de este país que la Guardia Civil se empeña en hacer visible en estos últimos días con especial intensidad, está generando una serie de situaciones que ni los ciudadanos vascos ni los europeos que atraviesan nuestras carreteras tienen porqué sufrir. Llama la atención que las caravanas, atascos o retenciones originadas por accidentes, obras o inclemencias meteorológicas susciten tanta información, revuelo, protestas ante las instituciones y llamamientos a la acción, pero que, en cambio, idénticas (cuando menos tan desagradables, a veces muchísimo más) consecuencias originadas por los controles colocados por las fuerzas de seguridad españolas en Euskal Herria no merezcan otro tanto, mucho menos comparecencias institucionales para dar explicaciones, presentar protestas o plantear remedios. Hay quien mencionará, obviamente, la excusa de la lucha armada, pero quien haya circulado por las carreteras guipuzcoanas y navarras estos días (entre Arizkun y Elizondo llevan desde la madrugada del jueves en el mismo sitio, y en Zarautz, por poner otro ejemplo, prácticamente otro tanto) deducirá fácilmente, por puro sentido común, que el objetivo de esos controles quizás tenga poco que ver con las manidas «medidas antiterroristas». ¿Cómo piensan proteger nuestras libertades civiles, e incluso nuestra seguridad vial, las autoridades de las diferentes instituciones de nuestros territorios ante la impunidad de esos controles policiales? ¿Piensan hacerlo? ¿Quién los controla?

«Las fronteras se debilitan e incluso desaparecen en nuestro entorno», afirmaba en su carta de despedida el muy europeísta Josu Jon Imaz, que no parece que acostumbre a circular entre Gipuzkoa y Lapurdi (o viceversa) con frecuencia; si así fuera habría comprobado con suma facilidad cómo las fuerzas de seguridad de dos estados también muy europeos (especialmente de uno de ellos) siguen obsesionadas en querer desmentir su ingenua o interesada afirmación.

¡Pobre Europa! Porque no es la Unión quien tiene la culpa... aunque también es cierto que no hace nada por evitar que se incumplan de forma sistemática sus propios reglamentos, directivas y convenios. Y podría hacerlo. El Acuerdo de Schengen (suscrito por los estados español y francés) nos dice que su objetivo es «la creación de una zona de libre circulación con la supresión de las fronteras comunes de los países firmantes». El convenio (firmado en un ámbito estrictamente intergubernamental el 19 de junio de 1990 y en vigor desde 1995, entró en fase de comunitarización con la inclusión de un protocolo en el Tratado de Amsterdam) añade una excepción a la supresión de las «fronteras interiores», que aparece redactada del siguiente modo: «Los términos del Tratado pueden suspenderse transitoriamente por consideraciones de seguridad excepcionales». Excepcionales. Y, además, el Estado que decida obstaculizar o impedir la libre circulación sólo podrá hacerlo previa consulta a las demás partes contratantes. No cabe entonces sino deducir que en Euskal Herria estamos en una situación casi ininterrumpida de excepcionalidad. La realidad que un día sí y otro también se vive en muchos de los pasos hacia los territorios de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa así lo atestigua.

«Rutina de secretismo»

Tampoco debería extrañarnos que las propias estructuras de la Unión Europea y sus mayores defensores sean, no pocas veces, quienes más incumplan sus grandilocuentes y sin duda bienintencionados postulados. El pasado miércoles, la Asociación de la Prensa Internacional, con base en Bruselas, desvelaba que los periodistas acreditados ante las instituciones comunitarias estaban indignados con la «rutina de secretismo» de la que hacían gala dichas instituciones. La denuncia mostraba su desagrado especialmente con la Comisión Europea, guardiana, se supone, de los «valores europeos», pero la crítica sería aún mucho más acerada si dirigiera sus dardos hacia el nada transparente Consejo. En este caso concreto, la protesta denunciaba la negativa, injustificada según la Asociación de la Prensa Internacional, al acceso a ciertos documentos solicitados por la prensa.

Schengen a la carta

La mención a Schengen obliga a comentar dos noticias surgidas en los últimos días en torno a este espacio policial y judicial, que vuelve a demostrar una vez más cómo se gestionan a veces los derechos y las libertades en la Unión Europea. Conocíamos en primer lugar que los diez estados que ingresaron en la UE en mayo de 2004 se han conectado ya al Sistema de Información Schengen, cuya principal función es el control social interno y el cierre de las fronteras exteriores. Los 15 socios del espacio Schengen (los ex Quince menos Gran Bretaña e Irlanda) decidirán en noviembre si levantan los controles fronterizos terrestres con los Diez el 31 de diciembre (y en los aeropuertos en marzo de 2008).

La segunda noticia tiene que ver con el anuncio de la Comisión de que está considerando implantar una «tarjeta azul» para abrir las puertas sólo a inmigrantes altamente cualificados. Diríase que la solidaridad y la igualdad de oportunidades ya no son valores europeos.