«Segregacionista», «liberticida», «horrible». Son sólo algunas de las expresiones que se han utilizado en África para denunciar la nueva ley francesa que aprobó el jueves la Asamblea Nacional sobre la emigración. El aspecto más polémico de la nueva norma es el que establece las pruebas de ADN para los extranjeros que soliciten el reagrupamiento familiar en el Estado francés.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos francesas también criticaron la nueva ley, impulsada por el presidente Nicolas Sarkozy dentro de una batería de medidas antisociales que han tomado cuerpo esta semana.

Así, el presidente de la Liga de Derechos Humanos (LDH), Jean-Pierre Dubois, calificó de «inaceptables las cuotas, porque es una manera de tratar a los extranjeros como mercancía en vez de como a personas».

Sarkozy, en una alocución difundida por las televisiones TF1 y France2 en horario de máxima audiencia, insistió el jueves en la necesidad de establecer cuotas para reducir el número de extranjeros que viven en el Estado francés.

A juicio de Sarkozy, únicamente el 7% de los extranjeros vive en el Estado francés por motivos de trabajo. «¿Si no tienen trabajo cómo se van a integrar en Francia?», trató de argumentar el presidente de la República.

La nueva ley establece, además, que para que se produzca el reagrupamiento familiar los aspirantes deberán superar un examen de francés y sobre «los valores republicanos».

Es decir, que un niño senegalés que tenga a su madre trabajando en el Estado francés no podrá vivir con ella si no sabe qué significan -lógicamente, en la versión de Sarkozy y la UMP- las palabras «Liberté, Égalité, Fraternité».

Este examen de «francesidad» será obligatorio para todas las personas menores de 65 años. París se ha comprometido a financiar cursos de francés y «valores republicanos» a todos aquellos que suspendan la prueba.

AI: «Estigmatización»

La presidenta de la sección francesa de Amnesty International, Geneviève Sevrin, por su parte, deploró que «en Francia soplan malos vientos» y mostró su inquietud por que la política de Sarkozy suponga «una estigmatización del extranjero».

Sevrin destacó que «el presidente ha afirmado que es necesario separar el grano de la paja y que hay que identificar a todos los buenos inmigrantes o refugiados. Sólo esos buenos inmigrantes merecen llegar a Francia. Los demás, no».

«Vemos que aparece un modelo perfecto de familia nativa frente a todo aquello que viene del extranjero y que, potencialmente, es portador de gérmenes y de inquietud», añadió Sevrin.

Los gobiernos de los países africanos, de donde son originarios la mayoría de los inmigrantes que viven en el Estado francés, no han reaccionado oficialmente ante la nueva norma, pero la sociedad civil y la prensa ya ha mostrado claramente su posición.

Así, un comentario publicado en la web tunecina GlobalNet, dedicado a las políticas de inmigración europeas, considera que la nueva ley francesa forma parte de «una serie de procedimientos segregacionistas y envilecedores».

«El ADN, test de la desgracia para Nicolas Sarkozy», tituló el miércoles el diario marroquí «Aujourd'hui Le Maroc», recordando que la creación en el Estado francés de un Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional ya suscitó «las más vivas reacciones» en la izquierda y en los intelectuales.

OMDH: «Liberticidio»

A juicio de Amina Bouayach, presidenta de la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), «esta nueva iniciativa es, simplemente, un liberticidio».

Este proyecto «viola el derecho fundamental de los individuos a ser libres», declaró Bouayach a la agencia France Presse, añadiendo que «los lazos familiares no pueden limitarse exclusivamente a los lazos de sangre».

Esta misma idea fue defendida en Senegal, donde el diario progubernamental «Le Soleil» destacaba que la norma francesa no tenía en cuenta las características de la familia africana, «donde los hermanastros o los primos son como hermanos o las segundas esposas actúan como madres de todos los niños de un mismo padre».

El diario senegalés añade que «visto desde África, si finalmente se ponen en marcha los tests de ADN, sería algo horrible, ya que trata de crear diferencias en torno a algo que pertenece a todo el mundo: la sangre de la familia».

Los diputados de la oposición también acusaron al Gobierno de Sarkozy de reducir la filiación a una mera cuestión biológica. Paradójicamente, el propio Sarkozy, cuyo padre es húngaro, tendría problemas para cumplir esta ley, ya que sus hijas Judith y Jeanne Martin son fruto del anterior matrimonio de su mujer Cécilia, por lo que su código genético es diferente.

La propuesta inicial de los tests de ADN fue modificada por una enmienda presentada por el diputado de UMP Thierry Mariani, que establece que estas pruebas sólo se llevarán a cabo si «el candidato procede de un país en el que la regulación del estado civil presenta carencias, en el que no haya estado civil o existan dudas serias sobre la autenticidad de este estado».

Mariani subrayó en el debate celebrado en la Asamblea Nacional que, en cualquier caso, la realización de las pruebas de ADN requerirá el consentimiento del interesado. Eso sí, el que no se somete al test no podrá entrar al Estado francés si las autoridades tienen dudas sobre su parentesco con la persona que ha solicitado el reagrupamiento familiar.

El parlamentario de la UMP, asimismo, subrayó que el coste del test de ADN le será reembolsado al interesado si finalmente consigue el ansiado visado para viajar al Estado francés. Estas pruebas se realizarán de manera «experimental» hasta el 31 de diciembre de 2010.