Pasadas dos décadas desde la aprobación de la ley, claramente insuficiente para muchos partidos y colectivos, en Nafarroa sigue imperando la trampa para que ni siquiera en esos tres supuestos (riesgo para la salud materna, malformación del feto y violación) se pueda hacer realidad la interrupción del embarazo. Dos décadas en las que miles de mujeres se han visto obligadas a salir del herrialde... o a la clandestinidad.

¿Qué recorrido sigue quien se halla en esta situación? Teóricamente, la red pública debería garantizar ese servicio. Pero a día de hoy se calcula que sólo una de cada diez mujeres que se hallan en esa situación acuden al Servicio Navarro de Salud a informarse y solicitarlo. El Gobierno de Nafarroa atendió 67 casos de IVE en 2005, pero al menos 639 mujeres abortaron. Esto se debe en primer lugar, tal y como señalan Elena Lakabe y Oihana Lopez, desde la Comisión a Favor del Aborto, «al estricto protocolo llevado a cabo en el Servicio Navarro de Salud para definir los tres supuestos recogidos por la ley». Explican que «la razón de la salud materna tiene que presentarse con la firma de un psiquiatra, y eso conlleva tiempo y otras dificultades. El procedimiento de obtener el permiso pasa por un estricto protocolo que se sucede en una cadena formada por ginecólogos, psiquiatras y otros profesionales, «y además, los encargados de decidir si el caso se incluye en los supuestos de la ley también pueden objetar, por lo que ni tan siquiera está garantizada la posibilidad de solicitar una intervención».

«En definitiva, la mujer no puede decidir sobre ella misma, se ve en una situación de tener que `obtener permiso'», denuncian desde la Comisión.

Criminalizadas

Mari Cruz Landa, ginecóloga en el Centro de Atención a la Mujer de Iturrama, señala otro aspecto: «Algunas tienen que recurrir al supuesto de la salud mental, y ello acarrea consecuencias. Existen casos de mujeres que han abortado acogiéndose a ese supuesto, y posteriormente, sus parejas han usado el informe que avala las supuestas enfermedades para exigir la custodia de los hijos».

Las mujeres afectadas suelen acudir a Centros de Atención a la Mujer (CAM) o a asociaciones como Andrea. Allí reciben información y, en algunos casos, incluso ayuda económica. En los CAM «se les facilitan las direcciones de los centros donde puedan acudir a ser intervenidas, y posteriormente se realiza un seguimiento ginecológico, además un asesoramiento de cara al futuro, con consejos anticonceptivos y otros», explica Mari Cruz Landa. Pero no siempre es así. Elena Lakabe, de la Comisión, denuncia que «en los CAM, depende de los profesionales ese asesoramiento. Lo que no puede ser es que el personal que te atiende funcione dependiendo de si está de acuerdo o no con el aborto. Eso no puede ser, no garantiza los derechos de todos».

La asociación Andrea, además de apoyar a la Comisión y participar en el movimiento a favor de los derechos de la mujer, y también atiende a las mujeres de Nafarroa que se encuentran en una situación de embarazo involuntario. Facilitan medidas preventivas como preservativos y medidas posteriores como la píldora postcoital. Desde la misma, Tere Sáez relata que han asistido a mujeres con verdaderas dificultades para afrontar el problema; en algunos casos han tenido que reunir dinero para que pudieran hacer frente a una intervención: «Existen casos en los que la renta recibida es de unos 300 euros, y la mujer tiene que costear una intervención que cuesta unos 700-800 euros. Además, al tener que desplazarse, muchas veces lo hacen solas porque no pueden pagar el viaje de un acompañante».

El primer paso -el informativo- puede llegar a funcionar, pero a partir de ahí las mujeres navarras encuentran una barrera infranqueable, ya sea en la red pública o en la privada. El Gobierno navarro se escuda tradicionalmente en el supuesto derecho a la objeción de conciencia de los profesionales. En realidad, las presiones y amenazas (materializadas en el juicio contra tres profesionales de 1990), los obstáculos impuestos desde el principio y la falta de medios han saboteado la cadena necesaria para llegar a la interrupción del embarazo desde el primer eslabón hasta el último. Mari Cruz Landa ex- plica que «estás aquí, te atienden en todo, menos en esa intervención. Eso conlleva que la mujer llegue a pensar `esto es malo, no lo puedo hacer aquí, hay que hacerlo a escondidas'. Y eso es culpabilizar», añade.

Sáez incide al respecto en que «las mujeres tienen que esperar las inspecciones y se ven criminalizadas. En vez de normalizar la situación, crean problemas a la mujer. El Gobierno es el que tiene el problema con el aborto; ¡pues que busque la solución, que no se lo cargue a ellas, que están practicando un derecho suyo!», concluye. Yendo al fondo del problema, considera que el sector representado por UPN mantiene una actitud de «no reconocer que el sexo existe, no aceptar que las relaciones sexuales más allá de la reproducción existen y que cada vez se inician con una edad más temprana. Esa negación es la que imposibilita abordar el tema, que se conozca o que se den a conocer las medidas preventivas». Y pone sobre la mesa un ejemplo: «En los ayuntamientos en los que gobierna UPN se opusieron en su día a la facilitación de los preservativos y la píldora postcoital. Según ellos, el sexo no existe, y de esta forma tratan de penalizar a todo el mundo».

Salidas individuales

Si se consiguen superar todas las trabas anteriores, las mujeres serán derivadas hacia un centro hospitalario fuera de Nafarroa. Muchas optan por acudir directamente a un centro privado, donde con el abono del dinero correspondiente se ahorrarán todo el procedimiento y el asunto se resolverá con inmediatez, aspecto de vital importancia dado el avance del embarazo. El proceso descrito hace que «se dé por supuesto que hay que disponer de dinero e ir a la clínica. Las mujeres que requieren ese servicio acuden a centros privados, y una vez abonada la cantidad necesaria, resuelven el problema de manera individual».

El cuadro descrito deja entrever una inmensa hipocresía. Y no sólo en Nafarroa. Landa apunta que «un estudio sociológico al respecto revelaría una gran cantidad de mujeres con enfermedades mentales, algo que no se corresponde con la realidad». López está de acuerdo en que la ley es insuficiente y ajena a la realidad, y lo explica en resumen: «La ley tiene mucha trampa. Esconde una doble moral, ya que, se permite realizar abortos bajo la etiqueta del supuesto de la salud materna, con la condición de abonar la cantidad requerida para la intervención, y en el caso de Nafarroa, fuera del herrialde». Concluye que la clave es el pago: «Si las mujeres no pudieran pagar, se montaría un revuelo». Y resalta que «cada vez se realizan más IVE, y la ley no responde». En este punto, cabe señalar que las mujeres que no pueden costear la intervención acuden a clínicas ilegales o el aborto se practica en casa, tal y como lo atestiguan los casos que llegan a los hospitales por complicaciones. No deja de ser una paradoja cruel que en este caso, lógicamente, sí que sean atendidas en la red pública navarra.

«Ser delito lo convierte en negativo»

Desde la Comisión a favor del Aborto -a la que pertenecen Lakabe, Lopez y Sáez- consideran que «la ley es insuficiente, pero el Gobierno está obligado a cumplirla». Tere Sáez recuerda que «en Nafarroa existe desde hace muchos años un movimiento fuerte que en su día exigía una ley que permitiera abortar, y ahora reivindicamos que se aplique, además de que se amplíe. El no aplicarla es una actuación ilegal, y en ese punto se está consintiendo la ilegalidad. Lo que no puede ser es que el Gobierno esté cometiendo esa ilegalidad impunente». Nadie duda de que aun en el caso de que se apruebe la moción del PSN, que empezará su recorrido parlamentario en las próximas semanas, el Ejecutivo de Miguel Sanz seguirá en lo suyo. UPN ya ha adelantado que votará en contra, por si alguien lo hubiera dudado.

Lakabe explica que «la ley se tiene que aplicar naturalizando la IVE como una intervención más, eso es lo mínimo». Pero recuerda que en el fondo «el aborto sigue siendo delito, y por tanto, la mujer no tiene capacidad de decisión sobre su cuerpo, que es un derecho fundamental. Al ser delito, se convierte en algo rechazable, negativo», indica, dejando caer que este concepto facilita al Gobierno de UPN su eterna actitud obstruccionista.

La labor de la Comisión es la de «sacar a la luz este tema, y denunciar la situación de las mujeres que tienen que enfrentarse a esa situación». Reivindican «el derecho de la mujer a decidir sobre su reproducción», señalando que en la vulneración del mismo, «el caso más escandaloso es el de la IVE». Pero explican que su reivindicación es más amplia: «La mujer tiene derecho a decidir sobre lo que quiere hacer con su cuerpo, y a poder hacerlo libremente. Los derechos como la educación sexual y la libertad sexual, el derecho sobre su reproducción... son derechos concernientes a la mujer y no son reconocidos», denuncia Lakabe.

Desde la Comisión tratan de «visibilizar la situación, destapar este tema que es asumida por la sociedad como una cuestión a resolver personalmente costeando la intervención. Hay que despertar y concienciar a la población de que se trata de un derecho». Para ello hicieron público un dossier realizado por el Ministerio de Sanidad y Consumo español, encargado de recopilar datos sobre las distintas intervenciones llevadas a cabo en todo tipo de centros. Tienen intención de «activar la asamblea, y ampliar el dossier dotándolo de más información».