El juez Fernando Grande Marlaska pidió el viernes por la noche al Departamento de Interior de Lakua que le remitiera toda la información existente sobre la manifestación que había sido convocada en Lizartza bajo el lema «Otaola kanpora. Errepresiorik ez» y a primera hora de la tarde de ayer adoptó la decisión de prohibir el acto.

El magistrado de la Audiencia Nacional consideró que la convocatoria tenía «el fin ilícito de menoscabar gravemente la autoridad» de la alcaldesa del PP, Regina Otaola, y alegó en su auto que el acto había sido convocado por un ex concejal de HB. Sostuvo también que la marcha se celebraría «en un contexto de coacciones, amenazas y enaltecimiento del terrorismo».

Asimismo, Grande Marlaska ordenó a Interior de Lakua y a la Ertzaintza que adoptara las medidas necesarias para impedir que la movilización tuviera lugar y «para prevenir la comisión de hechos delictivos».

Al conocerse la decisión del tribunal especial español, ANV de Lizartza mostró su intención de dar una rueda de prensa en la plaza para valorar lo sucedido. Sin embargo, las cinco dotaciones de la Policía autonómica armadas con material antidisturbios desplazadas hasta la localidad guipuzcoana lo impidieron, argumentando que el acto estaba prohibido. Los agentes obligaron a identificarse a dos personas que portaban la mesa en la que se iba a desarrollar la comparencia, provocando momentos de tensión con el centenar de personas que se encontraban en la plaza.

Posteriormente, los organizadores trasladaron la rueda de prensa a la residencia de mayores, donde denunciaron la «ocupación policial», así como que se pretenda «pasar por encima de la voluntad popular, legitimar la opresión e imponiendo a Regina Otaola como alcaldesa».

Al mismo tiempo, criticaron a PP, PNV y PSE porque «quieren imponer un proyecto español y una bandera española», y subrayaron que no desean un pueblo «con gobernadores como en los tiempos de Franco». Por último, convocaron una nueva movilización para el próximo sábado a las 17.30 en la que reclamarán el respeto a la voluntad de los vecinos de Lizartza.

Después de finalizar la comparecencia, los concentrados en la plaza comenzaron a entonar el «Eusko Gudariak» y la Ertzaintza arremetió contra ellos a empujones y golpeándoles con las porras. Los manifestantes tuvieron que refugiarse en dos bares de las inmediaciones para salir al de un tiempo e instar a la Policía autonómico a abandonar Lizartza con cánticos y coreando lemas como «Alde Hemendik».

«Protesta injustificada»

Durante la jornada de ayer, antes de que Grande Marlaska decidiera prohibir la convocatoria y al igual que en los últimos días, los representantes de PP y PSOE se encargaron de alentar la prohibición de la manifestación. La propia Otaola manifestó en una entrevista concedida a la Cadena Cope que el consejero de Interior del Gobierno de Gasteiz, Javier Balza, le había comunicado que su departamento no iba a prohibir la manifestación, pero que ella se encontraba «a la espera».

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, advirtió por la mañana que «son las autoridades y, en última instancia los jueces, los que tienen que valorar si una manifestación atenta contras las personas y los bienes».

En este sentido, añadió que las protestas de los vecinos de Lizartza «son absolutamente injustificadas» y que Otaola «debe ser respetada y apoyada en su decisión de cumplir la ley».

Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, señaló que la manifestación había sido convocada por «la defensa» que la alcaldesa de Lizartza está haciendo de la bandera española y del «cumplimiento de la ley». El ex ministro de Defensa José Bono fue aún más lejos y calificó de «energúmenos» a «quienes insultan a las personas que colocan banderas de España».