Con motivo de cumplirse 32 años de los cinco últimos fusilamientos del franquismo, ocurridos el 27 de setiembre de 1975, la asociación Ahaztuak de víctimas del golpe de estado, de la represión y del régimen franquista, ha llamado a participar en el homenaje a celebrar hoy en Cerdanyola, donde fue fusilado Jon Paredes Manot Txiki, así como a la presentación en el teatro Aliança del Pobleneu de un documental sobre este militante muerto por los fascistas.

En Euskal Herria, Ahaztuak celebrará un homenaje en el cementerio de Zarautz, a las 12.00, mientras que por la tarde, a las 19.00, ha realizado convocatorias en los cementerios de Derio y Santa Isabel, en Gasteiz. Asimismo, el próximo día 29, en el cine Antonianos de Zarautz, se desarrollará el acto central de Ahaztuak, con participación de bertsolaris y la presencia de Iñaki Agirre que presentará el citado documental sobre Txiki.

Martxelo Álvarez, en nombre de Ahaztuak, manifestó ayer que el homenaje a los últimos fusilados por el franquismo se extiende también «al resto de fusilados» durante el citado régimen que, según añadió, «nació y murió matando». Los actos convocados por Ahaztuak con motivo de este aniversario «tienen una lectura en clave de exigencia de justicia para los miles de víctimas del franquismo».

En ese contexto se refirió Álvarez a la Ley de Memoria Histórica que se debía haber acordado en la presente legislatura, para valorar que Ahaztuak rechaza «una Ley a cualquier precio». Ante la posibilidad de aprobarse finalmente una Ley que no «haga realmente justicia con las víctimas, las asociaciones de víctimas a nivel de Estado tendremos que plantear una batalla de largo recorrido y si al final no hay Ley, habrá que plantear la socialización del trabajo por la Ley que hace falta».

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, terció ayer para constatar que se han producido «aproximaciones en las últimas horas» en las negociaciones. Incidió en la necesidad de «centrarse» en la «responsabilidad pública», para que los asuntos relacionados con exhumaciones y símbolos de la dictadura «no sea solamente privado». Tras valorar que en este ámbito «se ha avanzado más que en otras cosas», Llamazares abogó porque quede claramente reflejada «la condena del franquismo» y por mayores avances «en relación a la ilegitimidad de los juicios».

Frente a la «ilegitimidad» acordada, Ahaztuak reiteró ayer la necesidad de reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, «con todo lo que ello supone», así como la anulación de todas las causas judiciales seguidas en esa época, y la restitución de los honores y del patrimonio expoliado, unos principios que ERC ha defendido en el Parlamento español. El parlamentario de esta formación Joan Tardá señaló ayer en Bilbo que el anteproyecto de Ley de Memoria «era un atentado y una infamia a la memoria antifascista» y recordó que su formación puso como condición para apoyar la investidura del presidente español la aprobación de la Ley de Memoria.

En este contexto manifestó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero finalizará la legislatura el próximo mes de enero «con un gran desengaño».