El Consejo Económico y Social (CES) Vasco, presidido por Antxon Lafont, desarrolló ayer en la capital vizcaina un debate sobre «Política industrial y deslocalización en Euskal Herria» con la participación de responsables de la Comisión Europea y expertos internacionales en esta materia. La conclusión más importante que se extrajo de la jornada es que la deslocalización no está suponiendo una pérdida de empleo elevada, pero sí que se utiliza ese argumento para influir en una merma de los derechos sociolaborales y salariales de los trabajadores. En cinco años, en el conjunto de los países desarrollados, según el Observatorio Europeo de Reestructuraciones (ERM) de la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) se perdieron 287.850 empleos, un 12,17% del total debido a las deslocalizaciones y recolocaciones de centros de trabajo. De esa cantidad, 177.000 fueron pérdidas de puestos de países europeos. Esta amenaza de la pérdida de empleo no se ha resuelto.

Existe un peligro latente de que pueda reactivarse en cualquier momento la destrucción de trabajos. De hecho, en Euskal Herria más de 35.000 trabajadores dependen de forma directa de empresas multinacionales que tienen sus centros de decisión en otros puntos del planeta, pero existen otros 140.000 puestos más que dependen de la actividad de éstas de manera indirecta y que un eventual traslado obliga a las empresas auxiliares a tomar una decisión similar, a la pérdida de empleo o al cierre de la empresa.

Por ese motivo, en la jornada de ayer se detectó la necesidad de contar con una política industrial fuerte y cohesionada para activar la innovación tecnológica, de tal manera que el valor añadido de la industria europea se quede en la UE, aunque determinados trabajos de menos cualificación «tengan que ser realizados en países como China o India donde la mano de obra es abundante y su coste más bajo».

Didier Herbert, responsable de la dirección general de Empresa y Política Industrial, de la Comisión Europea, reconoció que el peso del sector industrial ha disminuido, pero rechazó que haya «una desindustrialización» y avanzó que los principales retos en los que se mueve la Comisión Europea suponen fortalecer al sector por medio de actuaciones «en favor del medio ambiente, el desarrollo tecnológico y aprovecharse de los beneficios que ofrece la globalización» con el fin de lograr «un modelo competitivo».

Herbert, que hace dos años también participó en una jornada sobre deslocalizaciones en Bilbo, reconoció que el efecto negativo sobre el empleo es «mínimo y doloroso para algunas regiones» y destacó que la inversión europea en el extranjero «va mayoritariamente a países desarrollados», lo que permite que «el flujo comercial sea positivo para Europa». Destacó el trabajo de la CE por relanzar «una política industrial basada en el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica».

Centros de decisión

Antxon Lafont, presidente del CES Vasco, reconoció, sin embargo, que también se está produciendo una deslocalización de los centros de decisión de «empresas que nacen aquí, pero trasladan a otros lugares sus centros de decisión, lo cual pone en peligro su futuro». Benjamin Goriat, economista y profesor de la Université Paris XIII, expresó que no existe una política industrial cohesionada. Se mostró crítico con la política energética, dado que aseguró que «Europa está desmantelando a los grupos energéticos» y lamentó las condiciones que la Comisión Europea ha dictaminado para aceptar la fusión de Suez y Gaz de France, porque «obliga a dejar la parte empresarial de Medio Ambiente fuera del grupo, cuando está muy desarrollada esa actividad por parte de la gasista francesa».

Michel Husson, del Instituto de Investigación Económica y Social de París (IRES), afrontó el debate con datos. Aunque reconoció que el efecto sobre el empleo es bajo, sí, en cambio, precisó que las multinacionales «chantajean» a los trabajadores con el único objetivo «de reducir los salarios y, a cambio, obtener más beneficios económicos». Igual que Coriat, este activista de ATTAC France reconoció que es necesaria una política de cohesión económica para evitar la fuerte desigualdad que se produce en los países del Este europeo, que se han reincorporado a la Unión Europea.

Varias velocidades

En este sentido, Husson recordó que el Estado español, Portugal y Grecia recibieron fondos estructurales cuando entraron como miembros de pleno derecho en la UE, «mientras que en la actualidad la Comisión Europea se muestra más a favor de recortes, lo que está generando una Europea de diferentes velocidades» y que «compite entre sí, porque los salarios del Este son mucho más bajos. Se está ahondando en la dualización social». Reclamó una armonización fiscal para «que todos jueguen con las mismas bazas y nadie se aproveche de los salarios bajos».

Juan E. Iranzo, del Instituto de Estudios Económicos, reconoció que a la globalización «se le puede sacar provecho».

Por la tarde se desarrolló una mesa redonda entre representantes del Gobierno de Lakua, MCC, la Cámara de Comercio de Baiona y la UPV-EHU.