La Junta Militar que gobierna la Unión de Myanmar ha cambiado su estrategia con respecto a las protestas que atraviesan el país. Si inicialmente no impidió tales movilizaciones, aunque no se privó de detener a centenares de ciudadanos, tras la visualización del apoyo a la protesta por los partidos de la oposición, la Junta que encabeza el general Than Shwe ha decidido adoptar una actitud más agresiva, y en esa línea de endurecimiento cabe situar los disparos contra los manifestantes que desafían el toque de queda y el nuevo encarcelamiento de la Nobel de la Paz, Daw Aung San Suu Kyi.

La protesta tuvo su origen en la subida del precio de los carburantes. Sobre ese escenario de malestar social, los monjes budistas salieron a las calles para denunciar el hostigamiento a miembros de esa influyente colectividad por las fuerzas militares. De este modo, se extendía desde Yangón a otras ciudades la bautizada como «revolución azafrán».

Lo ocurrido con otras protestas a las que desde medios occidentales se denominó «revoluciones» -la «revolución naranja» en Ucrania, sin ir más lejos- aconseja conducirse con prudencia a la hora de catalogar la rebelión opositora en Myanmar. Sin duda, la visualización del apoyo de la LND a la ola de protestas vuelve a situar en el primer plano la demanda de un cambio político en el país asiático. Sin embargo, y trascurridos diecisiete años desde la decisión de la junta militar de no aceptar la victoria electoral opositora, cabe albergar algunas dudas sobre los pronunciamientos por la democracia de algunos actores exteriores de esta crisis.

En este sentido, y frente a la tentación de presentar a China, India y Rusia como «patrocinadores económicos» del régimen birmano, cabría recordar al presidente francés, Nicolas Sarkozy, -que secundó en Naciones Unidas el mensaje de advertencia a Myanmar en el que se amparó George Bush para no rendir cuentas sobre la masacre iraquí- que su hoy flamante ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, Bernard Kouchner, redactó años atrás un informe tendente a «limpiar la imagen» de la multinacional petrolera francesa Total que, pese a las denuncias por corrupción y el uso de mano de obra esclava, mantiene su participación económica en el estratégico gaseoducto birmano de Yadana.