Comparecencias por el fraude en la hacienda de Gipuzkoa
El caso de Irun puede destapar el tarro de «lo que todo el mundo olía»
Los testimonios de las personas que pretendían saldar sus deudas con la Hacienda guipuzcoana, pero cuyo dinero no llegó a las arcas forales, aportarán hoy nuevos datos al caso del fraude de la Hacienda de Irun. Estas declaraciones se prolongarán durante los dos próximos meses. LAB, personada como acusación popular, cree que el juicio puede servir para destapar un fraude más general que un caso aislado y «que todo el mundo sabía que existía».
GARA | IRUN
El juzgado de instrucción número 2 de Irun va a ver pasar por sus salas durante las próximas semanas a numerosos testigos del caso del fraude a la Hacienda de Gipuzkoa. Tras las comparecencias de cuatro testigos del pasado día 19, hoy se retomarán estas declaraciones con nuevos testimonios. En total serán hasta 33 personas, en principio víctimas de una presunta trama para defraudar a Hacienda. Se trata de contribuyentes que tenían deudas tributarias y acordaban pagarlas con el ex director de la oficina de Hacienda de Irún José María Bravo. Según la acusación, Bravo ofrecía una rebaja en la deuda, pero se apropiaba de los pagos, realizados en cheque o en metálico.
Los primeros cuatro testigos aseguraron que entregaron dinero a Bravo creyendo que así saldaban sus deudas con Hacienda. Pero el dinero que pagaban estos contribuyentes nunca llegó a las arcas públicas.
La acusación trata de demostrar que Bravo se apropió de estas cantidades ingresándolas en su cuenta o bien utilizando como pantalla 16 sociedades mercantiles y 14 propiedades inmuebles y que, de esta forma, se embolsó al menos 1,5 millones de euros. A la vez, la Hacienda dejaba de percibir cinco millones, ya que Bravo supuestamente se encargaba de declarar la deuda extinguida o al contribuyente como insolvente.
Una de los documentos en que se basa la acusación son los propios justificantes de pago extendidos por el acusado, lo que demostraría que recibió el dinero. Bravo niega haberse quedado con él, pero la Diputación no cuenta con el registro de haber cobrado esas cantidades. Además, varias entidades financieras han constatado que cantidades similares a las pagadas han ido a parar o bien a las cuentas de Bravo o a las de las sociedade en las que participa.
Según la acusación, estas actuaciones se extendieron al menos entre 1995 y 2004. Por ello, el Ministerio fiscal acusa de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial -castigados con penas de prisión de hasta seis años- y blanqueo de dinero. En un caso, se llega a mencionar la estafa, ya que el acusado supuestamente cobró una de las deudas en un despacho particular, mientras se encontraba en excedencia. La juez apeló a la gravedad de los dos primeros delitos para justificar la permanencia en prisión de José María Bravo.
Esta podría ser una trama aislada que ha conseguido destaparse tras una inspección rigurosa. Pero el caso puede repre- sentar sólo una parte de un problema mucho mayor que se ha ido dejando pasar. Así lo piensa el sindicato LAB, personado como acusación popular, que cree que el caso de Irun puede destapar «el tarro de lo que todo el mundo olía».
«Es algo que se conocía pero se miraba para otro lado y se dejaba hacer. Habrá que demostrarlo, pero estamos convencidos de que es así», afirma el sindicato abertzale. No cree que durante tantos años se haya podido llevar a cabo semejante fraude sin que nadie se haya dado cuenta en la Diputación.
LAB cree que se conocía y existía «una amplia red de cómplices». En su opinión, muchos responsables políticos lo vieron, levantaron la alfombra y la volvieron a poner en su sitio. Porque, según el sindicato, no sólo existen responsabilidades penales por la presunta apropiación de dinero público sino también responsabilidaes políticas. Desde el PNV, partido que gestionaba la Administración guipuzcoana mientras sucedían los hechos, lógicamente no se llega tan lejos, aunque se admite que «los sistemas de gestión y control ordinarios de la Diputación han fallado», en palabras del actual diputado general Markel Olano, quien durante la última campaña electoral pidió que en la investigación «se llegue hasta el final, caiga quien caiga».
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, no vio implicaciones generales, ya que felicitó a la Diputación y al propio PNV por haber sido quienes denunciaron las irregularidades.
Saqueo de dinero público
LAB, en cambio, cree que no se trata de un caso aislado y que existe la sensación de que «esta situación se produce a nivel general y todo el mundo sabe que existe». Ahora «se ha abierto el tarro de las esencias que todo el mundo olía y se va a poder demostrar. La cuestión es hasta dónde. Esta operación es sólo la punta del iceberg, pero es la ocasión de demostrar que es algo más profundo».
Además, enmarca el caso en un «saqueo de las arcas públicas» que no sólo afecta a irregularidades sino a la «pasividad ante el fraude» y a la política fiscal en general, una política que hace posible que la declaración media de los trabajadores sea de 18.315 euros, mientras «la declaración media por actividades empresariales es de 11.727 euros» en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. LAB recuerda también los beneficios que desde la Diputación se dan a las empresas, como la rebaja del Impuesto de Sociedades. Todo ello, subraya, «repercute en toda la sociedad guipuzcoana».
Por ello, insiste en que en primer plano aparecen las responsabilidades penales, pero detrás existe «mucha más mar de fondo» y responsabilidad política
En este sentido, cree que la comisión de investigación creada en las Juntas Generales sobre el caso es «lo mínimo que se puede pedir».
Cuatro testigos declararon el pasado día 19. Hoy se reinician las declaraciones, que continuarán los días 3, 15, 17, 24 y 31 de octubre. En noviembre, los testigos han sido llamados a declarar los días 14 y 21. En total son 33 personas.
Una de los documentos en que se basa la acusación son los justificantes de pago extendidos por el acusado, lo que demostraría que recibió el dinero. Bravo niega haberse quedado con él, pero la Diputación no cuenta con el registro de haber cobrado.
Según LAB, el fraude no ha podido producirse durante años sin que la Diputación no lo detectara. «Es algo que se conocía, pero se miraba para otro lado y se dejaba hacer. Habrá que demostrarlo, pero estamos convencidos de que es así».
La Hacienda de Gipuzkoa ha anunciado que investigará el patrimonio de «todas las personas partícipes en propiedades y empresas que sirvieron para ocultar el dinero sustraído, según la denuncia efectuada por la Fiscalía de la Audiencia de Gipuzkoa», y no sólo el de los imputados.
En total, esta investigación patrimonial de Hacienda afectará a 16 empresas y 18 personas, además de los cuatro pisos, terrenos, locales comerciales, plazas de aparcamiento, un hotel y hasta un parque recreativo que Bravo posee, no sólo en Irun sino en localidades como Jerte (Cáceres) y Jaca, y que presuntamente utilizaba para blanquear el dinero obtenido de los contribuyentes. El acusado también cuenta con una residencia en Iparralde, donde llegó a ser candidato a concejal por el partido de Sarkozy. Otra imputada en estos hechos es la esposa de Bravo, Rosa María Cobos.
Entre las empresas implicadas figuran Roza Cabrera S.L. y Ekialde S.L., firma en la que no figura José María Bravo pero que es copropietaria de Fomento y Desarrollo del Valle del Jerte, otra compañía administrada por el ex director de la oficina de Irun. En ambas, presuntamente utilizadas para blanquear el dinero, el fiscal cita como copropietario a Rufino Eizagirre Olcoz, quien fuera alto funcionario del gabinete de ex diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan González de Txabarri. Eizagirre efectuó una declaración de actividades en la que no informó sobre su participación en esas compañías utilizadas para blanquear el dinero defraudado, por lo que fue destituido de su cargo.
El tercer imputado es Pedro María Atristain, quien ha rechazado su relación con estos hechos, al igual que La funcionaria Pilar Gracenea, quien anunció que aportará ante las instancias oportunas la relación de sus bienes junto con su origen, «que no es otro que su trabajo y el de su esposo».
Aunque no imputado, la segunda víctima política del caso, tras la destitución de Rufino Eizagirre, ha sido Víctor Bravo, hermano del principal imputado y que era el máximo responsable de la Hacienda guipuzcoana cuando se produjeron los hechos.
Víctor Bravo, que participaba en algunas de las propiedades de su hermano junto a María Rosa Cobos y la mujer del ex senador, María Aranzazu Arbelaiz, defendió su inocencia pero se vio obligado a renunciar a su puesto como senador por el PNV, asumiendo así «la responsabilidad política que se corresponde de mi actuación como director general de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa, entre noviembre de 1991 y julio 2003».
El sindicato abertzale tratará de demostrar que las irregularidades están relacionadas con la permisividad hacia el fraude fiscal, los beneficios que se conceden a las empresas y con una política fiscal que perjudica a los trabajadores.
