La comunidad autónoma vasca dispone ya de una ley de universidades, la llamada «ley Iztueta», que en algunos aspectos concretos presenta aportaciones significativas y que, entre otras novedades, ha permitido ampliar su capacidad normativa y la de la propia autonomía universitaria. No olvidemos, sin embargo, que esta Universidad depende de las leyes orgánicas españolas y que ello, junto al mantenimiento de la división territorial de Euskal Herria, aleja cualquier perspectiva de construir una universidad nacional desde el interior del actual espacio público universitario.

Por otro lado, resulta evidente que no basta con disponer de un marco legislativo prometedor en algunos ámbitos concretos para que estos avances se manifiesten en la práctica. Es necesario, además, que la ley se desarrolle con cierta rapidez, respetando los principios que la inspiraron y los contenidos en ella formulados. Sin que las presiones, desde dentro y desde fuera de la Universidad, la tergiversen o paralicen. Nos gustaría, por lo tanto, que este próximo curso académico en la UPV sea el del inicio de acciones efectivas para materializar esas potencialidades y se hagan realidad ciertos cambios universitarios, esperados desde hace tiempo por algunos colectivos. Esbocemos, por consiguiente, algunos de estos desarrollos que, según nuestro punto de vista, resulta perentorio abordar:

a) La culminación de la transformación de los actuales profesores asociados en profesores propios con contrato laboral permanente. La «ley Iztueta» se encuentra ya liberada del recurso interpuesto por el PSOE. No existe ya pretexto alguno para que esa conversión de contratos no se lleve a cabo inmediatamente. No aumentemos el riesgo de que más de un profesor de los concernidos llegue a la edad de jubilación manteniendo el obsoleto y desprestigiado contrato administrativo, ininterrumpidamente prorrogado.

b) La puesta en funcionamiento de los procedimientos para adquirir la condición de profesor laboral permanente a los docentes e investigadores que cumplan con los requisitos marcados por la ley. En este sentido podría comenzarse, por razones financieras y de oportunidad, con la creación de plaza de profesor contratado pleno (asimilado a catedrático) para todos aquellos funcionarios que lo soliciten, en virtud de las posibilidades abiertas por la ley. Recordemos que muchos profesores asociados tuvieron que hacerse funcionarios no por vocación, sino obligados por circunstancias laborales y de promoción profesional. Es hora de que los funcionarios que lo deseen puedan acceder a la condición de profesores propios universitarios sin menoscabo de sus actuales derechos.

c) La materialización de los cambios en los niveles de representación de los diferentes estamentos universitarios, según lo contemplado en la «ley Iztueta» y en la reforma de la Ley Orgánica de Universidades. La primera obliga a la UPV a que asegure la presencia en los órganos de gobierno del personal contratado en condiciones equilibradas con los funcionarios. La segunda, además de igualar en derechos políticos a determinadas categorías de contratados y funcionarios, deja abierta la puerta a una democratización en la composición de los órganos de gobierno.

Si bien ambas normas asignan a los estatutos de la Universidad la capacidad para asegurar esas modificaciones, se adjudica a la Junta de Gobierno el arbitraje de los procedimientos para que esas disposiciones se cumplan con anticipación. Ya que la reforma de los estatutos puede prolongarse en el tiempo, confiamos, por el bien de la democracia universitaria y los derechos de algunos colectivos como contratados y estudiantes, que para la próxima elección a Rector -en primavera- estén ya aprobadas las normas provisionales que permitan un auténtico equilibrio entre sectores universitarios y se rompa así, definitivamente, con el monopolio funcionarial de antaño.

d) La necesidad de impulsar acciones para permitir la colaboración entre universidades ubicadas en el territorio vasco a fin de caminar, como aspira la ley, hacia «un marco nacional universitario en Euskal Herria». Si en la «ley Iztueta» hay algo de singular en un sentido nacional es precisamente el relativo a esa colaboración, pues toda ella esta plagada de citas, deseos y recomendaciones orientadas en esa dirección.

Desgraciadamente y por el momento, todo parece quedar reducido a letra impresa. Desde luego, no sólo por culpa propia, sino por falta de voluntad ajena. Porque dos no se relacionan si uno no quiere. Pero para eso son necesarias voluntad, imaginación y decisión para superar las trabas.

e) La conveniencia de poner en funcionamiento la figura del Defensor del Universitario. Esta figura contemplada en los estatutos de la UPV y en el artículo 64 de la «ley Iztueta» se halla actualmente en hibernación. Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las universidades estatales que la han incorporado a su gestión ordinaria.

Resulta sorprendente su ausencia, porque si en alguna Universidad resulta absolutamente necesaria es precisamente en la UPV, por la politización inmediata que históricamente se ha venido haciendo de cualquier conflicto académico o laboral, lo que ha originado discriminaciones múltiples, injusticias y excesiva judicialización de los problemas universitarios. Porque si se pretende cumplir efectivamente con el principio del «reconocimiento y garantía de todos los derechos fundamentales en el interior de la Universidad», es imprescindible la presencia de un elemento arbitral y moderador que vigile y controle su cumplimiento. Nosotros pensamos que una figura institucional como la señalada, de actuación independiente, podría ayudar mucho a la resolución de conflictos que parecen enquistarse en la Universidad. Lo cual estaría en sintonía con lo propugnado por los representantes políticos en ámbitos más generales.