Tres contribuyentes ratificaron ayer ante la juez que investiga el presunto fraude en la Hacienda de Irun que entregaron diversas cantidades al ex director de la oficina tributaria y principal imputado en la causa, José María Bravo, con la intención de saldar su deuda fiscal, y después de que les hiciera un rebaja.

Los tres testigos prestaron declaración junto a un cuarto contribuyente que no aportó muchos datos porque «fue su hija la que hizo las negociaciones».

La juez también tomó declaración a una quinta persona, quien explicó que no tenía ninguna deuda con Hacienda y que la cantidad que ingresó en las cuentas de Bravo estaba relacionada con la compra de una casa en el Jerte, indicaron las mismas fuentes.