La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, creada para denunciar la apropiación de monumentos históricos y artísticos por parte de la Iglesia católica, está sacando a la luz numerosos casos de bienes que el arzobispado ha puesto a su nombre, bienes que están pasando a poder del Estado Vaticano. Uno de los más llamativos ha sido el de la Capilla de San Fermín, donde cada 7 de julio se realiza la ofrenda en honor del copatrón de Nafarroa. Esta capilla se encuentra dentro de la iglesia de San Lorenzo, en el Casco Antiguo de Iruñea, y fue construida y sufragada en su totalidad por el Ayuntamiento de la ciudad hace tres siglos. Sin embargo, el proceso privatizador llevado a cabo por Fernando Sebastián durante su mandato ha hecho que la totalidad del templo pase a ser propiedad de la Iglesia católica, incluida esta emblemática capilla.

Los documentos históricos guardados en el Archivo Municipal no dejan lugar a dudas. Esta capilla fue construida entre 1696 y 1717, y tres años más tarde la ciudad asumió su patronato por medio de tres regidores municipales.

La decisión de construir esta capilla en un lateral de la iglesia de San Lorenzo fue tomada unilateralmente por el Ayuntamiento de Iruñea el 11 de julio de 1696, lo que significa que este templo era considerado un bien público y no propiedad del arzobispado. Existe constancia documental de que el Consistorio pagó 50 pesos al arquitecto que hizo los planos de la obra, y nombró a Miguel de Larralde depositario de las aportaciones de los vecinos que quisieran contribuir a sufragar los gastos de la capilla de San Fermín.

Desembolso de dinero público

Esta obra supuso grandes desembolsos económicos de las arcas municipales, hasta el punto de que el día 16 de abril de 1704, en plena construcción de la capilla, el Ayuntamiento de Iruñea decidió suspender las corridas de toros de los sanfermines durante los seis años siguientes y destinar el importe de este festejo a cubrir los gastos de las obras.

La capilla de San Fermín se inauguró finalmente el 7 de julio de 1717, y desde entonces se consideraba propiedad del Ayuntamiento. Sin embargo, el arzobispado ha utilizado la potestad que le otorga una ley franquista para poner a su nombre la iglesia-fortaleza de San Lorenzo, sin segregar de ella la capilla de San Fermín. Al igual que está haciendo con otros muchos templos públicos, esta privatización la llevó a cabo «a la chita callando» y sin informar siquiera a su legítimo dueño.

La cuestión de las privatizaciones de bienes públicos fue llevada recientemente al pleno municipal por ANV, que presentó una moción para solicitar al Registro de la Propiedad un informe sobre todas las inscripciones de terrenos o inmuebles a nombre del arzobispado en el término de Iruñea.

ANV recordaba en su moción que «estas propiedades corresponden al común de los vecinos, puesto que han construido y sufragado su mantenimiento con dinero público y aportaciones particulares».

NaBai y PSN introdujeron enmiendas a esta moción, y al final fue aprobado un texto, apoyado por ANV, en el que se pide al Ayuntamiento que realice un estudio jurídico sobre el dominio y derechos de las propiedades destinadas a uso religioso. UPN fue el único grupo que votó en contra, argumentando que la moción era «poco clara, lo que denota su falta de fondo».