La ciudadanía vasca está «atada» a dos Estados con sueños de grandeza. En el francés la grandeur eleva a la cima del poder político a iluminados con ansias de emperador. En el español sus gobernantes una y otra vez sacan sus genes imperialistas para colonizar todo lo que se les ponga a tiro: Gibraltar, la isla Perejil o los pueblos que, como Euskal Herria, son una nación.

Al estado francés, y por tanto a Ipar Euskal Herria, le toca sufrir la era Sarkozy. Hay que reconocerle que en campaña dejó bien claro que era de derechas y que iba a ejercer de tal. Lo está haciendo a grandes pasos, y a golpe de rodillo pretende modificar toda la política social que queda del paso de Jospin por el Elíseo. Pruebas genéticas para las personas inmigrantes y, ahora, a cargarse las 35 horas semanales de jornada laboral.

Eso sí, no engañó, como lo hacen los gobiernos de Hego Euskal Herria, que se postulan como progresistas y su política es, sin embargo, de derechas. Lo que diferencia a las opciones políticas de uno y otro signo son los presupuestos. Lo que vale es la decisión de quién debe pagar más o menos o quién recibe más o menos, porque de ello depende uno de los elementos esenciales de la cohesión social: las posibilidades de redistribución de la renta disponible para disminuir o aumentar la igualdad de oportunidades.

Bajo el lema «trabajar más para ganar más», está ya en vigor la normativa que impulsa las horas extraordinarias en el Estado francés. Que haya sido criticada por los sindicatos y que esté en contra toda la oposición de izquierda al «emperador» Sarko se la trae al pairo. Esta legislación obvia los acuerdos sectoriales sobre el tiempo laboral; supera, de facto, la ley de las 35 horas semanales, y concede a las empresas la potestad de decidir cuándo se realizan las horas extraordinarias, reduciéndoles para colmo las cotizaciones sociales. Por su parte los organismos económicos del propio Estado dudan de su eficacia para generar más productividad y consideran que, al haber menos recaudación de impuestos, habrá que restringir el gasto social. Total, a perder las y los de siempre: quienes trabajan por cuenta ajena y las clases más bajas.

Y, ¡cómo no!, otra discriminación indirecta para las mujeres asalariadas, que tendrán muchas menos posibilidades de «trabajar más para ganar más», porque el Estado francés no es precisamente modélico en políticas de conciliación de la vida familiar, laboral y social. Pero no sólo eso. Como ganarán menos -añadida a la discriminación salarial existente por género- cotizarán menos a la seguridad social, con lo que también las prestaciones que les correspondan por esta vía serán menores. ¡Ay, la igualdad de oportunidades!

De momento, los sindicatos ferroviarios y de transportes de París han convocado una huelga para el próximo día 18 contra la reforma de los regímenes especiales. A ver si les emulan el resto de sindicatos y consiguen rebajarle los humos al acomplejado Sarkozy, que no hace sino renegar de sus orígenes y de su clase.