Amenudo los gobernantes españoles nos remiten a los textos constitucionales y al espíritu de la ley para garantizar la libertad y los derechos universales de una sociedad moderna y madura, pero últimamente con la excusa de la lucha (política) contra el terrorismo global se está propiciando una importante degradación de derechos que siempre los habíamos tenido por seguros e invulnerables, y esta regresión en el Estado español transcurre ni más ni menos que al amparo de la Constitución española.

Llanamente y sin disimulo esta legislación ha mudado en demócratas los que vivían con placidez el tiempo de la dictadura y en terroristas a los que defienden el poder decidir democráticamente lo que quieren ser.

Sin embargo, hace tiempo que los ciudadanos de Euskal Herria están al corriente de que los verdaderos enemigos de la democracia son los de siempre, los que con la gracia divina y sin constitución han guerreado constantemente contra los avances democráticos y ahora lo formalizan en el marco constitucional español por la gracia real.

Es obligatorio recordar que en la dictadura del general Franco reivindicar los derechos civiles y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, aunque ilegal y arriesgado, era ya una exigencia popular y democrática, y el derecho a decidir de Euskal Herria y Catalunya estaba subrayado en los programas de las organizaciones unitarias y democráticas antifranquistas.

En la actualidad, a la vista de las detenciones masivas de independentistas vascos y el recorte de derechos civiles, los gobiernos españoles del PSOE o del PP coinciden con el viejo régimen franquista en las formas de represión y en los objetivos de la persecución, aunque se trata para todos del mismo derecho democrático de ayer, o precisamente por esto.

También un repaso a lo que declaran ciertos prohombres del PP y del PSOE, sobre la dictadura los primeros y sobre el derecho a decidir los segundos, demuestra notoriamente las concurrencias de estos políticos con el ideario franquista sin diferenciar si el arranque ha sido desde las cortes franquistas o desde la realeza de la malograda transición y todos con el auxilio de lo que hoy en día se llama «constitución, constitución, constitución».

Desde la calle son visibles otras trazas que alinean la legislación española con el espíritu del franquismo, empezando por un rey nombrado por Franco para sancionar las leyes españolas, la imposibilidad de anular las sentencias que dictaron los militares facciosos, de recuperar los bienes incautados por el Ejército español o la persistencia de los símbolos fascistas en la calle 32 años después de la muerte del dictador, solo por citar algunos.

Hoy el lenguaje del Gobierno del PSOE es también una prueba más de que la violencia en sus diferentes formas y ámbitos campea por muchas páginas de la constitución de referencia.

Hace ya años que el lenguaje imperial es utilizado para hacer doblar la cerviz de los demócratas que siguen creyendo en el derecho a decidir del pueblo vasco.

El ministro español de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha dado muestras de ello recientemente al anunciar públicamente que actuará contra la izquierda abertzale «en el momento que la jugada se lo aconseje».

Este lenguaje chulesco representa la genuina soberbia nacional de una legislación española que hace más de treinta años que acepta este tipo de jugadas ilegales y de envites mafiosos.

El lenguaje hampón es fácil de decodificar, es la jerga carcelaria llena de insinuaciones que puede servir para amedrentar a cuatro raterillos en el despacho del fiscal, pero sentimos que recibirá el reproche que se merece de miles de demócratas que están a favor del derecho a decidir y expresarse libremente como pueblo.

Pronto advertiremos la vanidad institucional, porque el ministro español no se atreve o porque no puede ilegalizar a la izquierda abertzale que representa EAE-ANV y, tal vez para evitar esta embarrancada, ha puesto en las últimas horas rumbo a la negociación.