La reforma que pretende Bruselas plantea medidas para promover el arranque voluntario de 200.000 hectáreas en toda la UE, con ayudas durante cinco años para fomentar que abandonen el sector los viticultores menos competitivos y en 2014 liberalizar el cultivo de viñas, ahora restringido por los derechos de plantación.

El Consejo de ministros seguirá los debates sobre la propuesta de la Comisión Europea (CE) para modificar la regulación vitivinícola, con el objetivo de llegar a un acuerdo en diciembre.

La Comisión Europea propone mantener el presupuesto actual y repartirlo, por un lado para los programas de arranque y por otro, en los «sobres nacionales» que distribuirían según su criterio los estados.

Hoy, los ministros deberán posicionarse sobre los apoyos que creen que deberían darse a los sectores que van a verse afectados por las medidas de la reforma, según un cuestionario remitido por la presidencia portuguesa de turno de la Unión Europea.

Tres preguntas para el debate

El cuestionario está conformado por tres preguntas destinadas a guiar la discusión entre los ministros, una de las cuales es si están de acuerdo con establecer pagos únicos para compensar a sus productores «por las consecuencias de la aplicación de algunas de las medidas de la reforma».

La actual propuesta legislativa sólo contempla el paso al régimen de pago único de aquellos productores que decidan cesar su actividad y arrancar las vides. Estos recibirán una subvención más un pago único por hectárea. En este sentido, la novedad que se estaría planteando la Unión Europea de cara a la reforma es que también tengan una subvención quienes puedan verse perjudicados por alguna medida.

Otra de las preguntas hace referencia a qué tipo de medidas estima cada Estado miembro que deberían financiarse con los «sobres nacionales» y otra pretende conocer la opinión de los Veintisiete sobre la propuesta relativa al arranque de viñedos, que en la propuesta actual sería de 200.000 hectáreas.

Reglamento de la PAC

También en la parte de Agricultura, los ministros esperan alcanzar un acuerdo político para modificar el reglamento financiero de la Política Agrícola Común (PAC) para clarificar algunos aspectos administrativos. En particular, la nueva norma obligará a todos los Estados miembros a publicar los beneficiarios de las ayudas de la PAC.

El reglamento reformado también hará posible que la Comisión tome medidas cuando los Estados miembros incumplan reiteradamente los controles que hay que aplicar a los gastos públicos.

Asimismo, los ministros de Agricultura y Pesca se pronunciarán sobre las peticiones que han hecho Bulgaria y Rumania para poder autorizar ayudas públicas a sus agricultores afectados por la sequía, por un montante de 102 y 400 millones de euros, respectivamente.

En el ámbito de sanidad animal, los ministros expresarán sus puntos de vista sobre una estrategia presentada por la Comisión Europea sobre el futuro de esta política comunitaria que se centrarán en priorizar la prevención frente a la erradicación o evaluará la utilización de vacunas.

Los ministros también analizarán los trabajos de preparación de las consultas anuales con Noruega para el reparto de las posibilidades de pesca para 2008 de los caladeros que en aguas compartidas entre este país y la UE. Las negociaciones se realizarán en dos rondas previstas del 5 al 9 y del 21 al 25 de noviembre.

Por otra parte, los Estados miembros empezarán el reparto de posibilidades pesqueras para el año que viene con los caladeros del mar Báltico. Un año más, el obstáculo más destacable es el reparto del bacalao, donde la Comisión ha propuesto fuertes reducciones del total admitido de captura (TAC), de 22,65% y 32,84% con respecto a 2007 según los caladeros.