Juanjo BASTERRA

Doce años después de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todavía existe un fuerte descontrol de los accidentes y más aún con las enfermedades de carácter laboral. No hay que olvidarse de que los accidentes de trabajo suponen una sangría directa y visible. Hay trabajadores que fallecen en el centro de trabajo, o cuando van y vuelven del mismo. En concreto, en Euskal Herria suman hasta el momento, al menos, 97 fallecidos. También hay en torno a mil trabajadores al año que sufren accidentes graves, de los que un 60%, según los estudios oficiales, quedan incapacitados para su vuelta al mismo puesto de trabajo. Las lesiones leves suman alrededor de las 50.000.

Los datos de las enfermedades profesionales muestran, sin embargo, unos índices bajos de incidencia. El director de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Jukka Takala, reconoce que las enfermedades profesionales multiplican por diez los casos de los accidentes de trabajo.

La ocultación tiene mucho que ver con los planteamientos económicos que se traducen de esas bajas, ya que dependiendo de si una enfermedad es o no profesional se asume por una mutua o por el sistema sanitario público. Como nos encontramos en una situación en la que prevalece la rentabilidad económica sobre la salud del trabajador, éste queda desplazado.

La manera de proceder de los trabajadores debería de ser insistir en sus dolencias y que sean examinados sus puestos de trabajo para determinar si la lesión se ha desencadenado o agravado por el trabajo. Cuando se acude al médico de cabecera también es necesario, si no lo pregunta, insistir en que la dolencia tiene que ver con el trabajo que uno realiza.

Esos pasos son fundamentales para que intervenga en este proceso la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En principio, ésta tratará de que el trabajador reconozca que la lesión no tiene que ver con el puesto de trabajo. Por eso, el trabajador no debe ceder y, ante las dudas, debe de asesorarse por parte de algún responsable de salud laboral de las centrales sindicales o técnicos en prevención de confianza. Jaime González, miembro del departamento confederal de Salud Laboral de CCOO, reconoce en el último número de la revista «Por experiencia» que en el tema de las enfermedades profesionales «seguimos viendo sólo la punta del iceberg» y añade que «en los accidentes de trabajo, a los sindicatos nos preocupa habitualmente su evolución al alza. Es un claro indicador de que las cosas van mal. Con las enfermedades profesionales, en cambio, ocurre al revés, porque todos sabemos que entre lo que sucede y lo que se reconoce hay un abismo enorme».

Este responsable de Salud Laboral asegura que «ahora las cosas adquieren mayor gravedad, dado que se ha producido una reducción en el número de enfermedades profesionales declaradas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre». Ese documento determina el nuevo cuadro de enfermedades del trabajo y establece los criterios para la notificación y el registro de las mismas.

Dos años de plazo

Jaime González asegura que CCOO se ha dado un plazo de dos años para «evaluar su eficacia», ya que en la actualidad «el protagonismo de la declaración ha pasado desde los empresarios a las mutuas». No se entiende porqué se permite esa actuación a las mutuas, ya que González reconoce que deberían de haber adoptado «medidas internas para cambiar de manera significativa el subreconocimiento de enfermedades que se venían produciendo». El miembro de CCOO advierte que «ha sucedido lo contrario, que las mutuas reconocen menos enfermedades que en la etapa anterior. Ocultan los daños a la salud que las condiciones de trabajo producen».

Jaime González afirma que el sindicato que representa sospecha que detrás de esta actuación irregular se encuentra una explicación económica. «Las mutuas han elegido el camino más fácil: en lugar de prevenir las enfermedades, adoptan el criterio de no reconocer la contingencia como profesional y derivan su asistencia y prestación económica al sistema público de salud»