El ambiente preelectoral que vive El Salvador ha propiciado que vuelva a salir a la palestra un asesinato de estado. Se trata de la muerte de la cooperante vasca Begoña García Arandigoien. La médico de Gares murió hace diecisiete años, ejecutada por soldados del Ejército salvadoreño tras un enfrentamiento con una columna del FMLN. Como es habitual en estos casos, el Ejército y tras él las autoridades del país centroamericano trataron de presentar la muerte de la cooperante como el resultado del cruce de disparos entre soldados y guerrilleros. Sin embargo, esa versión oficial, que lamentablemente nos conecta en la memoria con otras ejecuciones extrajudiciales ocurridas ya en América Latina ya en Euskal Herria, tenía un desmentido categórico en la autopsia practicada a Alba, que sufrió roturas de brazos y piernas antes de recibir seis disparos, uno de ellos a cañón tocante.

El militar al mando de la brigada que mató a la joven brigadista es hoy diputado por el conservador Partido de Conciliación Nacional. El coronel en retiro José Antonio Almendáriz suena como uno de los favoritos a encabezar la lista de la derecha salvadoreña en las elecciones presidenciales y ello ha llevado a un diario digital a recordar la «hoja de servicios» del militar durante el cruento conflicto armado que asoló a El Salvador en la década de los ochenta. Almendáriz, a quien nadie pidió cuentas en tribunal alguno por ese crimen que, sin embargo, sí reconoció como tal la Comisión de la Verdad impulsada al amparo de la ONU en 1993, reconoce ahora su responsabilidad, siquiera mediante un acto de contrición -«he pedido perdón infinidad de veces en público por lo que cometí en mi odio»- que acompaña de una «autoabsolución», por supuesto, divina.

Que la nueva luz que se ha hecho en este caso sirva, si no para hacer justicia, sí para poner en valor el trabajo solidario que tantos vascos han llevado a América Latina y que, en estos tiempos de pensamiento único -es decir, de culto a la versión oficial-, algunos tendrían la tentación de presentar como un delito a perseguir.