Ocho dirigentes políticos vascos podrían sentarse en el banquillo de los acusados por el mero hecho de reunirse si el juez instructor de esta causa, Roberto Saíz, dicta el auto de apertura de juicio oral. Y es que en la decisión hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) se rechazan los recursos presentados por los abogados defensores de los acusados y se da vía libre a la celebración del juicio. Todo indica que los cinco dirigentes de la izquierda abertzale -Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia, Arnaldo Otegi, Juan Joxe Petrikorena y Pernando Barrena-, el lehendakari Juan José Ibarretxe y los secretarios general y de Organización del PSE, Patxi López y Rodolfo Ares, respectivamente, serán juzgados.

Incluso Nekane Bolado, la única magistrada que emitió un voto contrario a la decisión mayoritaria de desestimar los recur- sos, afirma en sus argumentaciones que «es lógico presumir que la siguiente decisión del instructor sea la de decretar la apertura del juicio oral».

El pasado mes de julio el propio juez instructor rechazó las peticiones de los imputados de sobreseer la causa por considerar que existían indicios de que hubieran cometido los delitos de «desobediencia» previstos en el artículo 556 del Código Penal español, en relación con la sentencia del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna.

Dos reuniones públicas

El primero de los encuentros que dieron origen a este proceso se produjo el 19 de abril de 2006, cuando Juan José Ibarretxe recibió en Ajuria Enea a los representantes de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan Joxe Petrikorena dentro de una ronda de conversaciones que el lehendakari mantuvo con todas las formaciones políticas de la CAV.

En febrero pasado, y ante una denuncia similar, el juez resolvió unir en la misma causa otro procedimiento judicial abierto contra tres integrantes de la comisión negociadora de la izquierda abertzale -el propio Otegi, Olatz Dañobeitia y Rufi Etxeberria- y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares. En este caso, el motivo era el encuentro público que mantuvieron el 6 de julio de 2006 en un céntrico hotel donostiarra.

Los únicos imputados por un delito de «desobediencia» son los cinco dirigentes de la izquierda independentista vasca, mientras que tanto al lehendakari como a los líderes del PSE se les acusa de ser «cooperadores necesarios» para la culminación de ese delito.

Cabe recordar que, a día de hoy, cuatro de los imputados en este caso se encuentran en prisión: se trata de Otegi, Dañobeitia, Etxeberria y Petrikorena. Los dos últimos fueron arrestados y posteriormente encarcelados por orden del juez Baltasar Garzón tras la redada del 4 de octubre en Segura y Olaberria.

Críticas de los partidos

El auto del TSJPV fue criticado tanto por el Gobierno de Gasteiz como por PNV, PSE, EA y EB. La portavoz de Lakua, Miren Azkarate, manifestó que la judicatura «criminaliza el diálogo político» cuando lo promueve el le- hendakari pero no ve delito penal cuando lo lleva adelante el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde el PSE, su Comisión Ejecutiva afirmó en un comunicado que «corresponde ahora al juez instructor decidir si acuerda o deniega la apertura de juicio oral» y expresó su «máximo respeto» a las decisiones judiciales. Junto a ello, el PSE aseguró que «defendemos y defenderemos la legalidad de la actua- ción de nuestro secretario general y de nuestro secretario de Organización», y sostuvo que ambos «utilizarán todos los medios legales para defenderse». En ese sentido, la nota añadía que el representante legal del PSE «volverá a pedir, en la fase procesal que proceda», el archivo de la causa.

Ezker Batua opinó que se trata de una «caza de brujas» y que existe falta de rigor jurídico en la resolución del TSJPV, mientras que EA calificó la decisión de «esperpéntica».