Aralar y Ezker Abertzalea propusieron recientemente en el Parlamento vasco crear una comisión propia de seguimiento de los casos de tortura para, entre otras cosas, dar cauce a la intervención de los organismos internacionales en dichos casos, y la diputada del PNV Gema Gonzalez Txabarri, a la hora de oponerse, utilizó este pseudo-argumento: «No es necesario pedir la intervención de los organismos internacionales hasta saber si las denuncias de torturas son verdaderas».

Luego es de las que pone en duda la veracidad de dichas denuncias. De las que piden pruebas al respecto, siendo como es obvio que debido a la incomunicación es prácticamente imposible probar la terrible realidad de lo que sucede allí dentro, y por eso le quiero recordar a ella y a quienes utilizan argumentos similares el caso de Steve Biko, quien murió torturado en la Sudáfrica del apartheid, en 1977.

Biko era un conocido líder negro, con tanto peso entonces como Nelson Mandela, y 30 años después su memoria y ejemplo siguen muy vivos entre nosotros. La inolvidable canción «Biko», de Peter Gabriel, y la célebre película «Grita libertad», de Richard Attenborough, han ayudado sin duda en ello.

Según los policías que lo «interrogaron», Biko les agredió y se produjo un forcejeo a resultas del cual resultó herido al golpear su cabeza accidentalmente un muro. Así y todo, le siguieron «interrogando» durante cinco o seis días sin aplicarle ningún tratamiento, pese a que eran evidentes los síntomas de daño cerebral, y al final fue trasladado en la parte posterior de un Land Rover, semi-comatoso, desnudo y esposado, hasta una prisión que se encontraba a 1.200 kilómetros. Al día siguiente lo encontraron muerto en el suelo de su celda.

Supongo que quienes acostumbran a pedir pruebas en los casos de torturas encontrarán una fácil justificación al hecho de que los policías fueran absueltos dando por buena su versión de los hechos. «¡Se trataba del apartheid!», dirán seguramente. Sin embargo, hace ya años que aquel odioso régimen desapareció, y hoy es el día en que aquellos torturadores siguen siendo inocentes a los ojos de la justicia sudafricana.

El 7 de octubre de 2003 el Ministerio de Justicia anunció que los cinco policías no serían inculpados, debido a la falta de evidencias. ¡Eran los únicos testigos de lo sucedido! «Si más tarde surgiesen nuevas evidencias, reconsideraríamos nuestra decisión», fue la única y triste respuesta que pudieron dar a la desconsolada familia de Biko.

Sí, así sucedió, y evidentemente ni han encontrado nuevas pruebas ni nunca las encontrarán, ya que tanto en la Sudáfrica del apartheid como en el actual Estado español era y es prácticamente imposible probar las torturas, porque todo el sistema estaba y está construido para ello.

Por eso, pedir pruebas en tales circunstancias, poner en duda la veracidad de las denuncias, es en último término mostrar una actitud cómplice para con los torturadores. La misma actitud que mostraron numerosas autoridades en todo el mundo hacia las autoridades de la Sudáfrica del apartheid.

Menos mal que a través del mundo miles de personas actuaron decididamente contra aquel régimen. Unas impulsando medidas eficaces como la del boicot; las autoridades cubanas, por su parte, enviando miles de soldados, hasta que finalmente pudieron tomarle la medida al Ejército sudafricano en la decisiva batalla de Cuito Canavale... Fue todo aquello lo que realmente hizo recapacitar a los racistas sudafricanos, y no tanta palabrería hueca.

Aquella gente no se limitó a pedir a las autoridades del apartheid que terminaran con la tortura y el propio apartheid para acto seguido negarse a apoyar medidas realmente eficaces. Dejaron de lado toda hipocresía, y se pusieron a luchar con ahínco para enterrar aquel odioso régimen.

Y menos mal que también hoy día prestigiosos organismos internacionales mantienen ante los casos de torturas una actitud mucho más comprometida y valiente que, por ejemplo, las autoridades del PNV a quienes han tenido que pedir una y otra vez que se abstuvieran de incomunicar a las personas detenidas, hasta que al final se han visto obligadas a hacer algo.

Su actuación ha sido, eso sí, tan hipócrita como de costumbre y, en vez de aceptar la propia responsabilidad, se han limitado a pedir otro tanto a las autoridades españolas, absteniéndose de aclarar si el hecho de pedir a los demás que apliquen dicha medida garantiza que en adelante ellos la van a aplicar estrictamente, y la Ertzaintza no va a volver a incomunicar a nadie.

¿Por qué no aclaran eso de una vez? ¿Por qué se han opuesto tan descaradamente a la proposición debatida en el Parlamento? A mi parecer, porque tienen la perversa intención de seguir dejando ciertas rendijas abiertas a la tortura o, en el peor de los casos, tremendos agujeros, ya que está bien claro que las medidas contra la tortura adoptadas hasta ahora, como la del protocolo de Balza, sólo las han adoptado cuando no han tenido más remedio que hacerlo.

¡Ojalá me equivoque!