La Ley de Memoria Histórica permite a la Iglesia mantener los símbolos franquistas
Una modificación de última hora en la denominada Ley de Memoria Histórica pactada por el PSOE y CiU, con el apoyo de PNV y Coalición Canaria, abre la vía para que la retirada de símbolos franquistas y la posible anulación de subvenciones a quien no se preste a ello no se aplique a las iglesias. La norma fue aprobada por el Congreso español de los Diputados con el rechazo, por muy diferentes motivos, de Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya.GARA |
El Congreso español de los Diputados aprobó ayer, con la oposición de PP y ERC, la Ley de Memoria Histórica, que ahora continuará su tramitación parlamentaria en el Senado. Según una modificación acordada a última hora por PSOE y CiU, con el respaldo de PNV -principal artífice del artículo 15 al que se refiere el cambio- y CC, esta ley permitirá a la Iglesia invocar razones «artístico-religiosas» para no tener que retirar de sus edificios símbolos conmemorativos de la Guerra del 36 y de la dictadura de Francisco Franco.
El citado artículo obliga a las administraciones públicas a eliminar símbolos y calles franquistas y amenazaba a la Iglesia, antes de la modificación, con retirarle las ayudas si no quita, por ejemplo, las placas con los nombres de los falangistas locales «caídos por Dios y por España» que se sublevaron en 1936.
El cambio en la ley se plasmó a través de una enmienda transnacional, presentada por CiU, que establece que la retirada de escudos, insignias y placas conmemorativas del franquismo «no será de aplicación cuando las mencionadas sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticos, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley».
PSOE, CiU, PNV y CC buscaban introducir una segunda modificación «de perfeccionamiento» en este artículo para limitar el alcance de la retirada de subvenciones previstas a quien se niegue a retirar símbolos franquistas, de forma que sólo se pudiesen retirar aquellas ayudas públicas «relacionadas con el patrimonio donde estén ubicados los símbolos». La oposición de IU-ICV impidió que el pleno pudiera votarla.
Rechazo de PP y ERC en Madrid
Sin embargo, PP y ERC reiteraron sus críticas. Eduardo Zaplana, portavoz del PP, afirmó que «rompe la herencia con la que se construyó la transición» y la calificó de «innecesaria» y «perjudicial para la convivencia». Zaplana acusó al Gobierno español de caer en el «error del franquismo» al intentar «imponer una memoria única y oficial». Su grupo votó a favor de siete preceptos del dictamen.
Joan Tardá, de ERC, explicó el rechazo global de su grupo al subrayar que la ley aprobada ayer ratifica el «modelo de impunidad» que representó la llamada Transición española y añadió que, al declarar la ilegitimidad del franquismo, asume la legalidad del sistema y oculta la única definición con efectos penales, la de «régimen fascista», establecida por los nazis. Además, la consideró «revisionista» con la historia reciente y dijo que supone «condenar a una segunda muerte» a las víctimas de la represión franquista.
«Impunidad»
Desde Euskal Herria, ANV denunció que esta Ley «ratifica la impunidad que se dio a los crímenes fascistas y a sus responsables durante la reforma política del régimen franquista» y «no protege a las víctimas», además de «no anular los juicios y condenas del franquismo y legitimar aquel aparato judicial». Criticó también que no suponga la restitución del patrimonio histórico «robado por los franquistas». Y acusó a PNV, EA y NaBai de «conformismo» ante una ley que «no garantiza unos mínimos democráticos» y de «blanquear» una nueva «chapuza» del PSOE.
Falange Española y de las JONS ha advertido de que mantendrá los homenajes a su fundador, José Antonio Primo de Rivera, en el Valle de los Caídos, a pesar de la aprobación de la ley, que prevé la despolitización de ese lugar.
Ex presos políticos y represaliados de la dictadura en Asturias han denunciado ante el fiscal general del Estado y el Defensor del Pueblo a Jaime Mayor Oreja por considerar «apología del franquismo y negación del genocidio» sus declaraciones sobre la dictadura.
Los defensores de la Ley española de Memoria Histórica, que para las formaciones que sufrieron directamente la represión franquista, como ANV, ERC o PCE, y para los colectivos que agrupan a víctimas y allegados supone una nueva oportunidad perdida, aseguran que ésta contribuirá a «cerrar heridas».
La ley recoge una condena expresa del franquismo y pretende «recuperar y honrar» a todos los que sufrieron las consecuencias de la Guerra del 36 y de la dictadura por motivos políticos, ideológicos o religiosos, a los que perdieron la vida o la libertad y a los que lucharon en defensa de la democracia: Cuerpo de Carabineros, brigadas internacionales, combatientes guerrilleros y la Unión Militar Democrática.
Asimismo, declara la «ilegitimidad», que no la nulidad, de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por tribunales u órganos penales o administrativos durante el franquismo. Además de su referencia a los símbolos franquistas y al Valle de los Caídos, la nueva norma prevé el derecho a una indemnización para todos los que murieron en defensa de la democracia y que no han recibido una compensación, además de facilitar las tareas de localización e identificación de los desaparecidos, algunos aún en fosas comunes.
También refuerza el papel del Archivo General de Salamanca y amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta el primer grado de quienes la perdieron por el exilio derivado de la guerra o la dictadura.
