A tenor de lo publicado por la gran mayoría de medios de comunicación del Estado español, y a diferencia de la mayoría de medios internacionales, la noticia que ayer destacaba en la sentencia sobre los atentados del 11-M de 2004 fue la afirmación de que ETA no tuvo nada que ver en los mismos, sino que fue obra de una «célula yihadista». Resulta cuando menos paradójico que el mismo día de los atentados esos medios, sin esperar a reivindicación ni a investigación alguna, señalaran a la organización vasca como autora de los atentados, también a diferencia de la prensa internacional, que a las pocas horas apuntaba la posibilidad de la autoría de grupos de extracción islamista. Posibilidad que Arnaldo Otegi mencionó a primeras horas de la mañana junto a su convencimiento de que ETA no estaba tras los atentados. Por eso, y a pesar de que ciertos medios españoles han mantenido la delirante teoría contraria hasta hace poco, extraña ver en titulares algo que en Euskal Herria se conoció el mismo 11-M.

Y es que en este país los acontecimientos se vieron y se vivieron de diferente manera debido a las abiertas acusaciones que el Gobierno español y responsables políticos vascos hicieron contra la izquierda independentista. Se vivió el acoso de quienes amenazaban con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, los insultos de políticos y profesionales de la información y, de modo irreversible y más doloroso, la muerte a manos de un policía español y su hijo del iruñearra Angel Berrueta y la de la hernaniarra Kontxi Sanchiz en una protesta reprimida por la Ertzaintza.

El fallo judicial recoge condenas de miles de años para los considerados autores materiales de los ataques registrados en la capital española. No obstante, la responsabilidad política de quienes, no sólo desde el Estado español, están alimentando la espiral de violencia que, por ejemplo, azota diariamente Irak o Afganistán no aparece en la sentencia. Y, por más que se intente negar la evidencia, el 11-M, como el 11-S, tiene ahí sus raíces.