Mientras el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, destacaba -en una declaración institucional leída en el palacio de La Moncloa minutos después de leerse la sentencia- que «se ha impartido Justicia» y llamó a los partidos españoles a «trabajar unidos contra el terrorismo», el líder del PP, Mariano Rajoy, se mostró dispuesto a «apoyar cualquier otra investigación porque hay autores intelectuales que no han sido condenados». Por su parte, el diputado de UPN-PP aseguró que la sentencia «sólo es el fin del primer acto, ya que quedan muchísimas incógnitas abiertas».

«Hoy se ha impartido Justicia y sobre ella tenemos que mirar hacia adelante, fortaleciendo la mejor convivencia entre todos nosotros», proclamó Zapatero.

El presidente del Gobierno español, además, destacó que la sentencia «demuestra el funcionamiento ejemplar de las instituciones, así como que los ciudadanos pueden confiar en la fuerza de la Ley y en el trabajo leal y eficaz de los encargados de aplicarla».

«Nuestras instituciones son la mejor protección que tienen los ciudadanos frente a la agresión del terror y por ello la respuesta es la que han tenido, tienen y tendrán, conforme a la Constitución y las leyes, cuantos intenten alterar por la fuerza la libre convivencia de los españoles», añadió.

«España es un país fuerte, que ama y defiende la libertad, que respeta y apoya sus instituciones y que mira al futuro con confianza», insistió Zapatero.

Minutos después de que José Luis Rodríguez Zapatero concluyera su declaración, el presidente del PP, Mariano Rajoy, intervino ante los medios de comunicación en la sede de su partido para destacar que «la mayoría de los condenados fueron detenidos en un tiempo récord por un Gobierno del PP, lo que permitió que se haya celebrado el juicio, se haya condenado a los autores materiales y se haya evitado la comisión de nuevos atentados».

Pese a mostrar su respeto por las decisiones judiciales, Rajoy señaló que apoyará «cualquier otra investigación que permita avanzar sin límites en la acción de la Justicia, ya que los acusados como inductores o autores intelectuales no han sido condenados como tales».

Junto a ello, Rajoy instó a «no bajar la guardia ante el terrorismo, sea éste del signo y de la naturaleza que sea. La mejor manera para luchar contra los terroristas pasa por llevarles a juicio y condenarles. Esa es la política de la derrota del terror, que siempre ha defendido y seguirá haciéndolo en el futuro el PP», declaró.

En apoyo de las tesis de Rajoy, salió Jaime Ignacio del Burgo, quien destacó que la «Policía no ha hecho una investigación seria sobre una posible implicación de ETA» y calificó de «endeble» la argumentación de la sentencia en torno a la mochila de Vallecas.

«El fallo deja en el aire la autoría intelectual de los atentados y no aclara la intencionalidad o impulso externo acerca de por qué se pusieron las bombas. Este sentencia sólo es el primer acto y será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra», dijo Del Burgo.

«Seguimos sin saber qué es lo que estalló exactamente en los trenes», añadió Del Burgo, quien destacó que los informes policiales son «absolutamente deleznables» y que la sentencia «no hace mención ninguna a Irak, tal y como esperaban algunos».

Silencio de Lakua

A diferencia de lo que ocurrió el 11 de marzo de 2004, cuando Juan José Ibarretxe fue uno de los primeros dirigentes políticos en comparecer ante los medios de comunicación, ayer ni el lehendakari, que se encontraba en México, ni ningún portavoz de Lakua realizó valoración alguna de la sentencia de la Audiencia Nacional.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, aseguró, por su parte, que la sentencia «supone un varapalo por parte del poder judicial al PP, que mantuvo una mentira durante tres días y tres años».

Para el portavoz del PSOE, «esta sentencia verifica que los autores de la masacre fueron islamistas radicales y que el atentado no tuvo nada que ver con ETA» y que «establece la verdad frente a la mentira, por lo que es un ejemplo para los países democráticos de cómo se imparte justicia sin acudir a leyes, normas o medidas excepcionales».

Antes de que Del Burgo hiciera público su planteamiento, desde el PSN, su secretario de Organización, Samuel Caro, pidió al diputado de UPN-PP, a quien calificó de «inspirador de muchas de las mentiras sobre el atentado más cruel de nuestra historia», que «no sólo retire sus libros oportunistas y partidarios, sino que pida excusas públicamente por su total falta de ética y por el descrédito que con su comportamiento ha generado en relación con un Estado de Derecho que siempre se impone a la mentira». Del Burgo fue uno de los representantes del PP en la comisión de investigación sobre el 11-M en el Congreso, donde puso en duda la autoría islamista de los atentados y criticó la investigación policial.

La diputada de Nafarroa Bai en el Congreso español, Uxue Barkos, se sumó a esta petición, señalando que «es absolutamente necesario que quienes pergeñaron, avalaron y difundieron la teoría de una supuesta autoría diferente al terrorismo islamista en estos atentados hagan expresión política de su error».

«Erraron entre el 11 y el 14 de marzo al tratar de desviar la atención de la opinión pública, erraron al tratar de condicionar los trabajos de la Comisión de Investigación, y siguen errando irresponsablemente al permitir que esa teoría de la conspiración siga instalada en buena parte de la sociedad».

PNV: «Que se zanje el tema»

El diputado del PNV Emilio Olabarria echó de menos que en la sentencia hubiera «algún tipo de identificación más clara y más precisa sobre la autoría intelectual de los atentados», pero deseó que el fallo judicial «zanje definitivamente cualquier duda sobre la supuesta relación con ETA».

El portavoz de IU-ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares, también destacó que la sentencia «resplandece la verdad material de los hechos y niega la conspiración y la fabulación política por interés partidista» y confió en que al fallo «le siga la unidad de las fuerzas políticas contra el terrorismo».