La aparición de la enfermedad de la lengua azul, que es inocua para el consumo y perjudicial para el sector ganadero, no responde a una fatal casualidad. Es la consecuencia de un modelo de desarrollo agrario muy frágil, que conlleva riesgos constantes.

Se puede contar como chiste que el origen de la enfermedad fue la mala fortuna que hubo cuando un camión con ganado vivo paró en el área de servicio de Oiartzun, momento en el que aprovechó el mosquito transmisor para picotear a las reses cautivas y a las que luego encontró en los alrededores. Las instancias oficiales parecen más proclives a hacernos creer que algo así sucedió. Sin embargo, se esconde el tránsito de camiones de ganado procedente de Andalucía o Extremadura, donde hace tiempo tienen problemas con esta enfermedad, para traerlo a sacrificar a nuestros mataderos. Tampoco hacen mención al negocio que se está haciendo con el ganado procedente de estas zonas, que al no afectar esta enfermedad a la salud de quien consume, se vende a un precio más barato, perjudicando económica y sanitariamente (mayor riesgo de transmisión) a las y los baserritarras de Euskal Herria.

Una vez más el interés económico de las empresas operadoras prevalece y socava la economía del sector ganadero. La sociedad en su conjunto también pierde, porque se ataca a su ganadería más cercana, gestora del territorio y proveedora de alimentos de calidad.

Lo cierto es que, en este sistema donde manda el beneficio a corto plazo y el mercado globalizado, las y los ganaderos se ven cada vez más obligados a depender del movimiento del ganado. Es un hecho habitual vender terneros a cebaderos externos que una vez engordados vuelven a nuestros mataderos para ser sacrificados y comercializados. Esto no tiene ninguna lógica sensata, si se tiene en cuenta que en Hego Euskal Herria la producción de carne de vacuno no llega a representar el 40% del consumo interno.

En el caso del vacuno de leche, que la política agraria (vasca) ha convertido en un sector intensivo y sin tierra, apenas hay recría y se depende de la compra de vacas lecheras de otras zonas para someterlas únicamente a la producción intensiva de leche, en perjuicio de sus cualidades cárnicas. Esto resulta un contrasentido en un país como el nuestro, consumidor de carne de ganado mayor (chuletas, solomillo...); la mayor pare de esta carne que se consume aquí es foránea.

El fraude que las grandes queserías han perpetrado en la DO Idiazabal, vinculado al supuesto uso de leches ajenas al ámbito de la denominación para hacer quesos que lleven su sello, y el interés de la industria quesera por introducir razas foráneas de producción intensiva a costa del pastoreo de la latxa autóctona son ejemplos de los riesgos que entraña el actual sistema económico, mediatizado por el negocio -en este caso agroindustrial-, y que disuelve poco a poco nuestra soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria, basada en una producción agraria local para el consumo interno, es una idea que está calando cada vez más en la ciudadanía/población consumidora. Sin embargo, las administraciones se niegan a asumirla. No potencian la producción agroganadera propia para satisfacer el consumo interno, lo cual sólo se puede hacer a través de un sector agrario sostenible en sus modos de producción, adaptado al medio y a una cultura rural y alimentaria propia. La reciente feria de Lurrama celebrada en Baiona ha sido una demostración muy didáctica de por qué y cómo son más beneficiosas una agricultura y ganadería sostenibles y vinculadas al consumo cercano. Es preciso potenciar el pequeño comercio, pequeñas estructuras de transformación autónomas y cercanas, mataderos comarcales... para producir y consumir local.

La Administración agraria está potenciando con dinero público todo lo contrario. El caso de Iparlat, Gurokela..., que hacen dumping al propio sector ganadero que dicen atender, es muy significativo. Ahora el consejero anuncia que venderán las acciones que tiene el Gobierno Vasco en esta empresa y a su vez abrirán alguna puerta para que entre una nueva inyección de capital a Gurokela (la decisión está políticamente aprobada), a quien tilda de proyecto «exitoso».

Baserritarras y consumidores tenemos que exigir a quienes gestionan el dinero público que, en el ámbito agrario y alimentario, lo dediquen prioritariamente a ir recuperando la soberanía alimentaria que estamos perdiendo, lo cual nos hace cada vez más frágiles como sector agrario y como país.