Gari MUJIKA |

Los ciudadanos vascos Ana López, Iñigo Albisu y Zigor Ruiz fueron arrestados el pasado 27 de abril en la localidad inglesa de Sheffield a partir de una euroorden emitida por Madrid, por la que se les acusaba de ser militantes de ETA. En diciembre se celebrará la vista en la que el Supremo británico analizará el recurso contra la luz verde dada inicialmente por Londres ante la petición española. Alastair Lyon, defensor de los tres vascos, ha estado estos días en Euskal Herria. GARA ha tenido la ocasión de recoger su opinión sobre este caso.

En el proceso judicial se ha visto que el tribunal ha atendido a ciertas peticiones de la defensa que han ralentizado la extradición, ¿no es así?

Cuando acudí por primera vez al juzgado me dí cuenta de que querían resolver el caso lo antes posible. Y, de hecho, es así como se diseña la euroorden. Sin embargo, en este caso salieron a la luz cuestiones muy importantes y el tribunal se vio obligado a examinarlas. La realidad es que cuando existe un trasfondo político, en algunos casos ocurre que hay elementos que tienden a salir, que no se ajustan a una legislación tan estricta. No se puede priorizar la velocidad a la justicia, y menos en este tipo de casos.

Tanto López como Ruiz y Albisu llevaban una vida normal. Tenían incluso contratos de trabajo. ¿Qué papel ha ejercido ese elemento en el proceso?

En este caso no lo han tomado en consideración, en absoluto. Uno de los mayores problemas es que cuando un país pide la entrega de una persona que está en otro Estado, realmente no salen a la luz todas las informaciones que el primer país pueda tener. No se cuenta con toda la información existente. Pondré un ejemplo concreto. Un artículo publicado en «El País» -es decir, una noticia fidedigna- se refería a la existencia de una euroorden previa a la empleada para la detención de los tres. Tenemos sospechas muy fuertes de que esa primera petición existe, pero no lo podemos probar. Y esto nos hace pensar que éste no es un proceso justo. Y la sentencia viene a decir que no estamos autorizados para indagar si existe o no esa petición, y el Estado español tampoco nos ha respondido a las cuestiones que hemos pedido que aclaren. Los abogados que representan al Gobierno español dicen que no están obligados a dar ese dato. Además, en ningún momento han admitido la existencia de esa primera euroorden.

El aspecto de las torturas sí que fue uno de los elementos que el tribunal aceptó analizar. ¿Cómo ocurrió?

Uno de los problemas de la tortura es lo difícil que es probarla. Sin embargo, presentamos documentos como el del Relator contra la Tortura de la ONU, que demostraban que en el Estado español la tortura existe. Pero como eso no ocurre en cada caso, el tribunal dijo que no había pruebas de que eso ocurriría.

¿Qué repercusión ha tenido este caso en Gran Bretaña?

Ahora mismo, en el Reino Unido, la mayor obsesión es el llamado «terrorismo islamista». Y es una pena, porque este caso serviría para dejar claro que hay algunas prácticas que se siguen manteniendo en Europa.

¿Qué obstáculos han tenido para ejercer la defensa?

Francamente, la primera dificultad es la ley, la euroorden. El objetivo es siempre que el caso se resuelva a gran velocidad, así que sólo hemos visto una pequeña parte de lo que este caso puede exponer. La razón radica en que se supone que los países europeos trabajan ya sobre un modelo estándar, pero eso no es cierto.

Desde su experiencia, ¿qué conclusiones extrae de este caso y proceso judicial?

Me parece sorprendente que en el siglo XXI haya posibilidad de que la gente sea detenida sin opción a un abogado, sin acceso a un médico de confianza, y que una confesión sea el centro del caso, cuando existe un riesgo real de que esa confesión haya sido forzada. Tenemos la experiencia con respecto a Irlanda, en casos como los seis de Birmingham o de los cuatro de Gilford, que pasaron muchos años en prisión por unas confesiones forzadas.

Como conclusión, no querría sugerir que Gran Bretaña tenga todavía grandes problemas con el respeto a los derechos humanos, pero una de las cosas que ha mejorado esto ha sido, por ejemplo, la de grabar todos los interrogatorios que se realizan a un detenido, grabar las detenciones o tener médicos en condiciones. En consecuencia, las denuncias por malos tratos han bajado notablemente. Entonces uno se pregunta: ¿Quién no tiene interés en que se apliquen esas medidas? Si la posición de alguien es que esos malos tratos policiales no existen, no sería difícil poder introducir estas medidas y entonces quedaría claro para todo el mundo.