Los servicios técnicos del Departamento de Hacienda han descubierto la venta de un inmueble en Urruña, propiedad de José María Bravo y su esposa María Rosa Cobos, por importe de 1,25 millones de euros, según informó ayer la Diputación.

La transacción se produjo el pasado 25 de junio, pese al embargo que pesaba sobre los bienes de los implicados, decretado por el juzgado instructor el 30 de mayo de 2007. Según precisó el departamento foral, la ejecución material de la venta fue obra de María Rosa Cobos, que actuó en su nombre y en representación de su esposo, ante un notario de Donibane Lohizune. Al parecer, el embargo judicial no había surtido efecto por encontrarse en trámite para su aplicación sobre los bienes que el inculpado tiene en el Estado francés.

A la vista de estos hechos, el Departamento de Hacienda y Finanzas ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de Irun la ampliación de la denuncia inicial por un delito adicional de alzamiento de bienes, en la que solicita al juzgado que sume el nuevo presunto delito a los que se vienen investigando en relación con este caso. Asimismo, solicita la investigación acerca del destino de los 1.250.000 euros producto de la venta, «para que esta cantidad sea embargada y se atiendan las responsabilidades derivadas del fraude cometido».

Una vez presentada la denuncia y en el momento en que el dossier sobre este presunto nuevo delito sea definitivamente completado, el diputado de Hacienda y Finanzas, Pello González, hará entrega del mismo a la comisión de investigación abierta por las Juntas Generales de Gipuzkoa.

«Tolerancia cero»

La Diputación dijo que «esta actuación forma parte de la investigación abierta por el Departamento de Hacienda y Finanzas, en la que están participando activamente sus servicios técnicos, incluso con personal destinado de forma especifica a este cometido».

De esta manera, según la Diputación, se pretende «facilitar en lo posible la labor de las autoridades judiciales y contribuir al esclarecimiento de todas las irregularidades cometidas». La institución reiteró que el objetivo es «garantizar que, además del cumplimiento de las posibles responsabilidades penales, se garantice la devolución de las cantidades defraudadas a la Hacienda Foral de Gipuzkoa» dentro del compromiso de «transparencia y tolerancia cero» asumido por la Diputación.