Portavoces de PNV, PP y EB tildaron de «populista» y «demagógico» el anunció de la concejala de Mujer del Ayuntamiento de Barakaldo, Dulcina Pereiro, de hacer públicos en la página web municipal nombres y apellidos de los maltratadores locales sobre los que exista una sentencia judicial firme. La declaración -apoyada por la Asociación Clara Campoamor- se produce a una semana del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, el 25 de noviembre.

La diputada del PNV en el Congreso español Margarita Uria afirmó que «censar» a los maltratadores por decisión de un consistorio, aunque esta medida se adopte por mayoría, no basta, sino que «tendría que estar incluido como consecuencia de una conducta delictiva en el Código Penal» español.

La diputada jeltzale consideró que, «por muy horrible que sea el delito, quien lo comete tiene que tener establecido en una norma con rango de ley cuál es la res- puesta». Por contra, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, declaró que la iniciativa es «exquisitamente legal», advirtiendo de que la violencia de género «no tendrá fin mientras la sociedad no aísle al maltratador».

Uria dudó sobre si, desde el punto de vista de las víctimas, «sería bueno o ni siquiera prudente» difundir el nombre de un maltratador en una lista pública en la propia localidad donde vive, «teniendo en cuenta que la personalidad del maltratador está marcada por la soberbia y la prepotencia».

Tapar la «ineficacia»

Desde las filas del PP, su portavoz en el Ayuntamiento de Barakaldo, Amaya Fernández, dijo que la medida «trata de tapar descaradamente la ineficacia» del Area de Mujer. La edil manifestó que esta medida «de gran impacto mediático pero escasa eficacia probada» contrasta con la labor del Consistorio en la puesta en marcha de la casa de acogida municipal y en la entrega de las subvenciones a los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres.

La portavoz de EB, Amaia Martínez, lo consideró una medida «populista, partidista y coyuntural» pero no es eficaz para prevenir la raíz del fenómeno del maltrato. Asimismo, consideró que es es una medida «muy barata para las instituciones» porque, según destacó, «no supone ningún coste económico como sí lo es aumentar las partidas presupuestarias dirigidas a políticas que realmente incidan en la prevención de estos fenómenos».