No se considerarán a sí mismos como tales, pero lo son. Me refiero a esos hombres que tienen hijos e hijas y que, sin escrúpulo alguno, cuando se rompe la pareja se «olvidan» de sus deberes como progenitores y no pagan las pensiones alimenticias a las que están obligados, condenando a su ex pareja y a su prole a la pobreza. Este es un tema recurrente en los programas electorales de los partidos y cuando se legisla, pero «curiosamente» no se desarrolla con políticas reales que atajarían el problema.

Tener hijos e hijas implica una responsabilidad de por vida o, cuando menos, hasta que tengan independencia. La manutención de la prole es una obligación del padre y de la madre obvia, pero en el fragor de la batalla contra su ex pareja demasiados utilizan el impago como un arma de acoso y derribo. No todos, porque hay de todo, y existen padres separados que siguen preocupándose de su prole y les prestan atención. Pero está demostrado que muchos se desentiende de sus hijos e hijas, recayendo todo el peso para «sacarlos adelante» sobre la madre. La casuística es diversa, desde quienes camuflan sus bienes a nombre de terceras personas hasta quienes llegan a acuerdos con sus empresas para cobrar gran parte del salario en negro. Esto, señores, es pura delincuencia, aunque no sea de las que preocupan al Estado para perseguirla como debiera.

El Gobierno británico, que cuenta con una agencia para asegurar el pago de estas pensiones, quiere hacer públicos los nombres de quienes no las pagan, así como impedirles las visitas; retirarles el pasaporte; incautarles el dinero en las cuentas bancarias; utilizar la información fiscal más reciente y las cifras de ingresos brutos, y no de ingresos netos, para evitar que se falseen con trucos fiscales las cantidades a pagar; cargar al incumplidor los costes de estas medidas; informar del incumplimiento a las agencias de crédito para que lo consideren un precedente negativo a la hora de conceder préstamos...

Por estos pagos, el Gobierno del Estado español y el Gobierno vasco han prometido la creación de un fondo de garantía para el impago de las pensiones fijadas en convenio o resolución judicial en los casos de nulidad, separación, divorcio o extinción de la pareja de hecho e, incluso, lo han recogido en sendas normas. El primero en la Ley de Violencia de Género y el vasco en la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, pero ninguno lo ha llevado a la práctica, a pesar de que el español tenía presupuestado para este año 10 millones de euros. El vasco, aunque la Ley de Igualdad va a cumplir en febrero de 2008 tres años, ni siquiera recoge en los Presupuestos para el año que viene cantidad alguna para crear dicho fondo.

Sugiero a Emakunde, a quien le han encomendado el estudio para la creación del fondo, que rescate de sus archivos el Proyecto de Ley y los estudios que le acompañaban, que allá por 1991 llegó incluso a estar en el Calendario Legislativo del Parlamento Vasco. Lo tiene hecho.