Las decisiones de política de salud pública tienen una enorme sensibilidad, trascendencia y gravedad, con consecuencias sanitarias, sociales, culturales, clínicas, económicas y también políticas. Y es necesario hablar y reflexionar sobre todo ello cuando hablamos de campañas de vacunación masiva.

En mi opinión, alrededor de la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) hay ignorancia voluntaria de muchos, desconocimiento involuntario generalizado, apoyo interesado de demasiados y silencio cómplice de otros tantos.

Lo diré lo más sencillamente posible. Por no complicar la cuestión dejaré de lado a los varones y hablaré únicamente de mujeres. El VPH se encuentra en los cuellos de útero de las mujeres tras iniciar las relaciones sexuales de penetración. El 90% de las que lo tienen eliminan este virus espontáneamente, sin ningún tratamiento, en 2-3 años. El 10% restante puede desarrollar lesiones precancerosas y también cáncer de cuello de útero (o de cérvix, que así se llama).

Está demostrado que para que una mujer desarrolle un cáncer de cérvix es necesaria -pero no suficiente- la presencia del VPH en el mismo. Porque también intervienen otros factores como el tabaquismo, la multiparidad, el uso de contraceptivos orales y, sobre todo, un bajo nivel socioeconómico (la pobreza), etc. Y otro factor fundamental, la ausencia de un screening efectivo (eso que en la calle se conoce como citología o Papanicolau). Porque si se hace el screening como se debe hacer, se pueden diagnosticar las lesiones precancerosas y tratarlas evitando así la progresión a cáncer. Está demostradísima la disminución del número de mujeres con cáncer de útero en relación con la implantación de programas de screening. Y también que, por ejemplo en Cataluña, de 104 mujeres a las que se diagnosticó de cáncer de cérvix, no se les había hecho ninguna citología a 87. De habérselas hecho, seguramente no habrían desarrollado el cáncer. Este uso deficiente del screening ha sido confirmado también por el estudio Afrodita, realizado el año 2005 por el Instituto Catalán de Oncología a 6.852 mujeres, de entre 18 y 70 años, de 17 comunidades autónomas.

Es cierto que en 2002 en el mundo se dieron 500.000 casos nuevos de cáncer de cérvix, que provocaron 275.000 muertes (una de cada diez de todas las muertes de mujeres por cáncer) y que éste es el segundo más frecuente entre mujeres de 15 a 44 años, sólo por detrás del de mama. Pero también es verdad que esto se da fundamentalmente en los países más pobres, y que en ese mismo año en el Estado español se dieron 2.100 casos nuevos de este cáncer (7,6 casos por cada 100.000 mujeres) y 740 muertes (dos por cada cien mil mujeres). Y, de hecho, Nafarroa aparece en muchos de los estudios internacionales al respecto como una de las zonas del mundo con menor tasa de incidencia de dicho cáncer. Esto lo confirman también los datos publicados por Osasunbidea-Servicio Navarro de Salud. Por tanto, donde sí podría estar indicada la vacunación es precisamente en los países pobres y en vías de desarrollo donde se da la inmensa mayoría de este cáncer y de las muertes con él relacionadas, aunque dudo mucho que sin ayuda internacional puedan sufragarla. Y esto sí es una cuestión de política sanitaria y de justicia.

Dos industrias farmacéuticas han estado trabajando en busca de una vacuna contra el VPH. Una de ellas ha logrado ya comercializar la suya; la otra está a punto de ser aprobada para que salga al mercado. Gardasil, nombre comercial de la primera, ha demostrado ser altamente eficaz para prevenir la infección por VPH y las lesiones precancerosas, con unos estudios cuya duración máxima ha sido de tres años. Pero, por cierto, en estos estudios sólo había 1.200 niñas de edades entre 9 y 15años, y a éstas sólo se les ha hecho seguimiento durante 18 meses... ¿Alguien considera estos números suficientes como para decidir vacunar a todas nuestras niñas de entre 12 y 15 años?

La industria farmacéutica cuya vacuna ha saltado ya al mercado está utilizando todas las armas a su alcance, y créanme, son muchas, para convencernos de la «necesidad» de la vacunación. Por ejemplo, organizó y pagó totalmente la Primera Cumbre Global sobre el Cáncer de Cérvix en París, en marzo de este año, de la que surgió la Coalición contra el Cáncer de Cérvix. No hay más que leer el diario inglés «The Guardian» del día 26 de marzo para conocer las tácticas que utilizó esta industria para «convencer» a médicos y a la sociedad de la «necesidad» de esta vacuna...

No es por eso de extrañar que siete sociedades científicas y la Asociación Española contra el Cáncer avalen la necesidad y la eficacia de dicha vacuna, aunque en su documento de consenso no aporten ninguna razón de peso para hacerlo. Ni que el Comité de Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría también lo haga, aunque en este caso queda muy claro que el primer firmante del documento es también miembro del Comité Asesor Europeo del VPH auspiciado por Sanofi Pasteur MSD (sí, la industria que lanza la vacuna), en lo que resulta un claro caso de conflicto de intereses.

La vacuna cuesta hoy 464 euros. El coste total de las vacunas para prevenir once enfermedades transmisibles (estudio catalán) es de 235 euros. Parece algo cara, pues. Lo que sería válido si fuera realmente eficaz. Pero, como no se sabe la duración de la eficacia de la vacuna, habrá que seguir haciendo screenings -y a poder ser, mejor organizados- a las mujeres, por lo que el coste de las vacunas se suma al que ya hacemos. Por eso, un estudio hecho en Canadá -donde la incidencia de este cáncer es el doble que en Nafarroa- afirma que, en el caso de que la inmunidad que provoque la vacuna durara toda la vida (algo que, insisto, no está demostrado), para evitar dentro de 15 o 20 años un solo caso de cáncer de cuello (no una muerte, que se puede prevenir con las técnicas de screening bien realizadas y planificadas) habría que vacunar hoy a 324 niñas (lo que tiene un coste sanitario añadido al actual de 150.336 euros), pero si la inmunidad de la vacuna fuera de 30 años, el número de niñas a vacunar para evitar un sólo caso de cáncer de cuello (no una muerte) es de 9.080 niñas (con un coste sanitario añadido al actual de más de 4 millones de euros). Parece a todas luces un gasto superfluo.

Volviendo a la decisión política de implantar la vacuna, merece la pena recordar que Ana Pastor, en febrero de este año, reclamó incluir esta vacuna entre las prestaciones de la Sanidad pública en un foro de periodismo sanitario organizado con el apoyo de la Consejería de Sanidad de Canarias y el laboratorio MSD (la misma industria farmacéutica). La consejera de Salud de Navarra afirmaba en octubre de este año, tras la aprobación de la vacuna por el Consejo Interterritorial, que su decisión era poner en marcha la vacunación «sea cual sea la decisión de Madrid». La vicepresidenta del Gobierno de España, Mª Teresa Fernández de la Vega, afirmaba en esas mismas fechas que la decisión se había tomado «en tiempo récord», como si la velocidad fuera un valor a tener en cuenta en una cuestión de salud pública tan delicada. Lo que también es aplicable al consejero de Salud de La Rioja, José Ignacio Nieto, que ha indicado que La Rioja es la primera comunidad en implantarla y afirma orgulloso que «puede que otras comunidades lo hagan a la vez, pero nadie lo va a hacer antes que La Rioja».

De los datos presentados se debe afirmar que no hay epidemia de cáncer de cérvix en nuestro medio y que dicho cáncer presenta un curso progresivo y lento que puede ser detenido en varios momentos, por lo que las muertes a él debidas deben ser consideradas como un fallo del sistema de salud. Además, parece lógico pensar, desde todos los puntos de vista, que no se deben introducir nuevos métodos de prevención sin considerar su valor y coste añadidos. Si se añaden vacunas, deben ir acompañadas de menos screening para ser coste-efectivas y en este caso no va a ser así, porque sigue siendo absolutamente necesario hacer el screening a las mujeres. Por otro lado, nadie sabe cómo afectará la vacuna a la salud de las mujeres que, al saberse vacunadas y creer erróneamente que están inmunizadas para el VPH, pueden dejar de practicar sexo seguro (o de utilizar preservativos) o no someterse a las pruebas de screening...

Considero que éstas, y otras que en este momento no hago, constituyen un número suficiente de preguntas sin respuesta como para concluir que el programa de vacunación universal de niñas es prematuro y de posibles consecuencias negativas no buscadas para las personas y la sociedad. Pero corresponde a las autoridades sanitarias afirmar lo contrario, algo que no han hecho aún, porque ni siquiera han aclarado cuáles son los objetivos reales de la vacunación masiva de niñas. Mientras no lo hagan, seguiré apoyando la moratoria en la puesta en marcha de dicha campaña.