Anjel Figueroa es uno de los doce presos políticos vascos que se encuentra gravemente enfermo. En los últimos tiempos, desde distintos organismos se ha advertido sobre la preocupante situación en la que se encuentra y se ha exigido su inmediata puesta en libertad. Su estancia en prisión ha provocado un notable deterioro de su estado de salud.

Figueroa va a cumplir 36 años en diciembre. Lleva encarcelado desde 1994. Antes de ser apresado, tenía diagnosticado un mal febril, que se traducía en crisis de epilepsia que se reproducían de una manera constante. Sin embargo, según explica su madre, Mari Carmen Fernández, hasta 2005, cuando sufrió un ataque en el patio de la cárcel de Córdoba del que dieron cuenta sus compañeros, «no teníamos conciencia clara de lo que tenía. Antes de que entrara en la cárcel eran pequeñas ausencias, una pérdida de conciencia durante unos pocos segundos. Desde entonces las crisis son cada vez más largas y frecuentes; se ha pasado de una pérdida de conciencia a la pérdida de conocimiento».

En 2006 fue operado. En poco más de un año, en vez de mejorar, ha sufrido más de 20 crisis epilépticas con pérdida total de conocimiento, y con los golpes que ello conlleva al caer desplomado al suelo. Sus abogados reclamaron la libertad condicional en función del artículo 92; sin embargo, le fue denegada por la Audiencia Nacional española a finales de julio. Las crisis que sufre no remiten, se repiten con más frecuencia e intensidad. La medicación también le ha sido aumentada. Incluso, tras la última revisión efectuada en el Hospital de Cruces, le han diagnosticado que padece una epilepsia incurable.

«Hay leyes, no justicia»

Fernández manifiesta que la situación carcelaria es lo más nefasto para cualquier enfermedad y más aún para la de Anjel. El tratamiento recomendado por los médicos dice que para evitar sufrir los ataques necesita vivir en un entorno tranquilo, relajado, sin pérdida de sueño y con la medicación adecuada; factores todos ellos que no se cumplen. Por si fuera poco, una semana después de su último ingreso en el hospital, ha sido trasladado a Córdoba, provocándole nuevos ataques.

Para la madre de Figueroa, esta decisión responde a la política de «ensañamiento y venganza» que lleva a cabo el Gobierno español contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos. Existen, a su juicio, «dos varas de medir». Asegura que «si Anjel no fuera un preso político vasco, estaría en la calle». Recuerda el caso del ex general Rodríguez Galindo, condenado por los secuestros y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala, en libertad tras alegar problemas de salud. Mientras, su hijo continúa en prisión. «Hay leyes, no justicia», critica.

Dentro de esa política enmarca también la dispersión y reclama su inmediata desaparición. «La idearon para que los presos no tuvieran un colectivo fuerte y se fueran arrepintiendo, pero no lo han logrado. Pensaban que al no estar juntos, se irían anulando. Sin embargo, a los que de verdad está afectando es a nosotros, a las familias».

Fernández conoce de cerca el peligro que supone tener que desplazarse a cientos de kilómetros de casa para realizar las visitas. En 1997 sufrió un accidente de coche cuando se dirigía a visitar a su hijo y su madre falleció. «Tienen que tener claro que estas personas han entrado a la cárcel con unas ideas determinadas y son coherentes con lo que piensan. No les van a hacer cambiar, les lleven donde les lleven. De rebote, nos están haciendo daño a las familias, que no hemos cometido ningún delito», denuncia. Subraya que ni siquiera en el último proceso de negociación, han notado mejoría en su situación.

Los familiares han acudido a diferentes instituciones para dar a conocer su caso, como la Comisión de Derechos Humanos de Lakua, pero tras escuchar «palabras bonitas» no se han traducido en hechos. Pese a todo, dice que seguirá luchando y espera que la iniciativa popular que se ha conformado en Getxo para exigir la puesta en libertad de Anjel Figueroa sirva para conseguirlo.