La política vasca gira incesantemente sobre su propio eje, dando vueltas en secuencias que parecen calcadas unas de otras. De nuevo, y tras casi 4 años de retiro espiritual, el resucitado lehendakari Ibarretxe vuelve a la carga con la puesta en escena de la segunda parte de la película «Yo tengo un plan».

Uno no esperaba que la saga del Plan Ibarretxe continuara después del desastre en taquilla de la primera parte, que dejó las arcas de votantes peneuvistas muy por debajo de las expectativas iniciales. Incluso, no fueron pocos los que confiaron en el reclamo publicitario y se llevaron el fiasco de la década.

Ahora, repetimos. El lehendakari y sus colaboradores parecen especialmente obsesionados con gestionar los periodos entre-treguas y, tal como hicieron tras el fracaso del ciclo de Lizarra-Garazi, ahora ven el momento de intervenir con un protagonismo que no quisieron tomar mientras duraron las conversaciones entre la izquierda abertzale y los representantes del Gobierno español.

El PNV y sus socios del tripartito aprovechan los errores ajenos para encumbrarse sin tener que arriesgar gran cosa; ello no sólo es lícito, sino que en política es lo habitual, lo que explica por qué es tan difícil encontrar políticos con altura de miras.

En efecto, entre el culebrón de la consulta y el del juicio, al actual inquilino de Ajuria-Enea le ha surgido la ocasión de pasar a primera línea informativa para tratar de plasmar gráficamente que el problema del estado es con él y con su gobierno de la voluntad popular. Aunque Ibarretxe ni represente a los vascos y vascas de todo Euskal Herria, ni siquiera a la mayoría de los de la CAV, malamente representados en la actual situación de apartheid político.

No obstante, aunque el grado de representatividad sea cuestionable, ello sería secundario si hubiera voluntad real de confrontar un proyecto soberanista con la actual organización administrativa del Estado español. En esa hipotética estrategia de confrontación la consulta popular podría ser un precioso instrumento para marcar las posiciones de inicio, es decir, cual es el respaldo popular real con el que cuenta cada uno de los dos proyectos para hacer valer sus posiciones en una -también hipotética- mesa de negociación futura, donde debería perfilarse un acuerdo político que integrara a soberanistas y estatalistas.

Claro que ahora mismo y con los datos que hay sobre la mesa, todo son especulaciones sin mucho fundamento, a no ser que la actitud de los precursores de tal estrategia mostrara signos de algo diferente. Me refiero, por poner un ejemplo, a que la actitud reivindicativa del Gobierno de Gasteiz pasara de las palabras a los hechos en cuestiones relacionadas con la actual insuficiencia competencial.

En ese sentido, es paradigmático lo ocurrido durante esta semana. Por un lado, los 25 años de la Ley de Política Lingüística con sus celebraciones y festejos, no pueden ocultar el fracaso que supone haber perdido una nueva generación para el euskara. Los avances que ha experimentado el conocimiento del euskara entre los menores de 30 años no pueden ocultar la realidad de toda una generación, comprendida también en esa franja de edad, que es incapaz de expresarse en esta lengua, que ni la utiliza ni siquiera la entiende. De esta manera se ha vuelto a prorrogar otros 25 años la condena del euskara en la cárcel de la diglosia.

Por otro lado, lo ocurrido con Hobetuz ilustra con claridad en qué posición se sitúa el actual ejecutivo de Gasteiz. Sin competencias en materia de formación continua de los trabajadores y trabajadoras de la CAV, tuvo que ser un consejero del PSOE el que hiciera frente a la situación acordando con los sindicatos la creación de la Fundación Hobetuz. En estos años, los sucesivos gobiernos de PNV y EA no sólo no han avanzado en la reclamación de las materias sociales pendientes, sino que lo que había, caso de Hobetuz, ha ido vaciándose de contenido hasta llegar a lo testimonial, esa imagen de autogobierno de cartón-piedra que tanto gozan exhibiendo en los anuarios estadísticos de Lakua.

En ambos casos, euskara y contenido social del Estatuto, el gabinete Ibarretxe ha tenido una magnífica oportunidad para demostrar que la razón democrática de la mayoría social en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa está por encima de los designios españoles. Sin embargo, en lugar de avances, han ido doblando el espinazo en cesión continua a la voluntad española, unas veces expresada vía gobierno y otras, vía judicial.

Así pues, es poco creíble que quien no está dispuesto a pelear por lo que ya le asiste en derecho, vaya ahora a dejarse la piel en una confrontación soberanista cuyo destino más cercano es la cárcel.

En consecuencia, es más atinado pensar que las boutades de Ibarretxe no son más que redes pelágicas a sumergir en las aguas del independentismo, en un momento, además, donde la falta de un horizonte nítido se conjuga con una constante represión policial. La estrategia de la pinza no es nueva, pues ya la pusieron en práctica durante el mandato de Aznar. Ante estas condiciones de entorno, el independentismo obviamente deberá ganar tiempo para relanzar su oferta y asentar unas pautas de actuación política con iniciativa.

En cualquier caso, la noria vasca debe seguir dando vueltas.