Ambas conocen de primera mano lo complejo y duro que es el problema de la violencia contra las mujeres. La primera, porque su profesión la ha llevado a trabajar codo a codo con las víctimas; la segunda, porque lo ha vivido y sufrido en sus propias carnes. Para ellas el de hoy es un día como los demás, porque, por desgracia, la violencia de género está presente en su día a día. La abogada Juana Balmaseda lleva prácticamente desde que comenzó a ejercer esta profesión tratando con mujeres víctimas de la violencia machista. Sonia Franco lleva años intentando pasar página y olvidarse de los episodios violentos que vivió junto a su ex compañero. GARA ha querido hablar con ambas para profundizar en sus experiencias.

Recuerda Balmaseda que la situación ha cambiado, y mucho, en los últimos años. «Antes, incluso, no se llamaba violencia de género. La problemática era negada e ignorada. Las mujeres acudían a las comisarías diciendo que sus maridos las habían amenazado y no les hacían caso». Explica que «era algo que existía en la sociedad, pero no se asumía que eran graves conductas delictivas y, por lo tanto, dignas de castigo». Incluso, comenta que «se pensaba que era algo que formaba parte de la vida matrimonial».

Afortunadamente, la situación ha mejorado en los últimos años gracias a la labor y la lucha de muchas mujeres, tal y como subraya Balmaseda: «Ha sido una lucha de las mujeres en general y ha contado con un compromiso especial del movimiento feminista, que ha sido el movimiento que socialmente más importancia ha tenido en el siglo XX». Debido a este esfuerzo «se ha visibilizado la situación en la que han vivido las mujeres y se ha tomado conciencia de que hombres y mujeres son iguales, a pesar de la situación de radical desigualdad que continúa habiendo».

Como ha sucedido con otros temas, los poderes legislativos tuvieron que responder a una demanda social que cada vez estaba adquiriendo más fuerza. «El movimiento feminista pone de manifiesto la desigualdad existente, pelea para que esa desigualdad se corrija y es ahí donde se empieza a tomar conciencia de que las mujeres somos sujetos de derecho y cuando se pide que esto no puede ser tolerado por la sociedad. Si no hubiese habido un movimiento social importante y reivindicativo, el Estado nunca hubiera movido ficha, porque ésta es una sociedad muy masculina», resalta. Recuerda que poco a poco, «tímidamente», el Código Penal empezó a responder a estas conductas. «Se comienza realmente a utilizar las herramientas jurídicas para dar contestación a estos fenómenos tan graves».

Durante su larga trayectoria, Balmaseda ha tenido ocasión de comprobar que el perfil de las personas que son víctimas de la violencia contra las mujeres es amplio, amplísimo: «Hay mujeres maltratadas de todo tipo y condición, con independencia del estatus social, la formación, la edad... por desgracia es un fenómeno que está muy arraigado». Tampoco se puede realizar un perfil concreto sobre los maltratadores: «Hombres de buena posición social, de pocos recursos, sin habilidad social, con habilidad social... Hay profesores de universidad, abogados...».

Todavía hoy, acudir a una comisaría y denunciar al agresor resulta un paso difícil de dar. «Las razones son diversas: puede que la dependencia emocional que siente hacia su maltratador le impida denunciarlo; el miedo a vivir sola; la creencia de que tienen que salvar ese matrimonio por encima de todo; el hecho de que no reconocen la realidad que tienen delante; la vergüenza, porque es muy duro ir a un sitio y decir que tu marido de maltrata...», enumera. En este punto, incide en que la educación sentimental que se recibe es nefasta y tiene consecuencias negativas. «El amor está muy idealizado: se nos dice que el hombre nos va a redimir y nos va a querer por encima de todo. Se nos vende una película que nada tiene que ver con la realidad de dos personas adultas que se respetan y se quieren. Ese quererse no tiene nada que ver con todo esto, porque si una persona nos quiere no nos hace daño».

Además de dar el paso para denunciar, las víctimas han de prepararse para afrontar el proceso. «Es verdad que durante las campañas de lucha contra los malos tratos se pone énfasis en la denuncia, pero las víctimas lo que piden también es protección, es decir, que cuando se decidan a denunciar se las proteja, porque está comprobado que una vez que denuncian es cuando verdaderamente comienza el riesgo para ellas».

De ese modo lo percibió en su momento Sonia Franco, una mujer luchadora, que un día se plantó y acudió al juzgado a denunciar a su compañero. Su historia es conocida, nunca se ha escondido. Ha contado sus vivencias porque «no tengo por qué callarme». Actualmente es la secretaria de la Asociación Contra la Violencia Doméstica y en Defensa del Menor (Acovidem).

Hace año y medio relataba a GARA su impotencia ante la inminente salida de prisión de su compañero, con el que había convivido hasta tres años antes, cuando decidió hacer las maletas y dejar atrás aquel infierno. Una agresión física fue la gota que colmó el vaso, pero su convivencia con esa persona estuvo marcada por un maltrato sicológico constante. Tras dejar la vivienda familiar y ante el acoso de su ex compañero, acudió a los juzgados para denunciar todo lo que había sucedido.

Esa protección, que en esos momentos le resultaba tan necesaria, no llegó hasta pasados algunos meses, tras denunciar por segunda vez a su compañero, que la acosaba continuamente. La orden de alejamiento que dictaron en esta segunda ocasión resultó ser «una raya pintada en el suelo que él rebasaba un día sí y otro también». Su tranquilidad llegó dos años después, cuando el juez dictó una pena de 27 meses de prisión y el agresor fue encarcelado. «En ese momento estaba segura, al fin, de que no podía hacerme daño, iba por la calle tranquila sin mirar atrás. Era tal el miedo que sentía por él que al principio oía detrás de mí el sonido de unas llaves y me quedaba clavada, y todo porque él tenía la costumbre de llevarlas colgando».

Esa tranquilidad duró poco, hasta que meses después le notificaron que su agresor podía salir de prisión; y se lo confirmaron tan sólo horas antes de que lo hiciese. «Me avisaron al mediodía y me dijeron que estaba a punto de abandonar la cárcel». El miedo se apoderó de ella, por lo que acudió rápidamente a la comisaría a pedir protección.

Desde el pasado mes de diciembre, Franco apenas da un paso sin notificárselo a su guardaespaldas, que la acompaña allí a donde vaya. Sin embargo, teme que algún día de estos deba prescindir de este servicio. «Yo sé de casos en los que, alegando que durante el tiempo que ha estado con el guardaespaldas no ha sucedido nada, se lo han quitado. No lo entiendo, seguro que a los políticos no les dicen lo mismo. Nos dicen que no hay recursos para todo; si no los hay, que los repartan o ¿es que nuestra vida vale menos que la de ellos? Que se lo pregunten a mis hijos», espeta.

Mientras llegue ese momento, la persona que la acompaña espera su salida de casa cada mañana; después de verificar que su ex pareja no se encuentra en los alrededores, la espera hasta que sale del trabajo; va junto a ella a buscar a sus hijos a la escuela; y la despide al atardecer cuando regresa de nuevo a casa. Reconoce que quizás no sea la mejor solución, puesto que opina que «el que debía estar controlado es él, pero como eso no ocurre...». Sabe que su ex pareja pasa por delante de su trabajo, porque el escolta que la custodia se lo comenta. «Lo hace días después -matiza-, para que no me asuste».

Preparada sicológicamente

Sicológicamente, Sonia Franco ha debido realizar un inmenso trabajo de fortalecimiento. «Ha habido momentos en los que creía que me volvía loca; he realizado un tratamiento sociológico y eso me ha ayudado en ello». Aun así, cuenta que cuando decidió acudir a los juzgados lo hizo convencida de que no iba a echarse para atrás. «En ocasiones me he sentido muy mal, pero he seguido adelante sin dar un paso atrás ni para coger impulso».

En la necesidad de tratamiento sicológico insiste también Juana Balmaseda. «La asistencia sicológica a la víctima es muy importante, porque en la medida en la que se encuentren más seguras desde el punto de vista sicológico estarán en mejores condiciones también para poder afrontar un proceso como éste», afirma. Y es que «la denuncia no es más que el principio de algo, nunca es el final de nada. Las víctimas -insiste- necesitan apoyo sicológico, necesitan mucha preparación, necesitan entender qué es lo que les ocurre... y eso necesita tiempo y la intervención de muchos profesionales, porque el problema del maltrato tiene múltiples dimensiones, es un tema de configuración poliédrica que ha de ser abordado desde distintos aspectos». De hecho, ambas saben que hay mujeres que no logran afrontar el proceso. «Muchas veces estas personas vuelven otra vez con su agresores, porque tienen una dependencia emocional y afectiva muy grande hacia la otra persona, ese hombre al que quiere, al que busca. Cuando ha pasado ese momento en el que se ha descargado emocionalmente durante la denuncia, quieren volver a vivir junto a él y el sistema penal no siempre termina encajándolo bien, porque se puede pensar que está mintiendo». Reflexión que Balmaseda extrae de su experiencia en los tribunales.

Dificultades económicas

Las dificultades también son económicas. Sonia Franco dejó de trabajar por las tardes, para poder así atender a sus hijos, por lo que cobra la renta básica. Al no recibir la pensión que ha de pagar su ex compañero, acudió a la Diputación guipuzcoana, donde como solución le plantearon ejecutar la sentencia, lo que conlleva iniciar otra vez pleitos judiciales. «Eso. De nuevo me ponen en la palestra ante él. Si llevan a cabo un embargo, lo hará la Diputación, pero ante él yo sigo siendo la única culpable». Por ello, insiste en la necesidad de que Lakua cree un fondo de pensiones para este tipo de impagos y que sea la Administración la que obligue a los padres morosos a devolver el dinero que se hubiera adelantado como pago de las pensiones de alimentos para los hijos.

Otro punto complicado es el régimen de visitas a las hijas e hijos. Sonia Franco tiene dos, una hija de una anterior pareja y un hijo de siete de su ex agresor. «Las visitas estaban suspendidas tras su salida de prisión, pero un juez, por oficio, decidió restablecerlas, aunque mi hijo hizo la pericial e hizo constar que no quería ver a su padre. No sé para qué se les pregunta si luego no se les hace ni caso. Le decretaron que los fines de semana alternos tenía que verse con su padre durante dos horas».

De acuerdo o no, a ella no le quedó otra alternativa que llevar a su hijo «a rastras» al punto de encuentro. «El niño no quería ir, y cuando iba quería salir antes». Ante esta situación, la abogada de Franco pidió la suspensión del régimen de visitas, que todavía no ha sido resuelta. «Él ha dejado de venir a las visitas. Sin embargo, yo todavía tengo que llevar a mi hijo para cumplir la ley». Asegura que los niños sufren mucho en este tipo de situaciones. Con ella coincide Balmaseda: «A veces presencian los malos tratos, con lo cual también son víctimas del maltrato; sufren mucho y, sobre todo, están teniendo un ejemplo nefasto de cara a entender lo que es una relación entre un padre y una madre. Lo que los niños necesitan es que se les proteja y se les quiera. Ver a una madre que sufre, insultada, a la que le dicen que no vale nada...».

Los derechos de niñas y niños

Por ello, al igual que Franco, Balmaseda considera que el sistema tiene que proteger a los menores. «Para ello hace falta que los jueces entiendan también la violencia que sufren los niños y éstos tengan amparo judicial. Si decimos que él es un maltratador, pero que como es padre no se le pueden quitar las visitas, lo que hay que evaluar es el daño que se le hace al menor». Ambas coinciden tajantemente en una idea: «Lo que tiene que prevalecer son los derechos de los niños». En mucha ocasiones, además, estos menores se convierten en un medio para seguir haciendo daño a la mujer. «A mí me duele que mi hijo no quiera ver a su padre y tenga que acudir forzosamente, pero me duele también que acuda y su padre no aparezca, porque quieras o no el niño se pregunta por qué. Él sabe que de esa manera daña al niño pero, al mismo tiempo, también a mí».

Franco afronta su día a día con la mayor firmeza posible. Sin embargo, al preguntarle sobre su perspectiva de futuro no se muestra tan esperanzada: «Yo creo que todo esto no va a acabar hasta que alguno de los dos, él o yo, nos muramos».

La abogada, por su parte, considera que el fenómeno de la violencia contra las mujeres «tiene que avanzar, debe ser una lacra que se pueda erradicar». En su opinión, además de medios jurídicos y legales, hay que poner en marcha recursos relacionados con la educación. «Hay que educar a las nuevas generaciones en la idea de que los hombres no pueden maltratar a las mujeres; que hombres y mujeres son iguales y que merecen el mismo respeto y consideración». El reto, por tanto, es pasar a dar el salto desde la igualdad formal o legal a la igualdad real y efectiva, y para ello hay que abordar el problema de raíz. Lo hecho hasta ahora no ha funcionado y, como apunta la letrada, muestra de ello es que «un chico de 22 años viole o maltrate a una chica de su edad».

Al mismo tiempo que se trabaja en la educación, también insiste en la necesidad de que el maltrato sea socialmente apartado, al igual que los maltratadores: «Debe estar mal visto, nadie lo puede aceptar; en una empresa, por ejemplo, debe ser un motivo de demérito que un hombre haya maltratado a su mujer».