Cuando, siendo todavía precandidato, García Macua anunció que no iba a contar con los servicios de Txato Núñez, era consciente de que se acababa de meter en un callejón sin salida que le iba a costar, como mínimo, 900.000 euros al club en caso de que él fuese presidente. Con aquel anuncio, populista y simple a más no poder, cerró las puertas a cualquier negociación con el ex jugador campeón en los 80 -hay que ver cómo se trata a las figuras históricas del club, por no hablar del funeral de Javier Eskalza donde tan sólo hubo un directivo del club- en lo concerniente a su cláusula o sus funciones. Es cierto que el fallo judicial exime al presidente del Athletic de haber hecho «mobbing» a Núñez, pero tampoco es mentira que la sentencia no deja en muy buen lugar al tratamiento que los rectores de Ibaigane le han dado al ex delegado.

Ahora, mientras el periodico al que se le filtró la sentencia a mediodía del martes anuncia a bombo y platillo que el staff de Lezama cuesta 800.000 euros menos que antes, resulta que otros 900.000 se van a ir en algo que podía haber sido negociado en caso de haber existido un poco de «gure estiloa» y menos ganas de ganar las elecciones a toda costa. Pero, a todo esto, hay que sumar otro factor: que la asamblea, a sabiendas de que quien realmente iba a decidir era un juez, dijo que no había que pagar el blindaje. Por tanto, y tras haber realizado dicha escenificación, la coherencia y lealtad hacia la misma le debería obligar a recurrir el fallo.