Ekologistak Martxan y la plataforma Ezpitsua llevan desde hace más de un año -su primera queja fue presentada el 24 de octubre de 2006- denunciando ante el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Gasteiz la existencia de obras ilegales en la servidumbre pública del que fue humedal marítimo-terrestre de Zuloko-Ibarreta, en Barakaldo, por parte de la promotora de Megapark, la firma Arcona Ibérica. Estos colectivos critican «la más absoluta impunidad» en que se mueven los impulsores de esta gran superficie comercial.

Tras numerosos requerimientos a Lakua, el pasado 12 de noviembre reclamó al Ayuntamiento y a Megapark que «re- tiren las construcciones ilegales realizadas», explicaron ayer los portavoces ecologistas. En el escrito se emplaza a ambas partes para que presenten en el plazo de un mes un programa para la retirada de dos centros de transformación modulares, desmontar la parte del parking que invade el área protegida, retirar los contenedores de residuos o limpiar los restos de obras en los taludes revegetados, entre otros.

El escrito les advierte una vez más de que, en caso de no obedecer la orden, incoará un expediente sancionador. Los ecologistas dudan del poder co- ercitivo del Gobierno de Gasteiz hacia el Ayuntamiento de Barakaldo y Arcona Ibérica.

Ekologistak Martxan y Ezpitsua manifestaron que, «ante las denuncias por evidentes ilegalidades, la respuesta institucional es seguir dejando que pase el tiempo y las agresiones se diluyan en una montaña de papeles». Es más, lamentaron que Zuloko-Ibarreta se haya convertido en «el coto privado de Megapark-Ikea, con la colaboración directa del Ayuntamiento de Barakaldo y la complicidad del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco».

Esta reflexión la efectuaron tras recordar que la construcción de este gran parque comercial y de ocio terminó con «el último humedal marítimo-terres- tre del estuario del Nervión» y fue declarada ilegal por los tribunales por haber sido «ejecutada sin ningún control municipal sobre la adecuación de la urbanización al proyecto aprobado». Finalmente, a través de un informe ambiental que los ecologistas califican de «irregular» se legalizó el proyecto. Sus autores fueron Lakua y el Consistorio baracaldés, a quienes acusaron de no velar por la protección del medio ambiente.

El último requerimiento de Lakua es similar al que el 28 de octubre de 2006, cuatro días después de la denuncia de los organismos ecologistas, el Departamento autonómico de Medio Ambiente realizó a Arcona Ibérica. Le dio un plazo de un mes y le aseguró que podrían acometerse las labores de retirada de las instalaciones ilegales «subsidiariamente por parte de la Administración y a cargo del responsables».

El 23 de mayo de 2007, frente a la inactividad institucional, se presentó una nueva denuncia que fue contestada el 12 de noviembre pasado con un nuevo requerimiento a la empresa.