ANÁLISIS | Tras la movilización por el derecho a decidir
Madrid y las infraestructuras dan alas al soberanismo catalán
Muchos de los manifestantes tenían la vista puesta en el Tribunal Constitucional español, que en los próximos meses debería resolver el recurso del PP contra el Estatut.
Laia ALTARRIBA i PIGUILLEM Periodista
Barcelona acogió el sábado una manifestación por el derecho a decidir que reunió a decenas de miles de personas. Ante esta situación, todas las formaciones políticas catalanas han tenido que reposicionarse frente a las reivindicaciones soberanistas.
La masiva manifestación que el pasado 1 de diciembre recorrió el centro de Barcelona ha obligado a todas las formaciones políticas catalanes a reposicionarse frente a las reivindicaciones soberanistas que encontraron su eco en los cientos de miles de manifestantes que convocó la Plataforma pel Dret de Decidir (PDD).
El mismo president Montilla, cuyo partido no secundaba la marcha del sábado, se comprometía este lunes a asumir el «mandato exigente» de los manifestantes para superar los problemas de infraestructuras actuales. Pero consciente de que la movilización tuvo un alto componente de reivindicación soberanista, aseguraba también que interpretaba la indignación de la ciudadanía como un estímulo para continuar negociando con firmeza el desarrollo estatutario.
Las palabras del president de la Generalitat se comprenden si tenemos en cuenta que muchos de los manifestantes tenían la vista puesta en el Tribunal Constitucional español, que en los próximos meses debería hacer público su dictamen sobre el recurso presentado por el PP contra el Estatut. Los mismos portavoces de la PDD han advertido de la posibilidad de nuevas movilizaciones si el Estatut no lograr superar el veto de la Justicia española.
Para entender el éxito de una de las mayores movilizaciones que han vivido los Països Catalans después del franquismo, pues, hay que tener en cuenta muchos factores: están los problemas que ha creado el AVE en los trenes de Cercanías y que han sido la gota que colmó el vaso; está la pugna entre CiU y ERC para lograr la hegemonía dentro del espectro soberanista; está la pérdida de peso de la economía catalana frente a Madrid; y está lógicamente el hartazgo de gran parte de la población por tener que estar continuamente regateando más competencias con el Gobierno español.
Después de la movilización, las cúpulas de las formaciones parlamentarias se han reunido para analizar el camino a seguir a partir de ahora. El líder de CiU, Artur Mas, aseguraba que el modelo autonómico está agotado y pedía una nueva relación entre Catalunya y España. Esta reflexión encaja con la reformulación que Mas presentaba hace unas semanas en conferencia frente a representantes del mundo empresarial catalán, donde se sumaba de forma explícita a la exigencia del derecho a decidir sin límites. El motivo que explica en buena medida este cambio discursivo hacia una posiciones más abiertamente soberanistas es doble: no hay que olvidar las elecciones generales están a la vuelta de la esquina ni tampoco su voluntad de recuperar el gobierno de la Generalitat.
Por su parte, ERC lanzaba a la PDD una propuesta para que reúna a todos los partidos para elaborar un programa de mínimos sobre infraestrucutras con el cual la formaciones catalanas acudan conjuntamente a negociar a Madrid. De momento esta interpelación no ha recibido respuesta de las otras formaciones.
Otra de las formaciones políticas que también secundó la convocatoria del sábado fueron las CUP. Estas candidaturas municipales de la izquierda independentista han celebrado que la movilización ha puesto sobre la mesa la reivindicación independentista y que «una parte significativa de la sociedad catalana está expresando en los últimos tiempos que no quiere continuar participando (ni formando parte) de un proyecto que atenta contra sus intereses como personas y como pueblo».
Al margen de la propuesta de acudir a Madrid de manera unitaria, ERC está trabajando desde el Govern para confeccionar la nueva ley sobre consultas populares que prevé el Estatut. Aún no se conoce, pues, su contenido, pero la reunión prevista para la semana que viene del conseller de Governació y secretario general de ERC, Joan Puigcercós, con el Cercle d'Estudis Soberanistas da pistas del espíritu con el que se elabora la propuesta legislativa. Esta entidad, situada dentro de la órbita tanto de ERC como de CiU, también está estudiando la viabilidad legal de una propuesta de futura ley de consultas desde una óptica soberanista. Precisamente ayer los promotores del Cercle se reunieron con Juan José Ibarretxe para darle a conocer su trabajo.
Quien también trabaja con la vista puesta en las consultas populares es la misma PDD. Desde el pasado mes de abril está recogiendo firmas para que los parlamentos autonómicos de los Països Catalans reclamen al Estado español las competencias que les permitan convocar referéndums, incluido uno de autodeterminación.
El soberanismo catalán está removido, buena parte de la ciudadanía -aunque el diputado del PSC Joan Ferran asegurara que 6.900.000 catalanes no se manifestaron- está cansada de los recortes de Madrid y los partidos de ámbito catalán se disputan el liderazgo de las propuestas soberanistas.