La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ha ordenado al juez Baltasar Garzón que se retracte de la resolución del pasado 28 de abril, en la que rechazaba la petición de la AVT y de la asociación Dignidad y Justicia de suspender las actividades de EAE-ANV. Estos grupos interpusieron un recurso argumentando que Garzón no les hizo llegar los informes policiales existentes respecto a la formación ekintzale.

Este recurso fue admitido ayer por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal del tribunal especial español, que reprochó al juez que se hubiera «extralimitado» en sus funciones, y le instó a que, además de dar traslado de los informes policiales a los grupos demandantes, se retrotraiga al momento procesal del 28 de abril y que celebre una «vistilla» para analizar si procede suspender las actividades de ANV. En su auto, el tribunal, formado por los magistrados Fernando Bermúdez de la Fuente, Teresa Palacios y Ricardo Rodríguez, apunta que «no consta» que los informes policiales fueran remitidos a la AVT y Dignidad y Justicia -Garzón sostiene que se los entregó el 30 de abril- y considera que es «razón» para «declarar la nulidad de actuaciones, con revocación de los autos» emitidos por Garzón rechazando la suspensión de activida- des de la veterana formación abertzale.

Esta nueva maniobra de la Audiencia Nacional, al ordenar que se vuelva a abordar en sede judicial su posible exclusión de la actividad política, supone una vuelta de tuerca en el acoso que sufre ANV, acrecentado en las últimas jornadas.

Desde la Fiscalía, por su parte, anunciaron que recurrirán el auto de la Sección Cuarta al considerar que Garzón no incurrió en ninguna actuación que justifique la nulidad del auto recurrido por la AVT y Dignidad y Justicia, ya que «una nulidad se decreta únicamente cuando existe una infracción de ley importante, y éste no es el caso».

«No se ha logrado demostrar»

Garzón, al tener conocimiento de la actuación de la Sala de lo Penal, dictó otro auto en el que argumenta que la suspensión de actividades de ANV en este momento «perturbaría gravísimamente el resultado de la investigación» abierta en su contra. El juez instructor, en ese auto aclaratorio, rechaza celebrar las vistillas reclamadas por la AVT y Dignidad y Justicia, y argumenta que «la ley no impone al juez de instrucción las medidas a adoptar o que éstas tengan carácter imperativo en fase de instrucción». Señala, asimismo, que «una vez se alce el secreto» sobre la investigación se pondrá a disposición de las partes el resultado de las diligencias, y apunta que «existen múltiples diligencias acordadas para determinar la realidad que hoy día no se ha logrado demostrar por el recurrente y peticionarios de la medida».

«Se deben analizar los hechos, las diligencias y los datos que deben incorporarse al sumario y, sólo después, ser valorados por las partes para, en función de su resultado, solicitar lo que convenga a su derecho», agrega.

La maquinaria del Estado español contra el histórico partido abertzale, en cualquier caso, sigue plenamente activada en todas sus vertientes, y ayer la agencia Europa Press se refirió a un informe que la Policía española estaría elaborando sobre las actividades de ANV y que incluiría documentación incautada en los domicilios de varios mahaikides detenidos en octubre y en un local de Usurbil y que, siempre según esta agencia, «podrían impulsar de forma definitiva la suspensión» de las actividades de la formación.