El pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa fue escenario ayer del enésimo capítulo de la crisis abierta por las posiciones divergentes que mantiene el equipo de gobierno foral en relación al Impuesto de Sociedades. Los junteros jeltzales optaron por votar en contra del tipo general de 30% que se aprobara en la Comisión de Hacienda la pasada semana. Entonces el PNV se abstuvo, por lo que se daba por sentado que en la votación en pleno mantendría esa postura, permitiendo que el acuerdo de comisión saliera adelante con los votos de su socio y los del PSE. Esa imagen de acuerdo EA-PSE le podía resultar ciertamente incómoda al partido del diputado general, pero el equipo de Iñaki Galdos no parecía contar con un desaire como el vivido en el pleno.

La decisión del diputado general de forzar una nueva negociación, con la baza de utilizar el decreto foral para sacar adelante su tipo del 28%, recibía el inmediato elogio del Gobierno de Lakua, lo que disipa cualquier duda sobre en qué ámbito se ha tomado la decisión relativa a la rebaja concertada en las tres diputaciones del impuesto que grava los beneficios de las medianas y grandes empresas. El criterio acordado en el Organo de Coordinación Tributaria lleva camino de imponerse a la voluntad popular a la que representan -no a toda, porque no cabe obviar la ilegalización de la izquierda abertzale- los junteros guipuzcoanos, lo que presumiblemente relanzará el «debate de salón» sobre la limitación de la autonomía de las entidades forales.

Sin embargo, el debate que más debería interesar a la ciudadanía es el del modelo fiscal que impone el PNV, guste o no a sus socios -que tampoco dan visos de sentir una incomodidad tal que les lleve a cuestionar su permanencia en los cargos-, a la parte de Euskal Herria en la que gobierna. Como demuestra el aplauso de Adegi al «decretazo» de Olano, tal modelo pasa por tratar con guante de seda a los empresarios -los presupuestos del tripartito, que por cierto apoya el PSE, contemplan que dejen de pagar 632,1 millones en 2008-, mientras la mayor presión en impuestos directos se comcentra en el IRPF que pagan los trabajadores.