A última hora de la noche, Fernando Grande-Marlaska, el mismo juez de la Audiencia Nacional que el martes forzó la detención de quince jóvenes donostiarras en las escalinatas del tribunal especial al no retirar la orden de búsqueda y captura que pesaba en su contra, decretó el ingreso en prisión incondicional para ocho de ellos. Los siete restantes fueron enviados a la madrileña cárcel de Soto del Real, a la espera de que, a partir de las 9.30 de mañana, sean llevados a su despacho.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión incondicional para Aitor Olaizola, Oier Lorente, Adur Fernández, Beñat Apalategi, Imanol Bizente, Nahikari Otaegi, Ion Imanol Igal e Urko Labaka, a quienes acusa de «integración en banda armada por ser de Segi» y un «delito continuado de estragos» y otro de «daños terroristas». Los ocho jóvenes ingresaron anoche en la cárcel de Soto del Real.

Los siete restantes, ahora también encarcelados en la misma prisión madrileña -Mikel Bargas, Asier Mariezkurrena, Mireia Motxales, Iker Egido, Breogan Fernández, Igor Alvarez y Urko Pikaza-, serán llevados mañana, a partir de las nueve y media de la mañana, ante el magistrado.

El tribunal especial acogió la primera comparecencia pasadas las 13.oo, una vez que los jóvenes donostiarras llevaban ya más de 24 horas en manos de la Policía española en la comisaría central de Canillas, después de que fueran arrestados en las escalinatas de la Audiencia Nacional cuando acudieron a comparecer de forma voluntaria. Los abogados defensores de los donostiarras informaron a GARA, pasadas las 16.30, de que para entonces sólo habían pasado tres de los quince ante el juez, por lo que adelantaron que las comparecencias se retrasarían hasta bien entrada la tarde.

«Kale borroka», Segi...

Sin embargo, alrededor de las 19.00 se supo que Marlaska ya había acordado que ayer comparecerían solamente ocho de ellos -según indicó la agencia Efe, éstos se negaron a que les practicaran una prueba de ADN-, mientras que los restantes siete tendrían que ingresar en Soto del Real.

Los primeros jóvenes en comparecer fueron Aitor Olaizola, Oier Lorente, Adur Fernández y Beñat Apalategi, a los que siguieron después Urko Labaka, Imanol Vicente, Nahikari Otaegi y Ion Imanol Igal.

Contra todos los donostiarras pesaba una orden de búsqueda y captura en relación con el operativo que, a instancias del propio Marlaska, llevó a cabo la Policía española en la capital guipuzcoana entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre.

El magistrado del tribunal especial acusó a los quince jóvenes de estar relacionados con actos de kale borroka que se habrían registrado en los últimos meses y años en Donostia, mientras que la mayoría de medios de comunicación responsabilizaban a los arrestados también de ser militantes de la organización juvenil Segi, tildada de «terrorista» por la sentencia que en febrero pasado emitió el Tribunal Supremo.

En ese sentido, la Fiscalía española pidió anoche el ingreso en prisión para los ocho jóvenes que ayer comparecieron en la Audiencia Nacional. Una solicitud que el juez bilbaino hizo suya momentos después, al ordenar el encarcelamiento incondicional para todos ellos.

Más de veinte registros

Cabe recordar que el operativo desarrollado en la capital guipuzcoana comenzó en la madrugada del 29 de octubre con la detención de siete jóvenes -Mikel Arretxe, Peio Lamarka, Egoi Alberdi, Ekaitz Ibero, Unai Pérez, Jon Sardón y Julen Garmendia-. Solamente dos jóvenes recuperaron la libertad después de pasar cuatro días incomunicados en dependencias policiales.

Una semana más tarde, y mientras esos cinco jóvenes continuaban incomunicados en prisión -Marlaska ordenó ampliar el aislamiento para estos donostiarras cinco días más-, la Policía española irrumpía de nuevo en Donostia con intención de llevar a cabo un operativo más amplio que el precedente. Sin embargo, y a pesar de que realizaron cerca de una veintena de registros domiciliarios y de tres herriko tabernas, las FSE no dieron con el montante de jóvenes que pretendían arrestar. En esta ocasión fueron cuatro los detenidos -Ion Etxeberria, Martin Mendizabal, Ekaitz Ezkerra e Iñaki Coloma-, que días más tarde recuperaron la libertad. No obstante, dieron cuenta del trato degradante y vejatorio del que fueron objeto a manos de la Policía.

Tres de estos jóvenes comparecieron públicamente el martes junto a representantes de Torturaren Aurkako Taldea para exigir la derogación del periodo de incomunicación, como medida esencial para eliminar la práctica de la tortura. Es más, tras la rueda de prensa procedieron a presentar sendas denuncias por torturas en el Juzgado de Donostia.

Y el cuarto de los jóvenes liberados, Iñaki Coloma, también interpuso otra denuncia el pasado lunes en el mismo Juzgado de la capital guipuzcoana. Pero en esta ocasión denunció a las FSE por pedirle «colaboración». Coloma puso en conocimiento de los tribunales que ha recibido presiones policiales para «colaborar» bajo amenazas contra él y sus familiares.