El Tribunal Superior de Justicia británico declaró ayer visto para sentencia el recurso de apelación contra la extradición al Estado español de los vascos Iñigo Albisu, Zigor Ruiz y Ana López Monge, que fueran detenidos en Sheffield el pasado abril.

Un juez del Tribunal de Westminster, en el centro de la ciudad de Londres, ordenó el pasado día 17 de agosto la extradición al Estado español de los tres ciudadanos vascos, tras desestimar los argumentos presentados en su momento por la defensa. Sin embargo, la decisión judicial fue recurrida al argumentar los letrados de los jóvenes que se debería valorar el riesgo de torturas si los encarcelados eran entregados a las FSE españolas.

Se prevé que los jueces Andrew Collins y John Dyson emitan su veredicto sobre el recurso interpuesto una vez de que transcurra la Navidad, aunque todavía no hay una fecha concreta, según informaron ayer fuentes judiciales citadas por agencias.

Albisu, Ruiz y López Monge fueron detenidos en varios domicilios de Sheffield, en el transcurso de una operación que había sido coordinada entre los servicios de seguridad británicos y la Guardia Civil española.

Ante los jueces del Tribunal Superior, el abogado David Perry, en representación del Estado español, respondió ayer a los argumentos expuestos la víspera por la defensa de los imputados.

«Mutua confianza»

La vista se prolongó durante dos horas y media y Perry abordó los argumentos dados el martes por la defensa en relación con la «invalidez» de las euroórdenes.

Durante la sesión, en la que también intervino brevemente el abogado de la defensa, Richard Gordon, Perry incidió en que este sistema de órdenes de arresto europeo «se basa en la mutua confianza entre los países miembros».

La víspera, la defensa pidió a los magistrados que tuvieran en cuenta la «inexactitud» y la «poca claridad» que presentan las órdenes de arresto europeas, cursadas por la Audiencia Nacional española, en virtud de las cuales se produjeron las detenciones el pasado 23 de abril, toda vez que subrayó el hecho de que la acusación se basa en declaraciones «obtenidas en régimen de incomunicación y bajo malos tratos».